Ismael Felipe Jiménez Riaño, docente que trabajó en la Institución Educativa Técnica Tajamar de Soledad, Atlántico, fue inhabilitado por 14 años por la Procuraduría General de la Nación por realizar actos sexuales y filmar estos encuentros con una menor de 14 años.El fallo de primera instancia del Ministerio Público demostró que, en el año 2022, Jiménez Riaño, profesor de educación física, en dos oportunidades sostuvo relaciones sexuales con una alumna menor de edad en las instalaciones de la Institución Educativa y en un motel, que grabó con su celular.La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, señaló que desde la alcaldía han sido detectados 7 casos de abuso en los colegios por parte de profesores que han puesto en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Personería.La funcionaria también manifestó que en la Alcaldía está dispuesto un grupo de abogados, psicólogos y trabajadores sociales que apoyan a las estudiantes que se han declarado víctimas de los abusadores, ya que esos sucesos afectan el desarrollo de sus vidas y la de sus familias.“Una niña que sea abusada se le cambia la vida por completo y no solamente a ella sino a toda su familia y a toda la generación de esa niña (…) Puede ser una niña deprimida o con otro tipo de enfermedades de salud mental, psiquiátricas”, dijo la mandataria.En el mismo sentido, la Procuraduría sostuvo que el condenado causó daño a la menor en su intimidad e integridad sexual, no solo físicamente sino a nivel psicológico, acrecentando inseguridades, miedos y frustraciones. Además, se aprovechó de su autoridad y afectó sustancialmente sus deberes funcionales, atentando contra la buena prestación del servicio público y el buen funcionamiento del Estado.
La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Armando Carvajal Fernández, conocido como alias 'Flaco Carvajal', presunto integrante del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, señalado de coordinar ataques terroristas en Nariño.De acuerdo con el ente acusador, alias 'Flaco Carvajal' sería uno de los principales responsables de “los ataques terroristas con drones contra la fuerza pública y de otras acciones criminales en Nariño”. Las investigaciones indican que el capturado estaría al mando de una estructura armada encargada de “vigilar los movimientos de las unidades militares y de policía para planear y ejecutar los atentados”.La Fiscalía también señaló que 'El Flaco Carvajal' estaría involucrado en homicidios selectivos y en el secuestro de una mujer ocurrido el 24 de mayo de 2024 en Cumbitara (Nariño). Según el informe, “la víctima fue retenida en su lugar de residencia, trasladada a una zona campamentaria y entregada a uno de los cabecillas”.Alias 'Flaco Carvajal' fue capturado en el barrio Belén de Cumbitara en una diligencia conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de “secuestro simple y concierto para delinquir con fines de terrorismo, extorsión, tráfico de estupefacientes y homicidio”. El procesado no aceptó los cargos.Por decisión del juez, el investigado deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.Además, la Fiscalía anunció que “en los próximos días una fiscal de la Unidad Especial de Investigación le imputará nuevamente a alias Flaco Carvajal por su posible participación en el homicidio del personero de Cumbitara, Jimmy Alejandro Rosero Chávez”, crimen ocurrido el 5 de noviembre de 2024.
El representante a la Cámara Andrés Calle solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia que le permita continuar su proceso judicial en libertad, mientras avanza la investigación por su presunta participación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La defensa del congresista presentó un documento ante la sala de instrucción del alto tribunal en el que argumenta que no existen razones suficientes para imponerle una medida de aseguramiento. Cabe recordar que Calle es investigado por los delitos de cohecho impropio, peculado por apropiación a favor de terceros y financiación ilegal de campañas.Según declaraciones de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, el congresista habría recibido mil millones de pesos a cambio de apoyar las reformas del Gobierno en el Congreso. No obstante, el abogado de Calle, Billie Torres, sostiene que su cliente no tiene responsabilidad penal en estos hechos y ha colaborado de forma constante con las autoridades.El escándalo hace parte de una trama más amplia de corrupción en la UNGRD, donde se habrían desviado recursos públicos destinados a atender emergencias por desastres naturales. Parte de ese dinero habría terminado, presuntamente, en manos de algunos congresistas.En su defensa, Torres resaltó que Andrés Calle no ha intentado interferir con las pruebas ni obstaculizar el curso de la investigación, además de que no representa un riesgo de fuga. Señaló que el congresista ha estado disponible para la justicia desde el inicio del proceso.El abogado también cuestionó la veracidad de los testimonios de Pinilla y López, calificándolos como relatos inconsistentes y carentes de respaldo probatorio. Incluso, aseguró que otras personas vinculadas al caso, como el contratista de los carrotanques Eduardo López Rosero y el presunto financiador Pedro Acosta, negaron cualquier relación de Calle con los hechos investigados.Además, Torres denunció que detrás de las acusaciones podría haber intereses ocultos y una campaña para desviar la atención del caso. Criticó que la versión ofrecida por los exdirectivos de la UNGRD no esté suficientemente sustentada con pruebas y que sus declaraciones presenten contradicciones.Mientras tanto, Sneyder Pinilla ya fue condenado por este escándalo a casi seis años de prisión, luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía tras aportar información clave sobre la red de corrupción.
