En total, son seis puntos en los que Olmedo López, imputado por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), solicita a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia revisar una serie de graves irregularidades en el proceso y la pérdida de evidencia clave.
López menciona un supuesto soborno de 13.000 millones de pesos: “Hemos sido objeto de intentos de soborno, los cuales denunciamos de manera inmediata, pero no ha pasado nada; los máximos responsables siguen impunes”, afirmó.
Además, destacó la pérdida de pruebas, como los discos duros y las memorias de los computadores de la Casa de Nariño, en específico del computador de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, e incluso la desaparición de 69 cajas de la UNGRD que contenían información contractual.
Por otro lado, Olmedo López expresó que la filtración de su declaración en contra de los congresistas Iván Name y Andrés Calle lo ha expuesto aún más: “Esta falta de control sobre información sensible es una afrenta no solo contra mí, sino contra todo el sistema de justicia que debe proteger a quienes colaboran con la verdad”, manifestó.
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Asimismo, se refirió a su principio de oportunidad, que aún está pendiente, y a su derecho a guardar silencio en las diligencias a las que sea citado por este alto tribunal.
El implicado en el escándalo de corrupción relacionado con los carrotanques para suministrar agua potable en el departamento de La Guajira solicita a la Corte Suprema de Justicia que tome las medidas necesarias para regularizar su situación jurídica y garantizar su seguridad cuando sea llamado a declarar en calidad de testigo.
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