Contraloría le da palo a la política pública de seguridad vial

La Procuraduría hace un llamado al Gobierno nacional a diseñar e implementar las políticas de salud y seguridad vial, para que mejoren su articulación y para que prioricen la adopción de las acciones necesarias y suficientes que garanticen la pronta disminución de la alta siniestralidad vial en el país.

Durante los años 2022 y 2023, se presentaron las cifras más altas de accidentalidad vial en lo que va corrido del siglo XXI, superando las 8.600 víctimas, según las cifras reveladas por la Contraloría General, esta causa ocupa el octavo lugar de muerte general en la población en el país.

En el seguimiento a la política pública de seguridad vial, que realiza la Contraloría delegada para el Sector de Infraestructura, evidenciaron que los resultados obtenidos hasta ahora para alcanzar las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no son suficientes y están distantes de poderlas lograr en estos cuatro años.

Por otra parte, según explica el ente de control, al cumplirse 10 años de la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, aún no se cuenta con indicadores para el seguimiento de los lesionados sobrevivientes.

En el estudio realizado por la entidad, en el año 2023, determinó que las atenciones a las víctimas en el año 2022 superaron los $2.7 billones en costos. En total, fueron más de un millón de casos por atenciones en salud, incapacidad permanente, transporte, muerte y gastos funerarios.

La Contraloría General de la República reiteró la preocupación por la gran cantidad de población afectada en siniestros viales y sus impactos, los costos acarreados al sistema de seguridad social e impacto a la calidad de vida de las víctimas y sus familia.

En el 2023, 535 niñas, niños y adolescentes y 1.768 adultos mayores fallecieron en medio de eventos de accidentalidad en medios de transporte.