La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario a los patrulleros Óscar Márquez y Andrés Ricaurte Pinilla, quienes para las manifestaciones del 9 de septiembre de 2020 eran integrantes de la estación de Policía León XIII, en Soacha, y que, según el ente de control, habrían utilizado de manera deliberada e imprudente sus armas de dotación contra quienes participaron en esas movilizaciones que fueron motivadas por el procedimiento policial donde perdió la vida el estudiante de derecho Javier Ordóñez en Bogotá.
Por estos hechos, según la Procuraduría, perdieron la vida tres personas identificadas como Anthony Gabriel Estrada Espinoza, Lorwan Stiwen Mendoza Aya y Cristian Andrés Hurtado, quienes murieron por proyectil de arma de fuego y de manera violenta, según la necropsia entregada por Medicina Legal.
Sin embargo, detallaron que "hasta el momento sólo se ha podido esclarecer la muerte del primero de los mencionados, vidas que se perdieron por el uso indebido de las armas de fuego".
La Delegación Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública de la Procuraduría calificó la conducta de estos hechos investigados como gravísima a título de dolo para Márquez Rojas y con culpa gravísima en el caso de Ricaurte Pinilla.
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La condena en contra del patrullero por la muerte de Javier Ordóñez
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Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró que el patrullero Harvy Damián Rodríguez Díaz participó en el procedimiento policial en el que murió Javier Ordóñez.
"Fue reducido de manera violenta y sometido con varios electrochoques ocasionados con un dispositivo tipo taser” y Seth el dictamen el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la causa de la muerte del joven Ordóñez, fue la golpiza propinada por los policías", puntualizó el ente.
Por esta razón, la Fiscalía calificó el actuar de este patrullero como "desproporcionado" contra la víctima, lo que generó el fatal desenlace. En ese sentido, el patrullero Rodríguez Díaz recibirá condena por los delitos de homicidio y tortura, ambas conductas agravadas. La pena se conocerá en junio del año en curso.
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