Ante la JEP, Pastor Alape negó violación de niñas, fusilamiento de menores y abortos

En la Jurisdicción Especial para la Paz reposan alrededor de 8.000 registros de casos de reclutamiento armado de niños y niñas, una recopilación de testimonios entregados por víctimas, por entidades como la Fiscalía y diversas fuentes.

Iniciaron las comparecencias, el primero en presentarse ante el tribunal de paz fue Pablo Catatumbo, hoy senador, luego alias ‘Pacho chino’ y este lunes, el turno fue para Pastor Alape. Además del reclutamiento de menores, se cuestionó por delitos conexos, como el aborto, la violencia sexual, la utilización, el uso de niños y niñas, entre otros.

Alape desconoció los hechos. Dijo que mientras él estuvo en diferentes frentes, no supo de maltrato, de que se presentaran esas prácticas. Insistió que, desde su conocimiento, eso no se hacía y que, al contrario, la evitaban.

Asimismo, señaló que pocas veces trató con Mauricio Jaramillo, alias ‘El médico’, señalado de ejecutar abortos dentro de la guerrilla y que sus funciones eran de estar al tanto de la salud de las personas y que no conoce de directrices sobre abortos.

“No conozco que hubiera sacado alguna directriz al respecto, solo una directriz que se elaboró de los medicamentos que recomendaban para utilizar en los botiquines de las unidades”, manifestó.

Alape habló sobre violencia sexual y acceso carnal abusivo. Dijo que para él, la violación era un delito concebido dentro de las filas, pues, según explicó, era una falta grave y que se establecía como un delito sancionado con la pérdida para ocupar cargos de responsabilidad o incluso, la obligación de ejecutar trabajos como sanciones, hasta la convocatoria de un consejo de guerra.

“Era la asamblea que empezaba a hacer el juicio de la conducta. Se nombraba un defensor, la asamblea, un fiscal, un jurado de conciencia que presentaba a la asamblea después una propuesta de sanción y definir si había suficientes elementos y la sanción, de acuerdo con el número cuarto, podría implicar hasta la pena máxima. Se establecía que el fusilamiento era solo en casos de extrema gravedad, como la traición, la delación, la colaboración con el enemigo, la deserción con armas o dineros de la organización y otros delitos”, contó.

“Cuando había violencia sexual se cobijaba como falta grave. Se establecía como riña entre compañeros y esa falta sí la sancionaba la dirección respectiva”, añadió, diciendo que con el personal que estaba bajo su dirección, no asistió a ningún caso de fusilamiento de alguien que haya tenido que responder por violación, pero que sí conoció información de que se habían presentado fusilamientos bajo ese delito dentro de la guerrilla.

“Escuché el comentario de uno en el Bloque Oriental. Me dijeron que por los lados de la Julia, pero no sé de qué unidad, sí me comentaron ese caso”, dijo.

“Recuerdo el caso de una compañera que estaba en la guardia y el relevante entró a tratar de manosearla, la compañera lo detuvo y al otro día me llamó, me dijo que necesitaba hablar, me planteó la situación, que qué hacía, que informara el caso, lo manejamos y lo tratamos aparte, pues de todas maneras se va a hacer público. Entonces, dijo que ella informaba y el compañero que cometió el abuso reconoció que él se había equivocado, le aplicaron la sanción respectiva, que no recuerdo en este momento cuál fue”, relató.

Fue enfático en decir que desconocía sobre casos de violación de menores y respondió al representante de las víctimas una serie de preguntas: negó conocer sobre extracción forzosa de niñas de su hogar, negó la esclavitud y la servidumbre sexual, dijo que eso no hacía parte de la política de la organización, negó cualquier relación con alias ‘Sonia’ o ‘Nayibe’. Manifestó que la conoció después de que ella llegara de los Estados Unidos, negó el reclutamiento de menores de 15 años pertenecientes a comunidades indígenas. Sostuvo que mientras estuvo en el bloque oriental, en sus desplazamientos por Meta, Vichada, Casanare y Arauca, nunca hubo indígenas menores de edad.