Los profesionales que atendieron a Diego Maradona antes de su fallecimiento por una crisis cardíaca "se preocuparon más por su adicción al alcohol que por su corazón", aseguró este martes un amigo del ídolo durante el juicio que se lleva a cabo en Argentina contra el equipo médico.Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a causa de un edema pulmonar provocado por una insuficiencia cardíaca, durante una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía, según la autopsia.Médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte por la que pueden pasar entre 8 y 25 años en prisión.Una octava acusada, enfermera, será juzgada en un proceso separado.El abogado y empresario Víctor Stinfale, que se presentó como amigo y uno de los asesores legales de Maradona desde 1998, testificó en el juicio en San Isidro, periferia norte de Buenos Aires, en una jornada en la que se espera el testimonio de Dalma Maradona, una de las hijas del ídolo.Stinfale contó que participó de una reunión junto a familiares y médicos en la que se decidió la internación domiciliaria y que en ella se hizo hincapié en que "no se filtrara alcohol" en la casa. "Se preocuparon por la adicción de Diego y no se preocuparon por el corazón", señaló."Que se haya muerto Diego porque no entraron a verle a cuánto le latía el corazón y si estaba hinchado como muestran lo medios me parece una bestialidad", dijo Stinfale.El testigo dijo que llevó al médico Rodolfo Benvenutti a la reunión y que este señaló qué cuidados debía haber en la internación domiciliaria, incluida una ambulancia, pero "lo que se habló en esa reunión no sucedió", sostuvo.Según declaró, Lepoldo Luque, médico personal de Maradona e imputado en la causa, "era amigo de Maradona" y "era el encargado de mediar" para que otros médicos pudieran atenderlo."El único que podía entrar a la habitación de Maradona sin comerse un sopapo (golpe) era Luque", dijo el abogado, que consideró que en sus últimos días "faltó el 'sí, yo mando'" para poder lidiar con el ídolo ya que "eran todos empleados" y "era muy dificil decirle que no".Stinfale contó que intercedió y consiguió que Luque no operé al ídolo de la cabeza el 3 de noviembre de 2020, ya que lo tenían que operar "los mejores del país".También que semanas antes de su fallecimiento, el 30 de octubre, vio a Maradona en un estado "paupérrimo" y "deprimido por una situación sentimental", en referencia a una pelea con su última pareja, Rocío Oliva.Tomaba "Alplax (ansiolíticos) como si fueran Sugus (caramelos)", afirmó.
Este miércoles, 16 de abril de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2494 de Baloto Revancha , con un premio acumulado que alcanzó los 11.500 millones de pesos. Adicionalmente, el sorteo Revancha ofreció un premio de 19.000 millones.Resultado del Baloto Revancha, último sorteoEn el sorteo 2494 realizado el miércoles, 16 de abril de 2025, los resultados fueron los siguientes:Baloto: 05 - 11 - 18 - 31 - 32 súper balota: 09.Revancha: 18 -32 - 34 - 36 - 38 súper balota: 13.En el sorteo no hubo ganadores de los premios más grandes, pero sí en otras categoría. Véalo en la siguiente imagen:Los apostadores tendrán una nueva oportunidad en el próximo sorteo de ganar una fortuna millonaria. Recuerde que puede comprar su tiquete en puntos autorizados o a través de plataformas digitales.Próximo sorteo de BalotoEl próximo sorteo del Baloto, que se llevará a cabo en el miércoles 16 de abril y ofrecerá un acumulado de 12.000 millones para Baloto y 19.300 millones para la Revancha, cifras que siguen en aumento debido a la falta de ganadores en las categorías máximas. Los apostadores tendrán una nueva oportunidad de probar su suerte y competir por estos jugosos premios, que han captado la atención de miles de colombianos.
La Fiscalía de Berlín imputó a un médico de 40 años, miembro de un equipo de cuidados paliativos, por 15 homicidios agravados. Así lo informó este miércoles el Ministerio Público de la capital alemana mediante un comunicado.Las acusaciones, presentadas ante el Tribunal Regional Número 1 de Berlín, incluyen "asesinato con alevosía y motivos infundados". La Fiscalía no solo busca una condena ejemplar, sino también la inhabilitación permanente del acusado para ejercer la medicina.El sospechoso, identificado en los medios como "Johannes M.", fue arrestado el verano pasado tras ser vinculado inicialmente con nueve muertes. Sin embargo, las pesquisas posteriores ampliaron la acusación a quince víctimas.Las investigaciones, que analizaron 395 casos atendidos por el médico, revelaron que entre septiembre de 2022 y julio de 2024 habría administrado a sus pacientes un anestésico seguido de un relajante muscular, provocándoles paro respiratorio y muerte en minutos, sin que estos lo supieran. En algunos casos, habría incendiado las viviendas de las víctimas para encubrir los crímenes.Las víctimas tenían entre 25 y 94 años. Las autoridades continúan investigando 75 casos vinculados al acusado y planean exhumar cinco cuerpos. Mientras tanto, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva.
Un hombre de Florida fue condenado a 12 años de prisión tras apuñalar a una mujer que había criticado a sus hijos en un supermercado. El hecho ocurrió el 9 de junio de 2023 en el Milan Supermarket de Port Charlotte, y culminó con la condena de Jammacar Rodkesh Gayle, de 40 años, por agresión agravada con un arma mortal.El ataque se desató luego de una discusión entre la víctima y la madre de los niños del hombre, quienes estaban en la fila del mostrador de carnes. La mujer había señalado el comportamiento de los niños, lo que originó un intercambio verbal que escaló rápidamente. Tras una breve separación, la confrontación continuó cuando la exesposa de Gayle empujó a la mujer, quien respondió de la misma manera.Fue en ese momento que Gayle intervino. Tras un altercado físico con la víctima, la empujó contra una heladera. El hombre intentó golpearla con una sartén de hierro fundido, pero fue su hija quien se la arrebató. Sin embargo, Gayle no detuvo su ataque y, en un arrebato de ira, tomó un cuchillo de chef de 8 pulgadas del estante y apuñaló a la mujer en el abdomen, hiriéndola gravemente.A pesar de las heridas, la víctima logró seguir al agresor hasta el estacionamiento, con la esperanza de fotografiar la matrícula del vehículo del sospechoso. Gayle, aún con el cuchillo en la mano, la amenazó de nuevo antes de huir con su familia. Los paramédicos encontraron a la mujer en estado crítico, desangrándose por la cabeza y el abdomen, y fue trasladada en helicóptero a un hospital cercano, donde milagrosamente logró sobrevivir.Tras el ataque, el hombre intentó ocultar el crimen, deshaciéndose de su ropa ensangrentada y huyendo hacia Nueva York. Sin embargo, la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte utilizó cámaras de seguridad para rastrear el vehículo del sospechoso, que fue arrestado al día siguiente en el barrio de Queens, Nueva York. Gayle fue trasladado de regreso a Florida, donde fue condenado a 12 años de prisión por su brutal ataque.El hombre fue sentenciado el pasado lunes 14 de abril después de un juicio de tres días en el 20° Circuito Judicial de Florida.
Pocas horas después de que en dos municipios de Antioquia se registraran ataques contra la Fuerza Pública, autoridades anunciaron medidas para esclarecer las situaciones en las que varios uniformados resultaron heridos y uno de ellos falleció.Tras los hechos ocurridos en San Pedro de los Milagros y Salgar, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita esclarecer las circunstancias en las que por medio de artefactos explosivos atentaron contra integrantes de la Policía Nacional.“No vamos a permitir que en Antioquia los criminales atenten impunemente contra la vida de los Soldados y Policías por cumplir con su deber, que no es más que combatirlos”, expresó en su mensaje el mandatario departamental.En la situación más compleja, reportada en el municipio de Salgar, murió el subintendente Nelson Cárdenas y resultó herido gravemente otro de sus compañeros con el que se trasladaba en una moto de la institución cuando fueron sorprendidos por la activación de una carga explosiva.En hechos similares, en el municipio de San Pedro de los Milagros, en la vía que comunica a esta localidad con Belmira, el atentado fue contra camioneta oficial en el que se trasladaban tres policías que resultaron lesionados, incluyendo el coronel Henry Augusto Chaparro, comandante del Distrito.Ante estos atentados, que al parecer serían coordinados, Rendón no dudó en responsabilizar al Clan del Golfo como autores materiales como una posible represalia a neutralización hace pocos días de su quinto cabecilla, José Miguel Demoya Hernández, alias Chirimoya.Esta misma versión había sido entregada inicialmente a Blu Radio por el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, "lamentamos profundamente que estos hechos se estén presentando y en el marco de la Semana Mayor está advertida la Fuerza Pública para que redoble todos los esfuerzos que sean necesarios".Los recientes ataques en San Pedro y Salgar se suman al crimen del subintendente del Gaula Deimer Díaz en Carepa y la activación en la noche del pasado martes de anoche un artefacto explosivo en la vía que conduce de Medellín a Urabá.
Las autoridades en el Valle del Cauca confirmaron un nuevo hecho terrorista en el suroccidente del país, registrado en la madrugada de este Jueves Santo. Una camioneta acondicionada con explosivos fue activada en el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, lo que despertó a toda la comunidad.El vehículo fue abandonado a unos 200 metros de la estación de Policía de este corregimiento, en un sector conocido como La Variante. Una vez registrado el hecho, la fuerza pública llegó al lugar para verificar y evaluar los daños. Afortunadamente, la explosión no dejó heridos, debido a la hora en la que ocurrió.Sin embargo, este no ha sido el único hecho terrorista en el Valle del Cauca, pues la comunidad del municipio de Dagua reportó hostigamientos provenientes de la parte alta de esta población.Si bien aún no se han determinado los autores de este nuevo ataque, cabe señalar que en ambos municipios del Valle del Cauca opera la estructura 'Jaime Martínez', disidencia de las Farc.
Aunque Emilio Tapia todavía tiene pendiente con la justicia el cumplimiento de varios meses de su condena por el caso de Centros Poblados, desde el Inpec le confirmaron a Blu radio que este salió en libertad el pasado lunes 14 de abril, a las 5:50 de la tarde.La medida se da luego de que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla hubiese resuelto a favor de Tapias, el pasado 28 de marzo, una solicitud de libertad condicional, tras haber cumplido medida intramural de 48 de los 76 meses de condena que tuvo por el caso de Centros Poblados. Por eso, le dieron una libertad condicional por un periodo de 56 meses y 25 días, mismo tiempo de lo que queda pendiente de su condena.Su salida a la libertad se dio desde el centro penitenciario El Bosque hacia su residencia ubicada en Barranquilla, donde deberá continuar con un buen comportamiento.Pese a que esta resolución fue apelada por la Procuraduría, todo apunta a que esta no habría procedido, lo que dejó habilitado el procedimiento para que se revisara si Tapia tenía algún otro pendiente con la justicia para que, de esa manera, saliera en libertad.Es de recordar que Emilio Tapia había sido condenado en 2015 por los delitos de hurto agravado calificado y falsedad en documento privado, en el sonado caso del Carrusel de Contrataciones, del que fue condenado a 7 años de prisión. Por esto, recibió libertad condicional en 2019, tras cumplir 3/5 partes de su condena, para lo que se trasladó a la ciudad de Barranquilla.Sin embargo, en septiembre de 2021, cuando le faltaban cinco meses para terminar su condena, fue recapturado por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado por malos manejos en un contrato por $70.000 millones entregado por MinTic para llevar internet a zonas de escasos recursos.Por este proceso se concluyó que Tapia incrementó su patrimonio de manera injustificada en $5.063 millones, luego de que el mismo hubiese aceptado la culpa para realizar un acuerdo con la Fiscalía. En consecuencia, lo condenaron no solo a seis años y cuatro meses de reclusión, sino también a devolver esa misma cantidad de dinero y a pagar también una multa por $4.714 millones de pesos. Sobre esto, según la Fiscalía, a enero de este año había devuelto $2.532 millones. Justamente en abril debe hacer otro abono por $1.265 millones y en octubre se espera que entregue el resto.
La historia de Andrea Esperanza Valdés, una mujer privada de la libertad por el delito de homicidio agravado, ha despertado la preocupación de organizaciones defensoras de derechos humanos, luego de conocerse que fue víctima de abuso sexual dentro del establecimiento penitenciario El Pedregal, en Medellín. El caso, que involucra a dos guardianes del Inpec, sigue en investigación, mientras su defensa exige medidas urgentes para proteger su vida e integridad, en especial porque Valdés se encuentra en las últimas semanas de embarazo producto de los presuntos abusos.El abogado Felipe Alzate Gómez, representante legal de Andrea Valdés, aseguró en entrevista con Blu Radio que han acudido a distintas entidades judiciales y de control para que se respeten los derechos de su defendida, quien ha sido “revictimizada por el mismo sistema que debía protegerla”.“Desde hace meses venimos solicitando que se le otorgue la prisión domiciliaria por su condición de mujer gestante. El Código de Procedimiento Penal contempla este beneficio, similar a una licencia de maternidad, para mujeres embarazadas privadas de la libertad. Sin embargo, ni siquiera nos habían dado trámite”, afirmó Alzate.Ante la falta de respuesta del Juzgado 13 de Ejecución de Penas, el equipo de defensa interpuso una tutela. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá falló a favor de Valdés y le dio un plazo de cinco días al juzgado para que se pronunciara sobre su situación. Ese plazo vence mañana, 16 de abril.“El Tribunal reconoció tres hechos graves: que Andrea ha sido víctima de violencia de género, que está en una situación de indefensión producto de un embarazo no consentido y que sus derechos fundamentales no están siendo garantizados en reclusión”, explicó Alzate. En caso de que no se emita una respuesta a tiempo, el abogado advirtió que interpondrán un incidente de desacato.Actualmente, Andrea se encuentra aislada en una celda individual y recibe una dieta especial debido a su estado de embarazo. Sin embargo, aún no ha sido trasladada al pabellón para mujeres gestantes, lo cual, según su defensa, demuestra que las medidas adoptadas han sido “mínimas e insuficientes”.“El paso que debería dar la justicia es permitirle cumplir este tramo de la condena en su casa. No puede seguir bajo custodia de la misma institución que ha vulnerado sus derechos. Lo que estamos pidiendo es razonable y está contemplado en la ley”, enfatizó el abogado.Además del trámite judicial para garantizar condiciones dignas a su clienta, Alzate también confirmó que la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones por el caso de abuso sexual a dos dragoneantes del Inpec. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado imputaciones formales contra ninguno de ellos. Los sospechosos, según el abogado, ya no están en El Pedregal, pero aún continuarían activos en la institución.Un obstáculo adicional para el avance del proceso penal ha sido la imposibilidad de realizar pruebas de ADN al feto, debido al delicado estado de salud de Valdés tras los hechos. Las muestras se tomarán una vez nazca el bebé, para poder determinar la identidad del agresor.El Tribunal también ordenó a la Fiscalía adoptar medidas de protección para Andrea, quien ha recibido amenazas dentro del penal tras hacer públicos los hechos de violencia sexual. Según el abogado, las intimidaciones provienen tanto de otras internas como del entorno institucional, lo que incrementa el riesgo para su integridad física y emocional.“La Fiscalía debe actuar no solo frente a los responsables del abuso, sino también para evitar que se repitan este tipo de situaciones y para proteger a la víctima. No puede ser que una mujer que denuncia una violación tenga que temer por su vida dentro de una cárcel”, afirmó Alzate.De acuerdo con el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, una mujer en estado de embarazo puede acceder a prisión domiciliaria tres meses antes del parto y hasta seis meses después, en una medida pensada como una especie de licencia de maternidad para mujeres privadas de la libertad. Según este marco legal, Andrea ya debía haber sido trasladada a su casa desde hace al menos dos meses, lo que hace aún más urgente la decisión del juez de ejecución de penas.
Este martes 15 de abril se llevó a cabo una nueva audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá para legalizar pruebas dentro del proceso que adelanta la Fiscalía, con el fin de establecer si existe alguna responsabilidad penal del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La audiencia, que inició a las 7:00 a.m., fue presidida por el magistrado Luis Enrique Bustos. “Para efectos de la audiencia virtual preliminar de control posterior en búsqueda selectiva en bases de datos, se señala la hora de las 07:00 a.m. del 15 de abril de 2025”, indicaba la citación judicial.Las diligencias judiciales, que se vienen realizando desde el mes de febrero por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, tienen como objetivo recolectar pruebas que permitan contrastar las declaraciones de Olmedo López, quien ha vinculado al exfuncionario del Gobierno Petro con las irregularidades ocurridas en la UNGRD. En particular, el ente acusador busca establecer si González incurrió en el delito de tráfico de influencias como servidor público.El pasado 5 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá autorizó a la Fiscalía a rastrear los movimientos financieros y las cuentas bancarias de Carlos Ramón González durante su gestión en el Dapre. Además, permitió realizar búsquedas en las bases de datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).Otra de las pruebas clave en la investigación corresponde a las coordenadas del teléfono celular de González, con el fin de verificar si coinciden con las reuniones mencionadas por Olmedo López y Sandra Ortiz. En particular, se busca confirmar su presencia en la reunión del 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, donde presuntamente se habría articulado un plan para favorecer a ciertos congresistas.Durante la audiencia de este martes 15 de abril, se verificó que González tiene registrada una línea telefónica con el operador Claro, y se descartó que tuviera una línea adicional. “En efecto, mediante oficio del 2 de abril se solicitó la información correspondiente y se obtuvo respuesta en los términos que ya se han mencionado por el señor fiscal: esto es, la no vinculación de Carlos Ramón González con la referida entidad (Wom)”, señaló el magistrado Luis Enrique Bustos.Asimismo, se investiga el contenido de las conversaciones que González habría sostenido con Olmedo López respecto a presuntas instrucciones para beneficiar al expresidente del Senado, Iván Name.Según la Fiscalía, González habría dado instrucciones a Sandra Ortiz para direccionar contratos por 60.000 millones de pesos a favor del senador Iván Name, y más de 10.000 millones para el entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. En el escrito de acusación contra Sandra Ortiz, se señala que ella fue la encargada de coordinar y facilitar la operación, ejerciendo influencias indebidas para favorecer los intereses de Name.“Debido a la premura con la que los parlamentarios exigían los recursos en septiembre, Carlos Ramón González y Olmedo López modificaron la oferta y optaron por entregar 3.000 millones de pesos en efectivo a Name y 1.000 millones a Calle”, se lee en el documento de la Fiscalía.
