La JEP imputó a diez exintegrantes del Comando Conjunto de la extinta guerrilla de las Farc por casos de secuestro que se registraron durante el conflicto armado en Colombia.
Cabe recordar que el Comando Conjunto tenía presencia en departamentos como Tolima, Risaralda y en Quindío. Entre los imputados están ‘Onofre Camargo’; ‘Erick’ o ‘el Chivo’; ‘Olivo Saldaña’ y ‘Teófilo’.
"La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a 10 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de la extinta Farc-EP por crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos", explicó la JEP.
Los excombatientes que pertenecieron al Comando Conjunto respondieron a la imputación, todos aceptaron su responsabilidad por los casos de secuestro, pero se mantienen en la línea del mismo antiguo Secretariado de las Farc: dicen que no hubo esclavitud.
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"Esta defensa encuentra prudente continuar la línea que ya ha venido adelantando desde el Auto 244 de 2021, a partir de la cual se mantiene la tesis de la inexistencia de la esclavitud y el reconocimiento, desde el último Secretariado de las extintas Farc-EP, de trabajos forzados. La organización en su conjunto jamás buscó cosificar a las personas ni ejercer ninguno de los atributos del derecho de propiedad sobre su cuerpo. Por el contrario, los hechos correspondieron a las dinámicas territoriales, acordadas con las comunidades, donde los trabajos se impusieron como castigos, tal como lo señaló la magistratura", señalaron en sus observaciones ante la JEP.
Esta respuesta se da después de que la JEP considerara que algunos secuestrados fueron sometidos a trabajos forzados. Ante esto, una de las peticiones que hace la defensa de los comparecientes es sustituir el término de esclavitud.
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"Recalificar la imputación del crimen de lesa humanidad de esclavitud por trabajos forzados, atendiendo a los argumentos de la no configuración de los elementos subjetivos y contextuales del primero", señala el documento.
Por otro lado, los comparecientes han asegurado que en algunos casos de violencia sexual no hay responsabilidad por omisión de los superiores, pues algunos de estos casos no eran de conocimientos de los máximos responsables, por lo que no podían ser sancionados.
"Si bien se encontró que la existencia de la responsabilidad de mando respecto de crímenes relacionados con violencia sexual no se configuró en la mayoría de los comparecientes, se encuentra necesario tener presente la posible configuración de múltiples acciones, en este territorio y en los demás, donde los superiores no hubieren logrado tener información que permitiera conocer que se estaban cometiendo o se habían cometido múltiples hechos, y, por ende, no hubiera tenido las herramientas necesarias para reprimir o castigar lo sucedido, eliminándose entonces la constitución de una responsabilidad basada en la omisión de control de unos subordinados que actuaron irremediablemente en contra de las políticas de la organización, de manera tal que no hubiere existido forma alguna de evidenciar la ejecución de tales hechos"
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