Una década después del ataque con ácido contra Natalia Ponce de León en Bogotá, se abre la posibilidad de que la defensa de Jonathan Vega solicite su libertad condicional, luego de haber sido condenado a 21 años y diez meses de prisión por el crimen en el año 2014.
Mientras algunos señalan la posibilidad legal que le otorgan las redenciones por estudio y el tiempo cumplido en prisión, otros cuestionan su falta de participación en programas de rehabilitación y su persistente negativa a asistir a citas con psicólogos, según revelaciones de Alexandra Vargas, coordinadora del grupo Penitenciario del Inpec.
“No ha cumplido con el plan de tratamiento, se le asignó asistencia psicológica individual y no asistió. También dos programas que tienen que ver con cadena de vida, con el objetivo de estos programas en generación de valores. Él también estaba en actividad educativas, educación para el trabajo, pero en casi todo un año no ha asistido a la actividad”, informó Vargas.
A pesar de haber acumulado redenciones por estudio, Vega no ha cumplido satisfactoriamente con el plan de tratamiento penitenciario diseñado para él, según informes del Inpec. Esta situación ha resultado en la negativa de su solicitud de traslado a un pabellón de mínima seguridad en la cárcel de La Picota, lo que le impediría acceder a ciertos beneficios carcelarios.
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En caso de que un juez revise el caso, el Inpec explicó cuáles serían los documentos que serían requeridos para estudiar si se concede o no la libertad condicional.
“Nos solicitarán documentos como los certificados de redención, los certificados de trabajo y enseñanza; muy seguramente solicitarán el certificado de conducta y algunos jueces lo hacen, no todos lo solicitan, el informe psicosocial, que es el concepto integral que nosotros damos. Con base en eso, el juez estudia si le da la condicional o no”, afirmó Vargas.
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