La Procuraduría General de la Nación sancionó a tres exfuncionarios del Ministerio de las TIC y a dos contratistas por irregularidades en la etapa precontractual y en la ejecución del contrato estatal suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados 2020, con el que se pretendía conectar con el servicio de internet a más de 7.000 comunidades rurales por un valor del contrato por $1.072.552.301.475.
Las personas que fueron sancionados en primera instancia fueron, la exsubdirectora de Gestión Contractual del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez; el exdirector de Infraestructura del MinTIC, Camilo Alberto Jiménez Santofimio; y la exsecretaria General del MinTIC, Adriana Vanessa Meza Consuegra.
Asimismo, los contratistas sancionados por el órgano disciplinario fueron, el exrepresentante legal de la Unión Temporal Centros Poblados 2020, Luis Fernando Duque Torres; y la exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, Paola Andrea Izquierdo Rivera.
La exsubdirectora de Gestión Contractual del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez, fue destituida e inhabilitada por nueve años y un mes por no verificar, antes de dar su aprobación, las garantías de cumplimiento del contrato que presentó la Unión Temporal y que resultaron ser falsas. La Procuraduría calificó su falta gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental.
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Otra de las personas que fue sancionada por la Procuraduría fue el exdirector de Infraestructura del Ministerio de las TIC y quien se encargó de la estructuración de la licitación, Camilo Alberto Jiménez Santofimio, quien fue suspendido nueve meses por permitir que se modificara la licitación.
Así mismo el Ministerio Público suspendió por cinco meses a la exsecretaria general del Ministerio de las TIC y delegataria de la contratación, Adriana Vanessa Meza Consuegra, quien fue la persona presuntamente de incluir una cláusula con la figura del amigable componedor en el pliego de condiciones de la licitación, sin haber sido aprobada por el Comité de Conciliación. Para el ministerio Publico la exfuncionaria del ministerio cometió una falta gravísima a título de culpa grave.
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En el caso del exrepresentante legal de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, Luis Fernando Duque Torres, también recibió una sanción por presuntamente incurrir en el delito de falsedad en documento privado al firmar y utilizar ante el Ministerio de las TIC las garantías de cumplimiento del contrato, sabiendo que estas habían sido falsificadas, también fue multado con 90 Salarios Mínimos Legales Vigentes a (SMLV).
Finalmente, Paola Andrea Izquierdo Rivera, exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, quien ejerció la interventoría, fue multada con 50 SMLV equivalente para la época a $45.426.300, al igual que una inhabilitad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este durante 11 años, por omitir la verificación y validación del cumplimiento de requisitos para la realización del primer Comité Fiduciario en el que se autorizó la utilización y pago del anticipo por valor superior a 70 mil millones de pesos.
La Procuraduría en su fallo indicó que remitirá copias de este fallo a la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y la Agencia Nacional de Contratación a fin de que adelanten las investigaciones respectivas.
Es de señalar que los involucrados presentaron el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia y serán resueltos por la Sala Ordinaria de Juzgamiento.
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