Una grave denuncia sobre supuestos catálogos con fotos de cadetes de la escuela militar ofreciendo servicio sexuales, que circulan a través de WhatsApp, ya está siendo investigado, así lo informó el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo.“En cuanto a la información sobre una presunta red de prostitución al interior de la Escuela Militar, especialmente en el tema femenino, pues es eso, precisamente una presunta, nosotros hemos hecho, iniciamos una investigación inmediatamente, supimos de los eventos, lo que hemos podido evidenciar hasta el momento, son montajes que hacen con caras de cadetes, pero con cuerpos que no son de estas personas, tratando precisamente de desacreditar la escuela y desacreditar también algunas de las estudiantes que allí trabajan”, expresó.Además, aseguró que, esa es una investigación que ya la inspección del Ejército está adelantando y una vez se tenga claridad sobre lo que está sucediendo la institución lo dará a conocer. “Es un anónimo y lo que está denunciando lo estamos verificando las investigaciones preliminares que hemos tenido de las personas que allí se mencionan, son efectivamente, utilizan el rostro de la cadete, pero el cuerpo no es de la cadete, es decir, que están haciendo montajes con el fin de desacreditar a estas personas, por eso estamos en ese procedimiento y cuando tengamos claridad de la investigación, pues ya daremos a conocer qué es lo que ha sucedido allí”, indicó el General Cardozo.Según los reportes, estos catálogos presuntamente contenían fotografías de mujeres desnudas y ofrecían servicios sexuales.Por otro lado, quien también se pronunció fue el Ministro de Defensa, el General (r) Pedro Sánchez, quien expresó que hay que tener cuidado con la información que circula en redes sociales.“Aquí hay un riesgo muy alto, que cada vez va a ser mayor, que es el empleo de la tecnología para desinformar, pero eso no significa que nosotros no vayamos a verificar, claro, tenemos que investigar (…) Y si encontramos actos que vayan en contra de los principios, de los valores, de todo lo que nosotros defendamos, no vamos a tener ninguna duda en tomar las acciones respectivas”, indicó MinDefensa.
El alto tribunal emitió un concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Gabriel Yepes Mejía, conocido con los alias de 'HH', 'Gustavo', 'Alberto' y 'Emmanuel', requerido por la justicia de los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.Yepes Mejía es señalado por la Corte del Distrito Este de Texas como uno de los principales coordinadores de una red transnacional de tráfico de cocaína con operaciones en Colombia, Centroamérica y México, y que tenía como destino final Estados Unidos.La acusación, sustentada en testimonios, interceptaciones y operativos de la Policía nacional, asegura que el hoy requerido tenía el rol de comandante del ELN en Nariño y era responsable de la producción, coordinación y envío de grandes cargamentos de droga.Según el expediente, Yepes habría impuesto un “impuesto” por cada kilo de cocaína producido en la zona bajo su control, además de coordinar el procesamiento en laboratorios clandestinos. Autoridades colombianas confiscaron toneladas de droga en operativos que conectan directamente al acusado con esta red criminal.Aunque actualmente no se ha hecho efectiva su captura, y las órdenes de detención han sido suspendidas temporalmente por su supuesta participación en procesos de paz como integrante del grupo armado Comuneros del Sur, la Corte dejó claro que ello no es impedimento legal para continuar con el trámite.La Corte Suprema estableció que se cumplen todos los requisitos legales, incluida la doble incriminación, ya que los delitos por los cuales es requerido también están tipificados en Colombia.Además, enfatizó que el país norteamericano deberá garantizar los derechos fundamentales del extraditado, como no ser condenado a cadena perpetua ni a pena de muerte, y asegurarle condiciones dignas de reclusión y debido proceso.El concepto, aunque no es vinculante, habilita al Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro para autorizar la extradición si así lo considera pertinente.
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena en contra del expresidente de la desaparecida EPS Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino Antia, y del exvicepresidente financiero de la misma entidad, Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, por su participación en un esquema de fraude con recobros ilegales ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).Ambos exdirectivos fueron hallados responsables de los delitos de estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado, por lo cual deberán cumplir una pena de 15 años y un mes de prisión. Además, la sentencia contempla el pago de una multa equivalente a 820 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad por 7 años y 8 meses para ejercer funciones públicas.De acuerdo con el fallo, entre enero de 2010 y mayo de 2011, Palacino y Sabogal expidieron cheques de manera sistemática para cubrir presuntos servicios de salud y atención de pacientes. Sin embargo, dichos pagos nunca se materializaron: los cheques fueron guardados o anulados, mientras la EPS Saludcoop presentó ante el Fosyga solicitudes de recobro como si los servicios se hubieran prestado. Por esta vía, la entidad obtuvo de manera irregular 14.269 millones de pesos correspondientes a 2.912 recobros.La decisión del tribunal también subraya que los ahora condenados no realizaron los pagos oportunos a los prestadores de servicios de salud por procedimientos no cubiertos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), tal como lo exige la ley. Igualmente, se determinó que ocultaron la crisis financiera por la que atravesaba la EPS, agravando la situación del sistema de salud.Esta condena corresponde a una decisión de segunda instancia, pero aún es susceptible del recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Se conoció una denuncia penal interpuesta por un ciudadano quien asegura haber identificado una red criminal de cuello blanco dentro del sistema de salud, supuestamente liderada por la asesora del Ministerio de Salud, Yenny Adriana Pereira, y el vicepresidente del Fomag, Aldo Cadena.“El doctor Aldo Cadena ha recibido en diferentes ocasiones al señor Abel Fernely Sepulveda representante legal de Emcosalud, exmilitante del M 19- al igual que Aldo Cadena. Abel tiene la hegemonía y monopolio de servicios y gran cartera en Huila y Tolima, de donde es Oriundo el Ministro de Salud, y quien viene abriendo red de medicamentos en Bogotá asegurando en el sector que se va a hacer adjudicar contratos, pues es socio de los hermanos Cadena”, se lee en el documento.Según el documento, Pereira y Cadena estarían presuntamente utilizando sus cargos para direccionar pagos y controlar la red de prestadores de salud a través de entidades como Viamedical, Emcosalud, Cosmitet y Comfaguajira.Lo más preocupante, afirma el denunciante, es que estas acciones responderían a compromisos políticos adquiridos por el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.El testimonio vincula también a la senadora Martha Peralta Epieyú, de la Comisión Séptima del Senado, quien supuestamente habría recibido un contrato a cambio de favorecer decisiones clave dentro del Fomag.La senadora supuestamente habría designado a la abogada Ana Zojaira Camargo Iguarán como cuota política en Comfaguajira, en una supuesta cadena de favores que recuerda al escándalo de la Yidispolítica.“Todo está diseñado para hacer parecer que se promueve la contratación con la red pública, pero en realidad se trata de hospitales intervenidos, con gerentes nombrados políticamente”, señala la denuncia.El denunciante también menciona al hermano de Aldo Cadena, Óscar Cadena, como presunto operador de los acuerdos clandestinos, incluso el documento sostiene que empresas como Viamedical y personajes como Abel Fernely Sepúlveda, exmilitante del M-19 y representante legal de Emcosalud, tendrían una relación directa con los hermanos Cadena y acceso privilegiado a contratos millonarios.Por ahora, el caso se encuentra en etapa de indagación en la Fiscalía 15 de Pereira, y está a cargo de la Unidad de Intervención Temprana de Entradas.
