La nueva superintendente de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, reveló que ya hay unos “indicios graves” alrededor de la investigación que adelanta la entidad sobre un presunto carrusel de contratación en el manejo de vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según describió en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, ya han realizado visitas a algunas empresas involucradas y recolectado “material probatorio”.
“Acá estamos tomando una medida cautelar en una investigación preliminar. La investigación continúa más adelante. De hecho, la semana pasada tuvimos visitas a estas empresas, recolectamos mucho material probatorio que se debe tener un tiempo para decantar, para evaluarlo, para mirar qué otras pruebas encontramos allí y ya en el curso de una investigación con las debidas garantías. También para, pues para los intervenidos y para las personas que están investigadas, se determinará qué ocurre con esa investigación. Aquí lo que hay es indicios graves que nos permiten tomar la medida cautelar y sobre todo el riesgo de que si no la tomamos, la conducta puede ser mucho más gravosa”, indicó.
Sobre este caso ya se tomaron medidas, según explicó Rusinque . La funcionaria señaló que “se trató de una medida cautelar” que “se tomó como autoridad nacional” contra los “proponentes que han venido participando en los procesos de selección para arrendamiento de vehículos blindados en la UNP”.
“Para tomar esta medida se evaluó el material probatorio, se estudiaron los procesos que se venían adelantando desde el 2017 para el arrendamiento de estos vehículos y, sobre esta base, se concluyó que los proponentes en el curso de estos procesos ejecutaron al menos dos conductas que podrían ser ilegales y constitutivas de unas prácticas restrictivas de la competencia, que son, principalmente, haberse repartido sistemáticamente en 90 zonas en las que fueron dividido estos procesos de selección, de manera presentarse como únicos proponentes y así resultar favorecidas con la adjudicación de los contratos”, explicó.
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Conductas “ilegales” en acuerdo
La superintendente Cielo Rusinque contó que, por ejemplo, los hoy señalados recurrieron a la práctica de “apagar los vehículos en cursos sin previo aviso de los protegidos”, algo que afectó, principalmente, en el último tiempo a los magistrados de la JEP.
Para eso, añadió, dichas empresas o “algunas de ellas”, habrían desarrollado vías de hecho. Es decir, “acciones encaminadas a forzar a los miembros de ese acuerdo que allí se refleja de coordinación para poderse mantener en la ejecución de esta conducta ilegal”.
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Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
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