El proceso fue impulsado por el activista político, Josías Fiesco, quien denunció que, pese a la sentencia de tutela emitida el 6 de marzo de 2025 el mandatario no cumplió con la orden de retractarse públicamente en sus redes sociales por haber calificado a los manifestantes con términos como “victimarios” y otras expresiones despectivas.
El fallo de marzo emitido por el Consejo de Estado, el presidente Petro debía publicar las disculpas en las cuentas oficiales de la Presidencia, del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y en su perfil personal de la red social X: @petrogustavo, en un plazo de cinco días. No obstante, y tras verificaciones en dichas plataformas, el demandante aseguró que dichas disculpas no fueron emitidas.
Ante este aparente incumplimiento y tras no recibir respuesta a los requerimientos enviados tanto a la Presidencia como al Dapre, el Consejo de Estado resolvió abrir formalmente el incidente de desacato.
De acuerdo con el decreto ley 2591 de 1991, el desacato a un fallo de tutela puede conllevar sanciones como arresto de hasta seis meses y multas equivalentes a 20 salarios mínimos mensuales.
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La Sección Quinta del alto tribunal, ordenó notificar al presidente Petro al correo oficial de notificaciones judiciales de la Presidencia y concedió un plazo de dos días para que se presenten pruebas del cumplimiento de la orden.
La polémica
El caso se originó tras las afirmaciones del primer mandatario en un evento en Chimichagua, Cesar, el 23 de noviembre de 2024, en las que señaló que quienes convocaban la protesta eran “Los que quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el país, los que quieren que no haya una reivindicación para las víctimas, los que quieren que las hijas de los campesinos terminen en los burdeles de la gran ciudad o que el hijo del campesino termine levantando un fusil para matar a su hermano de sangre o de tierra”, dijo el presidente Petro.
Dichas declaraciones fueron replicadas en su cuenta personal de X, lo que llevó a Josías Fiesco a interponer la tutela, argumentando que el presidente estigmatizó a la oposición política y descalificó su derecho legítimo a la protesta
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