
La justicia avanza en el caso de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El próximo miércoles, 30 de abril, a las 11:30 de la mañana, el juzgado 049 penal del circuito con función de conocimiento llevará a cabo la audiencia de verificación del preacuerdo firmado por Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el conocimiento del Riesgo de la entidad.
La diligencia, que se desarrollará de manera virtual, busca la aprobación del acuerdo pactado entre Barreto Gantiva y la Fiscalía General de la Nación, en el que el exfuncionario aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y soborno . Como parte del preacuerdo, se estableció una pena de tres años, siete meses y 13 días de prisión, además de la devolución de $150 millones.
Barreto Gantiva es uno de los exfuncionarios involucrados en el millonario desfalco a la UNGRD, caso en el que también figura Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad y testigo clave en la investigación. Recientemente, Barreto fue señalado de intentar sobornar a Pinilla para que lo excluyera de su testimonio ante la justicia.
Además de aceptar su responsabilidad en el caso de corrupción relacionado con la contratación de carrotanques en La Guajira, Barreto Gantiva ha manifestado su disposición de colaborar con la justicia. Por esta razón, la Fiscalía decidió otorgarle un principio de oportunidad para que delate a otros implicados en el escándalo de la UNGRD.
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Una de las líneas de investigación en las que Gantiva aportaría información es sobre los presuntos beneficios que habría recibido el exdirector de la Función Pública, César Manrique, quien recientemente fue condenado a 10 años de prisión por su participación en otro caso de corrupción relacionado con la compra de motos eléctricas para la Policía Nacional cuando era funcionario en la Alcaldía de Gustavo Petro.
El preacuerdo hace parte de una serie de negociaciones que la Fiscalía viene adelantando con los implicados en el escándalo de corrupción, en un proceso liderado por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño.