Así se lavaron los dineros del narcotráfico de Drogas la Rebaja

En el documento de 130 páginas, conocido por Blu Radio, en el que el juzgado primero especializado de Bogotá condena a nueve años de prisión a hijos y allegados de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela por el delito de receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales, por lavar dineros producto del narcotráfico a través de Droguerías la Rebaja, se explica cuáles fueron los movimientos de dineros para darles apariencia de legalidad.

Por otro lado, se estableció que Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela cedieron Drogas la Rebaja en 1990 a sus hijos, hermanos y sobrinos, por la suma de 34 millones de pesos, quienes, a la postre, incrementaron el capital de la empresa en 132 millones de pesos, sin justificar la fuente de los recursos.

Luego, en 1996, casi seis años después, los familiares de los Rodríguez Orejuela decidieron vender Drogas la Rebaja a la cooperativa ‘Coopservir’, conformada en 1995 por trabajadores de la empresa con el fin de evitar la liquidación.

Ahí fue cuando entraron montos mayores. La negociación se hizo por 35.000 millones de pesos y comprendió la venta de 344 establecimientos de comercio o sucursales de las droguerías, una oficina en Cali y dos centros médicos: uno en Cali y otro en Popayán.

La negociación se efectuó sin ningún pago, todo fue a crédito y nunca justificaron cómo los trabajadores de Drogas la Rebaja lograron comprar la empresa en la que trabajaron casi un año después de que capturaran por narcotráfico a sus dueños.

El ente acusador logró demostrar en los estrados judiciales que la compra y venta de las droguerías fue una fachada para que los antiguos dueños siguieran manejando la empresa y acumulando recursos.

“La forma como se verificaron las compraventas por parte de la cooperativa como ‘Coopservir’ y las circunstancias que mediaron en esos contratos permitieron inferir que los antiguos dueños continuaron con el manejo de la empresa y el cúmulo de recursos que manejaron en la negociación, más que tratar de dar apariencia a capital es fruto de actividades ilícitas que se inyectaron a la empresa, pues a diferencia entre los valores de la sesión en 1990 y los valores en el año 1996 fue desproporcionada y en todo caso sin sustento”, dice el documento.

El modus operandi del caso fueron las cesiones, ventas y traspasos que se hicieron entre personas naturales y personas jurídicas todas ligadas directa o indirectamente a Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y a su familia. Dice la Fiscalía, que esto permite deducir que estos mantuvieron siempre el control y manejo de las empresas que a su vez fueron financiados con dineros producto de sus actividades ilícitas.

Por tal razón, la Fiscalía los acusó a Jaime Rodríguez Mondragón, María Teresa Quazua Espinel, Amparo Arbeláez Pardo, María Fernanda Rodríguez Arbeláez, Juan Miguel Rodríguez Arbeláez, Julio César Muñoz Cortés, Juan Carlos Muñoz Rodríguez y Rafael Guillermo Arjona Alvarado de receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales, pues, según los funcionarios judiciales, todos los miembros del círculo familiar de los Rodríguez eran conscientes del origen ilegal del patrimonio de sus mentores.

Hay que decir que la investigación se originó porque el 26 de marzo de 1999 entidades financieras reportaron movimientos muy elevados de dinero por parte de la ‘Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Solidaria’, movimientos que entre noviembre de 1997 y 1998 sumaron 26.000 millones de pesos sin que se encontraran debidamente justificados. Por el contrario, se estableció que la representante legal era María Teresa Quazua, una de las condenadas, y contaba con diferentes cuentas en diferentes ciudades como Cali, Barranquilla y Bogotá.

Las investigaciones arrojaron que María Teresa suscribió nueve contratos de mandato en la entidad que representaba y fue una de las que participó en las compraventas de las droguerías.