También negó hechos relacionados con retención de niños o niñas a quienes se les ataba los brazos o las piernas con poliéster o cadenas aun cuando tenían menos de 10 años de edad, negó también que en el 2000, en reunión con miembros del estado mayor, hubiese visto allí menores de edad.

También dijo que no conocía casos donde se haya apartado a las hijas e hijos de mujeres que dieron a luz en la guerrilla en el año de 1993 e indicó que no se separaba de forma obligada a esos enlaces familiares, que no supo de órdenes que incluían la llegada de personas a los hogares para que los más pequeños fueran a las filas de las Farc, que tampoco conoció si para persuadir a niñas y niños de unirse a la guerrilla se les aseguraba que podían salir de las filas cuando fuera su voluntad, pero una vez en el campamento guerrillero respectivo se les decía que intentar escapar les podría ocasionar o generar la muerte tras un consejo de guerra.

“Siempre a la gente que iba a incorporarse a la organización se le clarificaba que la permanencia en la insurgencia era por tiempo indefinido, excepto, por supuesto, dada otra situación en el entendido que había una clausula reglamentaria que era del licenciamiento de filas, que consistía en que se retiraba a la persona de la organización por diversas causas”, añadió.

Reconoció que existía una escuela de curso de la compañía José Romaña en el Magdalena Medio en 1997, en la que, según él, se formaban a los combatientes, pero lo que no reconoció fue que se diera entrenamiento militar a niños desde los once años. Insistió en que no había menores y que había solo mayores de 15 años, con base, de nuevo, en el argumento de que quien tuviera más de esa edad, podía formar parte de la organización guerrillera.

También negó que en los anillos de seguridad de él en 1997, se registrara reclutamiento para ser escoltas en su campamento central.

No éramos guardería ni organización de beneficencia: Pastor Alape ante la JEP

BLU Radio tuvo acceso a la audiencia que durante varias horas se ha adelantado ante la Sala de Reconocimiento de la JEP y donde las víctimas también han podido escuchar lo que ha manifestado Alape Lascarro.

“No tuve esa responsabilidad de definir normas. Este es un proceso que viene desde la organización de las Farc. Lo primero que quiero que la magistratura entienda es que las Farc no era una fuerza regular, sino irregular. En cuanto a la participación de menores en el conflicto, claramente se ve desde el inicio de esta organización, la presencia de menores,

esta organización no se constituye como un proceso dirigido exclusivamente a responder a la violencia sino es consecuencia de la violencia institucional”, dijo Lascarro.

Lea también: “ABC Fariano”, la cartilla con la que Farc adoctrinaba niños reclutados

“Por eso en las imágenes de la película Riochiquito, se ve claramente cómo los campesinos desplazados bajo el fuego del Estado, iban con sus hijos, con sus ancianos, a la comunidad. Por eso Farc se caracterizó siempre como una organización con profundos lazos con las comunidades agrarias de este país, entonces no se manejaban normas de reclutamiento como tal, se planteaba la incorporación y el ingreso que no era exclusivamente para combatientes”, agregó.

Alape Lascarro insistió, tal cual lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que menores sí formaban parte de las filas, pero según el, en algunos casos mayores de 15 años, con base en lineamientos del Derecho Internacional Humanitario, cuando estaban en el marco del conflicto, esto pese a las críticas al respecto.

“Se estableció en la séptima conferencia que la incorporación de cualquier persona era de los 15 a los 30 años en el marco del DIH. En esa lógica se estableció esa normatividad, tratando de ajustar ese ejército en formación con la normatividad internacional de los derechos -diríamos--, de la guerra. Desde lo particular no podía incidir en normatividad. Podía incidir en que no se violara la normatividad en eso sí podría incidir, en mi condición de comandante”, añadió.

“Había, de alguna manera, una consigna y era que acompañábamos a las comunidades, dábamos refugio, dábamos posibilidades, pero no éramos ni guardería ni organización de beneficencia porque las condiciones de la guerra eran diferentes. Cuando llegaban menores se buscaba clarificar las condiciones en que llegaban. Si era en condición de desplazados, o si habían sido convocados en la organización y en eso se influía para ordenar la devolución o aclarar con las comunidades”, agregó.

