Así trabaja la unidad que ayuda a resolver delitos contra animales en Medellín

Hace un mes, la terrible muerte de un perro a machetazos conmocionó a habitantes del barrio Castilla en Medellín y a la opinión pública luego de que el caso fuera difundido en redes sociales. Las cruentas imágenes llegaron a manos de la única unidad de medicina veterinaria forense existente en el país, que comenzó la investigación por este caso para encontrar elementos que contribuyan a la judicialización del victimario, hoy prófugo.

El crimen quedó en evidencia en el video, pero luego, en una intervención forense que tardó ocho horas, se analizaron detalles que se escapaban a la mirada superficial del registro.

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“Lo que hacemos es justificar, primero, que haya sido en los tiempos que, se presume, sucedió el delito, porque el video no tiene fecha y puede ser una falsa información. Lo que hacemos es confirmar que, efectivamente, la cronología del video y los hallazgos sobre el cadáver coinciden y no solo eso, sino que también aportamos información relevante de lo que no se ve en el video, por ejemplo, las lesiones que el animal ha tenido días, semanas o años antes que sucediera este trágico desenlace”, explicó Julio César Aguirre, médico veterinario y fundador de la organización Medicina Veterinaria Forense de Colombia, que opera desde Uniremington.

En el caso del perro Zeús las pesquisas continúan y también se elaboró un perfil criminalístico de quien acabó con su vida y que podría aportar a la sanción judicial.

“Vemos que el perfil de la persona que realiza el acto violento tiene altísimo riesgo de reproducirse no solamente con otros animales sino también hacia otras personas. Esto le puede dar una aproximación al juez o al inspector de policía sobre cómo pueden tasar el daño y sobre todo si hay animales, niños o mujeres en riesgo en el entorno cercano al animal que puedan tomar medidas de protección”, agregó.

Por la preocupación que despertó el caso, un grupo conformado por expertos de la unidad veterinaria forense junto con miembros de la Policía Ambiental y su escuadrón anticrueldad recopiló testimonios para obtener más datos del victimario, con lo que ya se logró su plena identificación y otras pruebas.

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“Según la ley 1774, estas conductas son de conocimiento de la Fiscalía porque tienen penas que van hasta tres años o con los agravantes aún más. Lo que queremos es primero información disponible y luego buscar una captura por el tema de maltrato animal. Tenemos evidencias e identidad de la persona y otros datos que serán importantes para tasar la sanción”, indicó.

Esclarecimiento de muertes de fauna silvestre y otras especies

Al ser el único grupo dedicado a la investigación de este tipo de delitos y maltrato de animales se les ha asignado el análisis forense de la muerte de especies en peligro de extinción, como ocurrió con un oso andino sacrificado en Saravena, Arauca, o el caso de un cóndor que fue encontrado muerto en Ecuador.

“El cóndor analizado en Colombia fue fuente de información muy importante para determinar otras formas de perpetrarse crímenes contra el medio ambiente dentro de lo que llamamos criminología verde”, señaló.

Diariamente, esta unidad recibe en promedio seis casos que no solamente son de decesos de animales, pues también se investigan hechos de maltrato en general o incluso, casos de negligencia médica.

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Veinte personas forman parte de este grupo en actividades de tanatología y tanatopraxia, imagenología forense veterinaria y medicina veterinaria.