La Corte Constitucional
programó una audiencia pública para el próximo 7 de octubre con el fin de analizar si es necesario cambiar la forma en que se comercializa el aguardiente en Colombia.
Esta decisión surgió a raíz de una demanda contra la ley que otorga a los departamentos el monopolio de la producción de licores, ya sea de manera directa o mediante contratos con terceros.
La norma demandada establece una protección especial para el aguardiente colombiano, permitiendo a los departamentos que ejercen el monopolio de su producción suspender la expedición de permisos para la introducción de aguardiente, ya sea nacional o extranjero, en sus respectivas jurisdicciones.
Sin embargo, dicha suspensión tiene un límite máximo de seis años y solo se puede aplicar si se considera que el producto representa una amenaza de daño.
El objetivo de la Corte es determinar cómo se debe proceder en relación con el monopolio rentístico y el recaudo fiscal que proviene de la producción y venta de aguardiente.
La revisión de esta norma es de suma importancia, ya que podría tener un impacto directo en el mercado de licores, especialmente en el segmento del aguardiente.
En caso de que la Corte decida eliminar esta norma, los departamentos perderían la capacidad de restringir la introducción de otras marcas de aguardiente, lo que abriría el mercado a nuevas opciones tanto nacionales como extranjeras. Esto podría representar un cambio significativo en la comercialización de este licor tradicional en el país.
La audiencia pública del 7 de octubre será clave para definir el futuro de la regulación del aguardiente en Colombia y determinar si el monopolio departamental sobre su producción y comercialización debe mantenerse o abrirse a nuevas dinámicas de mercado.
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