La controversia se centra en presuntas irregularidades durante el proceso de selección y elección del funcionario, señalando violaciones a la Constitución Política. La demanda argumenta que la elección de Gregorio Eljach Pacheco , realizada el 2 de octubre de 2024 por el Senado de la República, "careció de legalidad debido a fallos en la conformación de la terna".
El recurso sostiene que el presidente Gustavo Petro , al postular a Eljach, desestimó el procedimiento establecido por su propia administración, ignorando la lista de aspirantes preseleccionados tras un proceso público de invitación.
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Según el demandante, de los 45 aspirantes iniciales, 20 fueron seleccionados tras cumplir los requisitos establecidos. Sin embargo, Gregorio Eljach no hizo parte de esta lista, lo que implicaría que su postulación por parte del Ejecutivo habría sido arbitraria y contraria a los principios de transparencia y mérito.
El Congreso, la Presidencia de la República y otros intervinientes argumentan que la postulación presidencial de un candidato para integrar la terna es discrecional y no está condicionada por normas específicas.
En ese sentido, señalan que el artículo 276 de la Constitución Política confiere al presidente la autonomía para designar a su candidato sin estar limitado por procedimientos administrativos, como la invitación pública.
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Por su parte, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado destacaron que la invitación realizada por el presidente tuvo carácter consultivo y no vinculante, reafirmando que Eljach cumple con los requisitos exigidos para ejercer el cargo de procurador general.
El alto tribunal admitió la demanda, pero negó de forma provisional la suspensión del acto de elección, al considerar que en esta etapa no es posible determinar violaciones al artículo 276 de la Constitución.
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