La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra los tres presuntos responsables en las irregularidades del contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) con la Unión Temporal Centros Poblados. Contrato que tenía como objetivo llevar el servicio de internet a los colegios en diferentes zonas rurales del país.
El documento expedido por el ente acusador, señala a los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres; además del representante de Rave agencia de seguros, Juan José Laverde.
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Estas tres personas serían los responsables de los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.
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Según el material probatorio, Lascarro, Cáceres y Laverde habrían participado en la construcción ilegal de la unión temporal, además de la fabricación de las pólizas falsas con las que respaldaron el contrato.
El documento también señala que una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción determinó que del anticipo de los 70.000 millones de pesos, "algunos dineros habrían sido entregados a los representantes de las empresas que prestaron sus nombres y experiencia para constituir la unión temporal Centros Poblados, pagar honorarios de abogados y dádivas a intermediarios, y comprar obras de arte, vehículos de gama alta, apartamentos, pasajes aéreos, entre otros gastos personales".
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