Avanza en Cartagena la judicialización de los cinco capturados por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El homicidio ocurrió el pasado 10 de mayo en la isla de Barú cuando el funcionario disfrutaba de la luna de miel al lado de su esposa.
El juez 12 Penal Municipal con funciones de control de garantías legalizó la captura por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, de los cinco procesados durante el inicio de las audiencias concentradas que se llevaron a cabo en el centro de servicios judiciales de la capital de Bolívar la noche de este viernes.
Para el juez, se dio cumplimiento de la norma durante los procedimientos de captura, registro y allanamiento y la Fiscalía mostró suficiente material probatorio que vincula a los procesados en el homicidio del fiscal paraguayo.
Durante la audiencia, que, aunque abierta al público restringió los rostros del fiscal y el juez y los representantes del Ministerio Público por seguridad, se revelaron detalles de la forma en la que operó este grupo de personas, cuatro hombres y una mujer, para llevar a cabo el plan que acabó con la vida de Pecci y el rol que cumplió cada uno.
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De acuerdo a la Fiscalía, Wender Still Scoth Carillo, venezolano de 31 años, fue quien disparó en contra del fiscal Pecci; Eiverson Zabaleta Arrieta, cartagenero de 23 años, tuvo a su cargo el transporte; Francisco Luis Correa, de 43 años, actúo como coordinador y articulador; y María Isabel Londoño, de 43 años; y Cristian Camilo Monsalve, de 24 años, quien además son madre e hijo, habrían sido los ‘marcadores’, es decir encargados de hacer estricto seguimiento al fiscal y su esposa durante su paso por Cartagena.
“Dentro de esta investigación se obtuvo información relevante para establecer que estas dos personas –los dos sujetos que llegaron hasta donde se encontraba el fiscal a bordo de una moto acuática-no actuaron solos, sino también con la coautoría de otras personas, algunos que actuaron haciéndole seguimiento a la víctima y otro que fungió como articulador, y financiero dentro de esta investigación, es así que la Fiscalía logró obtener las cinco ordenes de capturas de los indiciados”, detalló el fiscal.
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El representante del ente acusador además señaló que el pasado 2 de junio una fuente humana desde la ciudad de Cartagena reveló la ubicación de todos los procesados, lo que permitió su posterior captura en los barrios El Robledo y urbanización Arroyo de los Bernal en la ciudad de Medellín.
“El día de ayer (2 de junio) en la ciudad se tuvo información sobre la posible ubicación donde se encontraban estas personas, razón por el cual ese mismo día a las 7:00 de la noche se profiere una orden de registro y allanamiento con fines de captura y con fines de obtener elementos material probatorios para coadyuvar a los elementos que ya se han obtenidos en esta investigación”, precisó.
Durante las capturas fueron incautadas armas, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, seis millones de pesos en efectivo, entre otros elementos.
La defensa de los cinco procesados la asumió un defensor público, quien confirmó durante su intervención que los procedimientos de captura se encontraron en el marco de la ley.
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Juez denunció amenazas de muerte
En medio de la audiencia el juez 12 Penal Municipal denunció que uno de los procesados lanzó amenazas de muerte en contra de los funcionarios judiciales que participaron de la diligencia, por lo que solicitó a las autoridades competentes tomar medidas para garantizar su seguridad.
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“Finalmente este despacho quiere dejar una constancia dentro de las actuaciones y es que por parte de unos de los procesados se han hecho manifestaciones amenazantes en contra de los funcionarios que celebran esta actuación, precisamente indicando esa posibilidad de hallar en cualquier lugar de la república de Colombia con el fin de dar muerte”, señaló.
Las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento se llevarán a cabo este lunes 6 de junio a partir de las 8:30 de la mañana, y mientras tanto los procesados permanecerán fuertemente custodiados en el bunker de la Fiscalía, ubicado en el barrio Crespo, a donde fueron traslados a su llegada a la ciudad de Cartagena.
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