La Policía Nacional de España detuvo en Zaragoza, España, a un ciudadano colombiano identificado como Luis Carlos Aya García, de 38 años, quien era buscado por las autoridades judiciales de Colombia debido a una condena por abuso sexual agravado contra una paciente en Cali.La captura se llevó a cabo el pasado jueves 10 de abril, luego de que Interpol emitiera una orden internacional de búsqueda y captura con fines de extradición, solicitada por la magistratura colombiana. Según la información entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron en 2017 en un centro de salud de la capital vallecaucana, donde el hoy capturado se desempeñaba como enfermero.De acuerdo con el expediente, Aya García abusó sexualmente de una paciente en dos ocasiones, aprovechando su estado de indefensión y la especial vulnerabilidad en la que se encontraba. Por este delito, fue condenado en Colombia a 12 años y un mes de prisión. Sin embargo, el hombre huyó del país antes de cumplir la pena y desde entonces permanecía prófugo de la justicia.El procedimiento de detención fue notificado de inmediato a las oficinas de Interpol en España. El detenido quedó a disposición de la justicia española, que ahora adelanta los trámites correspondientes para su extradición. Se espera que en los próximos días se realice una audiencia por videoconferencia con la Audiencia Nacional.Una de las voces más contundentes frente al caso ha sido la de la periodista Stephany Solórzano, quien fue víctima de Aya García y narró su experiencia al portal Tu Barco. La comunicadora relató que acudió a la clínica en estado crítico, sin poder caminar, y que el enfermero se aprovechó de su condición cuando fue llevada a un cubículo bajo observación médica. “Estaba completamente indefensa”, aseguró entre lágrimas.Solórzano también denunció que el agresor retiró a su pareja sentimental del lugar, argumentando que podría interferir con un equipo médico, para así quedar a solas con ella y cometer el abuso: "Dijo que no podía quedarse porque iba a hacer interferencia con un aparato de electrocardiograma”Este hecho marcó profundamente su vida y la llevó a abandonar su carrera como presentadora. “Este abuso fue el que no permitió seguir, me sentía mal ante una cámara. Se acabó, me rendí”, confesó.La periodista pidió que el caso no quede en el olvido y exigió al centro médico involucrado que investigue si otras mujeres fueron víctimas del mismo hombre. Actualmente, Solórzano se dedica a ser coach de salud y bienestar, desde donde afirma haber encontrado una forma de transformar su experiencia en apoyo para otros.
Un nuevo capítulo se suma al proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022. El magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, quien hasta hace poco se desempeñó como secretario jurídico del presidente Gustavo Petro, pidió a sus colegas del alto tribunal suspender provisionalmente dicha investigación.La solicitud se enmarca dentro del estudio de una tutela presentada por el propio presidente Petro contra la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. El mandatario busca que se anule una decisión de esa sala que permitió al CNE continuar con la investigación administrativa, pese a tratarse de un presidente en ejercicio.Fernández, quien es ponente de la tutela, solicitó que la Corte Constitucional ordene frenar temporalmente las actuaciones del CNE —incluyendo la escucha de testigos y el recaudo de pruebas— hasta que se tome una decisión de fondo sobre el recurso presentado por el jefe de Estado.El CNE formuló cargos en agosto de 2023 contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, su gerente Ricardo Roa y el propio mandatario, por supuestamente haber superado los topes máximos de financiación en más de cinco mil millones de pesos.En su petición a la Corte, el magistrado Fernández plantea tres argumentos principales. Primero, advierte del riesgo de un “perjuicio irremediable” si el CNE emite un fallo antes de que la Corte Constitucional decida sobre la tutela. En segundo lugar, señala que el caso involucra directamente la discusión sobre los límites del fuero presidencial, por lo que debe ser analizado por la Sala Plena de la Corte y no por una sala de tutela. Finalmente, cuáles los alcances de las decisiones que puede adoptar la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en temas que comprometen competencias de otros órganos del Estado.Blu Radio consultó al magistrado de la Corte Fernández sobre si debería declararse impedido para actuar como ponente en el proceso que será estudiado por la Sala Plena del alto tribunal. Fernández aseguró que no tiene ningún interés particular en el caso y afirmó que no mantiene una relación de amistad con el presidente Gustavo Petro.Este episodio se suma a la ya tensa relación entre el presidente Petro y el Consejo Nacional Electoral, marcada por señalamientos del mandatario hacia el ente investigador, al que ha acusado públicamente de actuar con motivaciones políticas. Por ahora, la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá decidir si acoge la solicitud del magistrado Fernández.
El superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, calificó como “la punta del iceberg” la reciente imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación contra el expresidente de la Nueva EPS José Fernando Cardona y varios exdirectivos de la entidad, por su presunta responsabilidad en el desvío de dineros y ocultamiento de facturas de la salud en la entidad.De acuerdo con la información revelada en audiencias por la Fiscalía, las irregularidades detectadas alcanzan un desvío superior a los 70.000 millones de pesos y hacen parte de una estructura más amplia de alteración contable “Esto confirma que la medida de intervención a la Nueva EPS está dando resultados concretos al país. De comprobarse la presunta alteración de los estados financieros, podríamos estar hablando del mayor fraude contable en el sector”, advirtió.La Superintendencia Nacional de Salud, bajo la administración de Rubiano, trasladó a la Fiscalía el pasado 16 de diciembre de 2024 un paquete de información clave que permitió robustecer la investigación penal en curso. A partir de estos aportes, la Fiscalía formuló cargos por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación.“Esto confirma que las medidas de intervención dan resultados, pero toman tiempo”, señaló el Superintendente, quien explicó que parte del hallazgo más significativo fue la deliberada ocultación de información financiera por parte de la Nueva EPS, con el objetivo de simular solidez económica y así evitar la intervención estatal.Entre las evidencias recabadas durante la intervención, la Supersalud identificó pasivos ocultos y deudas no contabilizadas correspondientes a varios años. Uno de los hallazgos más contundentes fue una base de datos de facturas que supera los 4 billones de pesos, las cuales no habían sido registradas contablemente por la EPS.Rubiano también informó que la entidad ha trasladado estos hallazgos no solo a la Fiscalía, sino también a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se activen los respectivos procesos de control fiscal y disciplinario.
