Corrupción UNGRD: jueza no sabía que audiencia de Sandra Ortiz “era bastante grande”

La audiencia de imputación de cargos a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, programada para este 29 de noviembre de 2024, fue suspendida debido a problemas técnicos presentados por la jueza a cargo del caso. Según afirmó la funcionaria judicial, no fue informada de la magnitud del proceso que debía atender, lo cual influyó en su decisión de participar de manera virtual y no presencial.

La jueza explicó que el centro judicial de Paloquemao no le advirtió sobre la relevancia de la diligencia que tendría lugar, asegurando que "no le advirtieron que era una audiencia bastante grande”. Ante las dificultades técnicas que se presentaron durante la audiencia virtual, los abogados de las víctimas solicitaron que la funcionaria asistiera de manera presencial. Sin embargo, la jueza insistió en que no le fue posible desplazarse al recinto y señaló que los problemas técnicos impedían continuar con la audiencia.

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En consecuencia, la audiencia preliminar fue reprogramada para el 3 de diciembre, fecha en la que se espera que se pueda avanzar sin contratiempos técnicos.

Los cargos contra Sandra Ortiz

La Fiscalía General de la Nación imputó a Sandra Ortiz los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, en el marco de una investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ortiz es señalada de participar en un esquema ilícito que involucró el traslado de 3.000 millones de pesos hacia Iván Leonidas Náme Vázquez, expresidente del Senado, con el objetivo de garantizar beneficios políticos y económicos a través de fondos desviados de la entidad.

El modus operandi revelado por la Fiscalía detalla que Ortiz recibió dos entregas de dinero en efectivo, cada una por 1.500 millones de pesos, los días 12 y 13 de octubre de 2023. Estas sumas fueron presuntamente entregadas en vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRI). Los fondos ilícitos provenían de contratos fraudulentos y peculado por apropiación agravado, gestionados por otros altos funcionarios de la UNGRD, como Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez.

La Fiscalía también vinculó al caso al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, quien habría dado la orden a Ortiz de entregar los dineros ilícitos tanto a Iván Náme como al representante Andrés Calle. Según las investigaciones, estos actos reflejan un esquema de corrupción sistemático que involucra a diversas instituciones gubernamentales.

A pesar de que Ortiz no aceptó los cargos durante la imputación, la Fiscalía ha solicitado su detención preventiva mientras se desarrollan las investigaciones. La audiencia de medida de aseguramiento también fue aplazada para el 3 de diciembre debido a los problemas técnicos.