Además Lascarro relató historias, que según él, están en contravía a lo que se ha dicho al respecto del reclutamiento. Así mismo, señaló que los casos que conoció, el objetivo era que se devolvieran a las comunidades, que en ocasiones llegaban a los campamentos como víctimas de desplazamiento y otros inconvenientes.

“Recuerdo un compañero que se llamaba Leandro, le decíamos Churica: llegó con un niño que se había encontrado en un desplazamiento. Se le hizo el cuestionamiento al compañero. No sabíamos de qué familia era el niño, se ordenó que se buscara con la comunidad para enviarlo a donde estaba”, dijo.

“Hay otro caso que recuerdo y es el de un muchacho que dijo que tenía 14 años, hablé con los compañeros que lo habían traído para que se regresara”, agregó.

“Conocí otro caso que no estaba bajo mi jurisdicción pero vi resolver a Jorge Briceño: llevaron una muchacha menor de edad y él cuestionó duramente al compañero que la llevaba. Se llamaba Milton, al mando medio, lo recuerdo porque empezó la situación de la muchacha que estaba para cumplir los 15 años y de las solicitudes que hizo fue que le consiguieran tetero, mandó a la comunidad para la devolvieran. Sí se dieron muchas situaciones de esas porque era la orientación”, señaló.

“Había menores de 15 años, pero por las condiciones de abandono y orfandad, había que tenerlos ahí, un caso fue el de Marquitos. Él llegó a la organización y lo mandaron, lo pusieron los compañeros del Cuarto Frente a estudiar en la escuela del Tamar entre Remedios y Cantagallo, y él luego terminó en la insurgencia”

Alape estuvo alrededor de 37 años en las Farc, y según la JEP, la diligencia que se ha desarrollado de manera virtual, menciona documento de la Consejería Presidencial para los DD. HH, que podrían comprometerlo con responsabilidades, y pese a un extenso material que sirve como sustento en medio de las audiencias que están programadas, en una de las preguntas realizadas a Alape Lascarro, en la audiencia fue sobre si tenía conocimiento de cómo se presentaba dicha dinámica, dijo que, incluso, siempre fue un tema de críticas dentro de la organización guerrillera.

“Se dieron varios procesos de críticas. Manuel Marulanda en una carta hace una crítica a la incorporación de menores de edad”, dijo.

“No era normal que todos cumplieran las mismas funciones, menos en aquellos que no habían cumplido la mayoría de edad. Ellos permanecían en lo que denominamos retaguardia”, afirmó.

Y dijo que cuando él llegó a las Farc, muy joven, quienes ingresaban como él, eran jóvenes, pero muy pocos menores de 18 años.

“Yo tenía 20 años y en el colectivo, los más jóvenes eran de 18 o 19 años, solo hubo un compañero que llegó de Bucaramanga, que llegó como a los 17 años, lo llamábamos El Sucre, ese sería el único caso que conocí, no era un niño, un menor de edad, por supuesto. El más joven que conocí cuando llegué a la organización”, dijo.

De la misma manera reiteró en varias oportunidades que la ideología de la entonces guerrilla no se basaba en reclutar menores para sus filas.

“Las Farc fue una organización que nace en la resistencia armada contra la violencia del Estado, que nunca ha cumplido sus funciones. No era una organización que basara su política el reclutamiento de niños. Era parte de la misma realidad de una fuerza. No había un lineamiento político en cuanto a sus esfuerzos políticos hubiera un menor de edad”, indicó.

Sobre si el secretariado tenía lineamientos, referente a la posibilidad de reclutar a menores de edad en las filas de las estructuras, dijo que no había una orientación precisa, que sus acciones iban en el contexto de la aplicación de una norma, y que, al estar frente al tribunal, no busca alejarse de la responsabilidad.

“Lo hago no para justificar sino para mirar el contexto de los momentos históricos que ha vivido nuestro país y las condiciones de cómo llegamos a este conflicto. De igual manera, lo manifestaron los fundadores de la organización en su programa agrario, que fueron víctimas de política del Estado que los obligaron al alzamiento. No es justificatoria, lo hago para asumir la responsabilidad en cuanto a las funciones que desarrollé”, puntualizó Alape Lascarro.