La Corte Constitucional programó una audiencia pública para el próximo 7 de octubre con el fin de analizar si es necesario cambiar la forma en que se comercializa el aguardiente en Colombia.
Esta decisión surgió a raíz de una demanda contra la ley que otorga a los departamentos el monopolio de la producción de licores, ya sea de manera directa o mediante contratos con terceros.
La norma demandada establece una protección especial para el aguardiente colombiano, permitiendo a los departamentos que ejercen el monopolio de su producción suspender la expedición de permisos para la introducción de aguardiente, ya sea nacional o extranjero, en sus respectivas jurisdicciones.
Sin embargo, dicha suspensión tiene un límite máximo de seis años y solo se puede aplicar si se considera que el producto representa una amenaza de daño.
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El objetivo de la Corte es determinar cómo se debe proceder en relación con el monopolio rentístico y el recaudo fiscal que proviene de la producción y venta de aguardiente.
La revisión de esta norma es de suma importancia, ya que podría tener un impacto directo en el mercado de licores, especialmente en el segmento del aguardiente.
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En caso de que la Corte decida eliminar esta norma, los departamentos perderían la capacidad de restringir la introducción de otras marcas de aguardiente, lo que abriría el mercado a nuevas opciones tanto nacionales como extranjeras. Esto podría representar un cambio significativo en la comercialización de este licor tradicional en el país.
La audiencia pública del 7 de octubre será clave para definir el futuro de la regulación del aguardiente en Colombia y determinar si el monopolio departamental sobre su producción y comercialización debe mantenerse o abrirse a nuevas dinámicas de mercado.
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