Este lunes, la sala especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicio dio a conocer el monto del fallo condenatorio contra el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, investigado por presunta corrupción al elector. La condena es de 5 años y 20 días de prisión. La Fiscalía había pedido al menos 75 meses de prisión para el gobernador Monsalvo.
La defensa de Monsalvo apelaría la decisión. El mandatario goza del beneficio de prisión domiciliaria.
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Según la justicia, el entonces candidato se comprometió por escrito con los representantes de unas 800 familias desplazadas por el conflicto armado que vivían en “Tierra Prometida”, un sitio de invasión en la ciudad de Valledupar, a evitar el desalojo del predio a cambio de votos que respaldaran su aspiración.
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Monsalvo Gnecco prometió el 16 de octubre de 2011 “mantenerlos quieta y pasivamente en el inmueble”, amparar “los derechos fundamentales a la vivienda digna” e “incluir a los invasores en los proyectos de construcción de viviendas dignas requeridas para el sector”.
“Luis Alberto Monsalvo Gnecco conocía que estaba prometiendo dádiva consistente en mantener la situación de invasión de quienes se encontraban en Tierra Prometida, a cambio de que estos ciudadanos habilitados para sufragar votaran por él”, detalló la Sala de Primera Instancia de la Corte en su fallo.
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De acuerdo con el alto tribunal, Monsalvo “estaba en capacidad de comprender que como candidato no podía prometer dádivas a cambio de votos que lo favorecieran en la elección de gobernador”, pues “no era la primera vez que se postulaba para cargos de elección popular”.
Por su parte, la Fiscalía General detalló en un comunicado que “demostró que Monsalvo Gnnecco se aprovechó de la necesidad de las comunidades vulnerables y pactó permitir que una condición contraria a la ley se prolongara para asegurar votos”.
Falsas promesas
Según la Corte, el gobernador no solo “formuló ofertas de solución de viviendas de aquellas que no se iban a cumplir”, sino que algunas “las ofreció bajo el supuesto de mantener las invasiones de esos predios ajenos”.
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“Los líderes firmantes del documento, ocupantes o invasores, eran hábiles para votar y, además de sus propios votos, comprometieron los de su comunidad”, explicó el tribunal.
La Corte conoció que ante el inminente desalojo de los ocupantes del predio, ordenado por las autoridades municipales en el asentamiento, estos hicieron una protesta en la que exigían, al ya gobernador Monsalvo, el cumplimiento las promesas que hizo a cambio de sus votos.
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Como respuesta a estas peticiones, el gobernador envió en junio de 2012 una carta al Ministro de Vivienda en la que solicitó apoyo nacional a un aparente proyecto de vivienda que se desarrollaría en el predio invadido y ofreció como financiación que la gobernación aportaría 5.000 millones de pesos (un poco más de 1,37 millones de dólares).
La justicia detalló que para el 16 de octubre de 2011, estaban en curso acciones legales ante las autoridades locales, ejercidas oportunamente por el dueño del inmueble en contra de los invasores, por lo cual consideró que “era imposible para el acusado comprometerse con la comunidad” a mantenerlos en los terrenos invadidos.
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