
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dictó una condena de 10 años de cárcel a tres magistrados del Tribunal de Villavicencio por su implicación en actos de corrupción.
Los funcionarios judiciales fueron responsables de emitir decisiones que favorecieron a miembros de grupos paramilitares en la región, otorgándoles libertad o detención domiciliaria.
Las condenas para cada uno de los magistrados son las siguientes:
- Fausto Rubén Díaz Rodríguez recibirá 128 meses de prisión y deberá pagar una multa equivalente a 434 salarios mínimos, por incurrir en prevaricato agravado.
- Alcibíades Vargas Bautista será condenado a 120 meses de prisión y deberá abonar una multa de 306 salarios, por delitos de cohecho propio y prevaricato por acción.
- Joel Darío Trejos Londoño enfrentará la misma pena de 120 meses de prisión y la misma multa de 306 salarios, por los mismos cargos de cohecho propio y prevaricato.
Los fallos favorecieron a miembros de la “Oficina de Envigado”, como los conocidos 'Cesarín' y 'Bacalao', además de involucrar el caso denominado “Autorriling”. Este último hacía referencia a reuniones sociales y alojamiento en hoteles de lujo a cambio de favorecer a una pareja condenada por homicidio.

El expediente judicial, que contiene más de 400 páginas, detalla cómo los magistrados favorecieron a los criminales mediante la reducción intencionada de sus penas y el incumplimiento de los plazos legales, a cambio de sobornos.
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También se señala que estas acciones no fueron simples errores, sino decisiones deliberadas que contradecían la normativa y la jurisprudencia. El fallo resalta que, dada la experiencia de los acusados, no pudieron haber actuado sin conocimiento de la ilegalidad de sus acciones, lo que demuestra su intención de favorecer a ciertos terceros, y no de hacer justicia.