El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuatro informes en que documentó más de 17.852 víctimas de crímenes de Estado, en los cuales tendrían responsabilidad 2.909 funcionarios de la fuerza pública.
Los uniformados estarían implicados en más de 7.000 casos de asesinato, 3.965 detenciones arbitrarias, 2.782 tortitas y 1.170 desapariciones forzadas.
Entre estos hay 31 mayores, 10 generales, 42 sargentos, 32 coroneles, 89 tenientes, 16 comandantes y 451 soldados, además de 856 agentes de la Policía, entre otros cientos de uniformados y funcionarios, incluyendo ocho alcaldes.
El informe hace una mención especial a crímenes cometidos en la comuna 13 de Medellín, entre los años 2001 y 2003, en que hay implicados 600 agentes de la Policía que participaron en asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y allanamientos, delitos de los cuales fueron víctimas 784 personas.
Otros delitos se presentaron en el Meta, Guaviare, Magdalena medio, nordeste antioqueño, Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar y el sur del Cesar.
Finalmente, el Movice entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz información de 1.170 casos de personas desaparecidas por el Estado.
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