Un juez dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra el secretario de Educación departamental, Dagoberto Barraza, el funcionario de esa dependencia Emil Armando Pacheco y los contratistas Félix Enrique Barrios y Uriel Eduardo Reyes. Esto, por el presunto desfalco cometido en el PAE en 20 colegios oficiales del Atlántico.
El juez Delio Iván Nieto consideró que había inferencia razonable del delito y pidió a la Fiscalía investigar más a fondo las relaciones de grupos políticos con la contratación del PAE.
Según el juez, no tuvieron en cuenta que Nutrir del Atlántico, empresa contratista,no tenía la capacidad para cumplir con la alimentación escolar, por lo que "hace pensar en un interés debido en la celebración de contratos".
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También explicó que la Fundación Rey de Reyes, otro contratista, estuvo en tres uniones temporales, pese a que en el primer contrato que le adjudicaron ya se habían advertido fallas en la prestación del servicio.
La Fiscalía encontró planillas irregulares con firmas falsificadas de los rectores y estudiantes inexistentes, con las que se cobraron millonarias sumas por concepto de alimentación para los niños. La defraudación supera los 3.500 millones de pesos.
También se estableció que, detrás de estos contratos, se encuentra Alejandro Hernández Vidal, considerado el zar del PAE en la región, quien huye de la justicia.
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Esta persona sería el nexo entre las administraciones y los grupos políticos, y su modus operandi para obtener los contratos se fundamenta en la compra y venta de fundaciones.