La audiencia de formulación de imputación contra el mayor Duván Muñoz y el capitán Óscar Mojica, oficiales de la Policía Nacional acusados de presuntas interceptaciones ilegales a Marelbys Meza
en febrero de 2023, quedó en suspenso luego de que la juez 56 penal municipal de control de garantías se declarara incompetente para conocer el caso. Ahora, la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre qué jurisdicción deberá adelantar el proceso.
La Fiscalía tenía todo listo para imputar a los dos oficiales cinco delitos relacionados con las interceptaciones ilegales a Meza, exniñera del hijo de la canciller Laura Sarabia.
Estas supuestas interceptaciones ilegales se habrían llevado a cabo por la desaparición de una suma de dinero en la residencia de la alta funcionaria del Gobierno Petro.
Los delitos que la Fiscalía pretendía imputar a los oficiales son:
- Fraude procesal
- Falsedad ideológica en documento público
- Falsedad material en documento público
- Interceptación ilegal de comunicaciones
- Abuso de autoridad
Según la tesis del ente acusador, Muñoz y Mojica habrían trabajado en conjunto con otros dos policías ya condenados por los mismos hechos: Dana Canizales y Alfonso Quinchanegua, quienes aceptaron cargos. El objetivo de la supuesta maniobra ilegal habría sido interceptar las comunicaciones de Meza para determinar si estuvo involucrada en el robo del dinero.
En el marco de este proceso, Dana Canizales ha manifestado su intención de colaborar con la justicia. La Fiscalía acordó con ella un principio de oportunidad, figura que le otorgaría beneficios penales a cambio de información relevante sobre otras conductas punibles. Sin embargo, un juez negó la solicitud al considerar que no se cumplían ciertos requisitos. Ahora, el acuerdo deberá ser presentado nuevamente con los ajustes correspondientes para su posible aprobación.
Otro proceso contra Duván Muñoz también está en la Corte Constitucional
Este no es el único proceso que involucra al mayor Duván Muñoz en el alto tribunal. En otro expediente, también en manos de la Corte Constitucional, se investiga si la jurisdicción competente para juzgarlo debe ser la justicia penal militar o la justicia ordinaria. En ese caso, Muñoz es señalado por presuntas intimidaciones tras practicarle una prueba de polígrafo de manera irregular. Se espera que este proceso tenga una decisión en el primer semestre del año.
En cuanto al radicado sobre las chuzadas a Marelbys Meza, la Corte Constitucional podría dar una respuesta en un plazo aproximado de seis meses.