La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al exalcalde de Chía, Cundinamarca, Leonardo Donoso Ruiz (2016 – 2019), por presuntas irregularidades relacionadas con el trámite y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT ) del municipio.
La Procuraduría emitió también pliego de cargos son contra 15 exconcejales y el exdirector de Urbanismo, Héctor Orlando Ruíz Palacios, por, aparentemente, aprobar licencias de construcción en áreas protegidas del municipio.
De acuerdo con investigación, el exalcalde Donoso habría cometido una omisión al presentar el POT ante el Concejo municipal, excluyendo el humedal Lagos de Chía y la fuente hídrica La Chucua de Fagua de los componentes principales del plan. Esta aparente omisión habría desconocido las normativas que exigen la identificación de áreas de reserva y la implementación de medidas para la protección del medio ambiente, la conservación de recursos naturales y la defensa del paisaje en los planes de ordenamiento.
Dichas áreas ya estaban identificadas como humedales y zonas de protección por la Corporación Autónoma Regional (CAR), lo que, según el Ministerio Público, “debió ser advertido por el exalcalde” para su inclusión en la revisión y ajuste del POT presentado y aprobado en 2016.
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En cuanto al exdirector de Urbanismo, supuestamente, emitió licencias de construcción que excedían las densidades permitidas por las normas legales y, además, autorizó obras de urbanización en suelos de uso agrológico, donde “está restringida la posibilidad de realizar obras de urbanización”, según el ente.
Los otros involucrados son los exconcejales Julio Enrique Bajonero Camacho, Marco Antonio Bojacá, Ángel Ernesto Bueno Arévalo, Javier Antonio Castellanos Sierra, Yhon Meyer Díaz Garzón, Luz Stella Díaz Jaller y Rafael Fajardo Cifuentes.
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También se formularon cargos contra John Edwin Fuentes Correa, Carlos Enrique Galvis, Natalia Gil Loaiza, David Giovanny Gutiérrez Mantilla, César Camilo Hernández Gómez, Gina Lorena Herrera Parra, Angélica Librada Montañez Sánchez y William Pedraza Sánchez, quienes ejercieron como concejales entre 2016 y 2019.
Sobre estos exconcejales, la Procuraduría detalló que habrían aprobado el POT presentado por el alcalde sin incluir las áreas especiales de protección, incluyendo el humedal Lagos de Chía y la fuente hídrica La Chucua de Fagua.
Por esos hechos, el ente de control calificó la presunta “conducta cometida por los investigados como una falta grave cometida a título de culpa grave”.
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