Este sábado 12 de abril, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se pronunció públicamente sobre la reunión que sostuvo el pasado martes con miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los puntos que se debatió fue la controversia generada por una excavación en instalaciones militares protegidas por medidas cautelares.En un mensaje publicado en su cuenta de X, el ministro expresó su respaldo institucional a la JEP, destacando su papel en el proceso de paz.“Mi gratitud y disposición absoluta a la JEP, cuya misión es administrar justicia para consolidar la transición hacia la paz y restaurar el tejido social, garantizando los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes, con enfoque territorial, diferencial y de género. Así fue nuestra cordial, honesta y respetuosa reunión”.Este mensaje fue una respuesta a la revelación de Blu Radio que dio los detalles sobre la reunión sostenida entre el ministro Sánchez y el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, en la que también participaron el magistrado Pedro Elías Díaz, el magistrado auxiliar Hugo Escobar y el secretario ejecutivo, Harvey Suárez.El ministro manifestó su inconformidad por lo que calificó como una filtración de información a medios de comunicación, especialmente respecto al hallazgo de un fragmento de costilla humana en ese lugar. Según Sánchez, ni el Ministerio ni las Fuerzas Armadas habían sido oficialmente notificados por Medicina Legal ni por la propia JEP sobre este descubrimiento.Posterior a la reunión, el Ministerio de Defensa envió un oficio al presidente de la JEP solicitando verificar “la veracidad de las informaciones periodísticas que indican que la información fue confirmada por fuentes de Medicina Legal”. En el mismo documento, la cartera de Defensa pidió que, de comprobarse dicha filtración, se revisen los protocolos de manejo de información y que se garantice la comunicación por los canales oficiales pertinentes.Frente a esto, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, le respondió al ministro que el foco no debía centrarse en las filtraciones a la prensa, sino en lo verdaderamente grave: la violación de las medidas cautelares por parte del Ejército al realizar excavaciones sin autorización judicial en un lugar que podría albergar restos de víctimas del conflicto.
Un juez penal especializado condenó a 41 años de prisión a Fabio Andrés Garcés Olier, alias Pica o Picapiedra, tras ser hallado responsable del secuestro, tortura y desaparición forzada de dos hombres ocurridos el 7 de enero de 2023 en Quibdó, Chocó.La sentencia fue emitida luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas que permitieron demostrar la participación del hoy condenado en los hechos, catalogados como especialmente graves por su sevicia y crueldad. Alias Picapiedra aceptó los cargos y recibió sentencia anticipada por los delitos de secuestro extorsivo, desaparición forzada y tortura, todos en calidad de agravados.Según lo establecido en la investigación adelantada por un fiscal del Gaula de la Seccional Chocó, las víctimas habían viajado por vía terrestre desde Cali hasta Quibdó, tras recibir una supuesta oferta laboral en una mina de la región. Al llegar al punto de encuentro, fueron abordadas por tres sujetos que se identificaron como integrantes de la organización criminal ‘Los Caparros’ y fueron retenidas en contra de su voluntad.Durante el cautiverio, las víctimas fueron sometidas a tratos crueles, intimidación con armas de fuego y golpizas, hasta que finalmente sus cuerpos desaparecieron. Hasta la fecha no han sido localizados. No obstante, los secuestradores se comunicaron con los familiares de los desaparecidos y exigieron la suma de 60 millones de pesos a cambio de su liberación, la cual nunca se produjo.La Fiscalía General de la Nación logró establecer que Garcés Olier, a pesar de encontrarse recluido en la cárcel de Popayán (Cauca) en el momento de los hechos, fue quien coordinó el secuestro y realizó las llamadas extorsivas a las familias de las víctimas.Por estos hechos, Alias 'Picapiedra' cumplirá su condena en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, en el departamento de Cesar, donde permanecerá privado de la libertad por los próximos 41 años.
La Procuraduría General de la Nación recomendó a la Agencia Defensa Jurídica del Estado, ADJE, suspender la licitación con la que se busca elegir a la firma que representará a Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, en el litigio con la empresa minera Continental Gold.El planteamiento del ministerio público quedó radicado en un oficio emitido en respuesta a la solicitud de acompañamiento que hizo la ADJE justamente luego de la alerta de varias inconsistencias las cuales deberían aclararse antes de retomar el proceso.La principal preocupación es la inclusión de la firma Astrea, propuesta por la multinacional Hugues Hubbard & Reed, pero de la cual, según varias denuncias, no ha acreditado experiencia en litigios internacionales y aún así tendría más opciones de quedarse con la licitación.En esa medida, la Procuraduría le dio un plazo de tres días a la ADJE para que responda varios requerimientos sobre el proceso, como lo es, por ejemplo, informar el estado actual de la selección del contratista y un informe técnico actualizado de la solicitud de arbitraje de inversión presentada por la firma Continental Gold.La agencia también deberá explicar cuál es el método que se está usando para escoger el contratista y cómo están garantizando que esa selección sea objetiva.“Realizar un análisis respecto a la inclusión como requisito técnico dentro de la invitación a cotizar denominado “alianza estratégica optativa”, la finalidad, pertinencia, sentido y alcance del mismo; asimismo, indicar si existen lineamientos por parte de la ADJE que indiquen los requisitos que estos aliados deben cumplir para ser seleccionados por parte de los contratistas, así como lineamientos respecto a la atención de conflictos de interés”, fue otra de las solicitudes de la Procuraduría a la ADJE.Sobre la firma Astrea Abogados S.A.S., la agencia deberá explicar cuál es la relación que tiene con el objeto del contrato, es decir, si cumpliría requisitos para hacer parte del equipo dispuesto para la defensa del país en este litigio internacional.La Procuraduría explicó que si bien no adelante acompañamientos especiales, que fue la solicitud de la Agencia, determinó que sí era importante que esta explicara y aclarara las alertas que han llegado desde diferentes sectores y que han generado un interés especial para la vigilancia preventiva.
