En la cárcel de Guaduas, Cundinamarca, se venían presentando fallas en el suministro de agua desde el pasado mes de mayo, sin embargo, desde el 7 de junio el servicio fue suspendido totalmente. La situación afectó a 3.000 personas incluidos detenidos, personal administrativo y de custodia.
La crisis sanitaria fue generada por un daño en el sistema de suministro de agua potable que no se solucionó por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC.
“Hacemos un llamado a la USPEC para buscar soluciones definitivas a esta problemática y evitar que se repitan vulneraciones en el acceso al derecho al agua por parte de las personas privadas de la libertad y los funcionarios de la cárcel de Guaduas. Es necesario que se aseguren las condiciones mínimas para la vida en reclusión, en este caso mediante el acceso adecuado al derecho al agua”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
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Debido a la falta de agua, los privados de la libertad permanecen en espacios que no cuentan con limpieza y soportan malos olores. Estas condiciones generan riesgo de enfermedades en la centro carcelario.
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“El defensor dio instrucciones a la Defensoría delegada para la política criminal y penitenciaria y la Defensoría Regional Cundinamarca, para que continúen con el seguimiento a la evolución de esta problemática e instalen una mesa de trabajo conjunta con la USPEC y las demás autoridades competentes para asegurar los derechos humanos de la población privada de la libertad”, indicó la entidad.
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