El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dado un paso más en el caso que involucra al embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco, al rechazar los recursos de reposición y apelación presentados por los abogados del presidente Gustavo Petro y del diplomático.
La decisión, emitida por la magistrada ponente Claudia Elizabeth Lozzi Moreno el pasado 8 de febrero, deja claro que no se admite ningún recurso ordinario frente a este dictamen.
En un fallo de noviembre de 2023, se declaró la nulidad del decreto 0190 mediante el cual Ninco fue designado en su cargo. Ante esta situación, los abogados del presidente Petro y del embajador presentaron una solicitud de nulidad procesal, la cual fue rechazada de plano por la magistrada Lozzi Moreno.
Según lo establecido en la ley, esta decisión no puede ser objeto de recurso ordinario alguno.
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La justificación para rechazar los recursos de reposición y apelación radica en la improcedencia de los mismos, según explicó la magistrada. Esto significa que las demandantes del nombramiento de Ninco, Adriana Marcela Sánchez Yopasá y Mildred Tatiana Ramos Sánchez, han logrado una victoria en este proceso judicial al ver rechazados los recursos presentados por la defensa del presidente.
“Razón por la cual, este despacho le da la razón a la señora Adriana Marcela Sánchez Yopasá en su calidad de demandante y a la señora Mildred Tatiana Ramos Sánchez en calidad de coadyuvante de la parte demandante y rechazará por improcedentes los recursos de reposición y en subsidio de apelación presentados por el apoderado judicial del señor presidente de la República contra la providencia del ocho (8) de febrero de 2024″, dice la decisión.
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Una de las peticiones de las demandantes era imponer una multa contra el abogado defensor del presidente Petro, alegando dilación del proceso debido a la presentación de recursos improcedentes. Sin embargo, esta solicitud también fue negada por la magistrada, quien no encontró evidencia de una dilación injustificada en el proceso.
Ahora, la atención se centra en el Consejo de Estado, que deberá pronunciarse sobre los recursos presentados por los abogados del funcionario diplomático y del presidente de Colombia. La resolución del Tribunal Administrativo de Cundinamarca deja en claro que el caso sigue avanzando y que la decisión final recaerá en esta instancia superior.