El pasado 19 de mayo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró que hubo una violación por parte del Estado colombiano en la investigación y actuación estatal sobre el homicidio de Adolfo Múnera.
El sindicalista, reconocido líder comunal y defensor de los derechos laborales fue asesinado el 31 de agosto del 2002, cuando un hombre se acercó a su casa y le disparó.
El homicida fue condenado a 17 años de prisión, pero nunca se condenó a los autores intelectuales ni se esclarecieron los motivos del crimen.
En 2015, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Centro Europa-Tercer Mundo, en representación de la familia de Adolfo Múnera,pidieron al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que analizara este caso.
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Después de cinco años de litigio, la ONU falló a favor de las víctimas y en contra del Estado Colombiano, porque consideró que “no ha sido evidente la puesta en marcha de acciones investigativas para señalar y condenar a quienes instigaron, convencieron, persuadieron u ordenaron esta conducta”.
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"Con esta decisión, la Fiscalía General de la Nación, que tiene cerrado el expediente de Múnera desde el año 2010, se ve obligada a reabrir la investigación y debe determinar quiénes son los autores intelectuales del homicidio", afirmó Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
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"Además, el Estado colombiano debe reparar a la familia Múnera y tiene un plazo de 180 días para informar al Comité de DD.HH. de la ONU los avances de la investigación", agregó Castañeda.
En reiteradas ocasiones, el sindicalista solicitó protección del Estado, pero esta nunca llegó de manera efectiva y adecuada, por el contrario, fue objeto de una investigación penal en su contra acusado infundadamente de pertenecer a grupos guerrilleros.
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