El presidente Gustavo Petro reabrió la discusión sobre la proporcionalidad en la justicia colombiana al comparar dos casos recientes: el de Epa Colombia, condenada por vandalismo, y el de Sneyder Pinilla, implicado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)."¿Cuánto le pusieron a Epa? Cinco años de prisión, mientras el otro es un rufián terrible, es un corrupto, un HP, y lo condenan menos. Va a salir primero de la cárcel él que la señora Epa", dijo Petro, cuestionando la lógica detrás de las penas impuestas.Uno de los abogados que ha estado cerca de ambos procesos es Francisco Bernate, defensor de Epa Colombia y también abogado de Luis Eduardo López, otro implicado en el caso UNGRD (pero no de Sneyder Pinilla). Ante la comparación hecha por el presidente, Bernate explicó que la diferencia en las condenas no obedece solo a la gravedad de los delitos, sino a los beneficios judiciales a los que accedió cada persona.¿Por qué Sneyder Pinilla recibió más beneficios?Según Bernate, Pinilla accedió a todas las figuras legales posibles para reducir su pena:Principio de oportunidad: colaboró con la justicia entregando información relevante, lo que le dio beneficios.Preacuerdo con la Fiscalía: llegó a un acuerdo sobre su responsabilidad en otros delitos.Reparación del daño: devolvió el dinero apropiado antes de ser condenado.¿Y qué pasó con Epa Colombia?Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, solo accedió a uno de esos beneficios: aceptó los cargos, pero lo hizo después de la audiencia de imputación, cuando las rebajas son menores. No hizo preacuerdo ni se acogió a un principio de oportunidad.“Bueno, las situaciones son muy diferentes. El señor Pinilla se acogió a todas las vías legales posibles que permiten la rebaja de las sanciones. Tiene un principio de oportunidad a cambio de la información que entregó, hizo un preacuerdo por otros delitos y adicionalmente antes de la sentencia reintegró lo apropiado, de manera que acudió a todas las rebajas posibles de nuestro régimen procesal penal.Daneidy Barrera Rojas, por su parte, solo acudió a una, que es la aceptación de los cargos, que no la hizo al momento de la imputación, sino con posterioridad. No hizo un preacuerdo, no tuvo un principio de oportunidad, tiene podríamos decir una condena casi full. De manera que eso explica esta diferencia. Si lo vemos a partir de lo que serían en abstracto las penas por los delitos cometidos, pues los delitos del señor Pinilla podrían dar tranquilamente una sanción dos y hasta tres veces más grave que la que recibió Daneidy Barrera Rojas.”Las condenas concretasEpa Colombia fue condenada a 5 años y 2 meses de prisión por los actos de vandalismo cometidos en TransMilenio en 2019.Sneyder Pinilla cumplirá una pena cercana a 6 años por su participación en la red de corrupción en la UNGRD, luego de colaborar con la justicia.
El 11 de abril de 2025 se realizó la audiencia número 26 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de manipular testigos y cometer fraude procesal por hechos ocurridos en 2018. La diligencia tuvo lugar en la Sala 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.La principal testigo del día fue Eurídice Cortés Velasco, conocida con el alias de 'Diana', exintegrante de grupos paramilitares y figura clave en el caso. Su testimonio volvió a involucrar a los exabogados de Uribe, Diego Cadena y Juan José Salazar, así como a Carlos Enrique Vélez, alias 'Víctor', otro testigo importante en el proceso.Alias 'Diana' contó que Vélez le ofreció 200 millones de pesos a cambio de testificar a favor de Uribe. Cuando no logró lo que quería, empezó a amenazarla. “Me decía que presionara al abogado con eso para poder pedirle los 200 millones”, relató. Según ella, las amenazas eran frecuentes, al punto de advertir que “iba a embalar a los abogados” si no cumplían sus exigencias. Cortés dijo que prefirió no enfrentarlo directamente, pero entendía que se trataba de extorsión.Además, confesó que estuvo dispuesta a declarar contra el senador Iván Cepeda —opositor político de Uribe—, pero solo si recibía dinero. Como no se concretó el pago, decidió retractarse y afirmó que estaba dispuesta a decir toda la verdad, incluso si eso la llevaba a enfrentar un proceso por falso testimonio.Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una serie de grabaciones de conversaciones entre Cortés y el abogado Diego Cadena. En esos audios, alias 'Diana' le pide al abogado sumas de $300.000 y $400.000 para poder trasladarse a Bogotá. Posteriormente, reconoce que Cadena le entregó $2'000.000 para su movilización. “Yo le dije (a Cadena) que no tenía plata para venir (a Bogotá) a rendir mi versión y no tenía para pagar los pasajes (…) No me los dio para cambiar mi testimonio, me los dio para unos pasajes”, explicó la testigo.Este punto generó reacciones, como la del abogado Miguel Ángel del Río, quien denunció en su cuenta de X (antes Twitter): “La testigo Eurídice Cortés acaba de confesar que recibió dos millones de pesos del abogado Diego Cadena para venir a declarar en la Corte. Esa manifestación la ocultó a la Corte y a cualquier autoridad”.En otro momento de la audiencia, se presentó un audio en el que alias 'Víctor' acusa fuertemente a los abogados Cadena y Salazar de haberlo manipulado. En la grabación, también los amenaza con revelar las mentiras que, según él, construyeron juntos, y dice que quiere acogerse a un principio de oportunidad para colaborar con la justicia.Alias 'Diana' confirmó que la voz del audio era de Vélez, y explicó que fue grabado durante uno de sus frecuentes estallidos de ira: “Eso fue en medio de una explosión de ira de él… que son normales en la vida de él”.Cuando le preguntaron si compartió la grabación con los abogados de Uribe, respondió que sí. Según su testimonio, Juan José Salazar negó cualquier acuerdo con Vélez y lo calificó simplemente como “un loco”.
