En la noche de este 14 de diciembre fue capturado el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, por orden de la Corte Suprema de Justicia.
El político deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
El senador Ciro Ramírez es capturado por orden de la SalaDeInstrucción de la Corte Suprema para cumplir medida de aseguramiento en centro de reclusión en desarrollo del proceso en su contra por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos
De acuerdo con la información preliminar, el congresista deberá estar en una cárcel mientras avanza el proceso en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
Cabe recordar que hace un mes la Procuraduría había abierto una indagación previa en contra de Ciro por su presunta participación en una red de corrupción que relaciona más de 15 contratos en Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022.
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Esa indagación se suma también a la decisión de la Fiscalía de haber compulsado copias para que la Corte Suprema de Justicia iniciara su propia investigación tras varias denuncias de una de las integrantes de Unidad de Trabajo Legislativo y un contratista.
Se trata de Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Ciro Ramírez, y del contratista Anderson González González, a quienes una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
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En 2021, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’ suscribieron el contrato interadministrativo N°670 de 2021, por 48.660 millones de pesos, y ‘Proyecta Quindío’ se encargó de viabilizar 27 proyectos de obra, con sus respectivas consultorías. Según la Fiscalía, aprovechó su régimen de contratación exceptuado y de manera indebida seleccionó contratistas e interventores, previamente referenciados por los cabecillas de la red criminal.
Para la Fiscalía, Karen Rivera Bohórquez, en su rol de enlace con un senador, se comunicó con algunos funcionarios del DPS y ‘Proyecta Quindío’ para coordinar y direccionar los lineamientos de designación en 15 contratos de obra e interventoría, 11 de los cuales habrían sido adjudicados de forma directa e irregular a González y a algunas de las empresas en las que tenía participación.
Al parecer, por ese favorecimiento acordó el pago de 1.000 millones de pesos, que iban dirigidos al máximo articulador del entramado de corrupción y a otras personas que intervinieron.
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