El Consejo de Estado confirmó la sanción fiscal, por más de 740 millones de pesos, que la Contraloría le impuso al exdirector de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura Mario Andrés Soto, por la aprobación de 14 contratos para la ejecución de uno de los convenios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
El exfuncionario pretendía, a través de una acción legal, la nulidad de la multa, que impuso el ente de control fiscal, al considerar que se produjo un detrimento patrimonial con su actuación, ya que, pese a que el señalado convenio estaba destinado a la tecnificación de los procesos productivos y la obtención de recursos para la transformación de las actividades agropecuarias en Colombia, como lo permitía la ley, se incluyó un objeto contractual distinto, la divulgación, difusión y promoción del programa AIS.
Para el organismo de control, el exdirector de Comercio y Financiamiento del Ministerio fue responsable de la gestión causante del detrimento patrimonial en la modalidad de culpa grave porque, como integrante del comité administrativo, autorizó la celebración de convenios entre el IICA y terceros ajenos al convenio, con propósitos que desbordaban el objeto contractual y eran distintos a los fines frente a los cuales fue aprobada la apropiación de los recursos.
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