La situación jurídica de Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo', sigue en el centro del debate mientras se define su posible extradición o asilo político en el exterior. Frente a la posibilidad de que pueda llegar a un acuerdo con la justicia colombiana, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, explicó los alcances y limitaciones de una eventual negociación.Según la fiscal, el Código de Procedimiento Penal establece que los jefes de organizaciones criminales no son objeto de preacuerdos o principios de oportunidad, ya que son considerados los principales responsables de los delitos y, por lo tanto, deben ser perseguidos con todo el peso de la ley. “El jefe es el jefe y es al que nosotros perseguimos”, afirmó Camargo.No obstante, la fiscal aclaró que dentro de estructuras delictivas como la que presuntamente lideraba 'Papá Pitufo' existen diferentes niveles de participación, lo que permite que ciertos miembros puedan acceder a beneficios judiciales en función de la información que entreguen. “Aquí de lo que se trata es, además de descubrir y desmantelar la organización de contrabando, identificar si tiene vínculos con un crimen organizado de otra naturaleza. Se trata de ver cómo y qué tanto permeó las instancias políticas, gubernamentales, nacionales y locales”, explicó Camargo.En ese sentido, la Fiscalía ya ha logrado avances en la investigación y cuenta con personas acusadas e incluso un actor importante que se sometió a sentencia anticipada. Esto indica que el caso no parte de cero y que ya existen elementos probatorios que podrían facilitar la desarticulación total de la organización.Por su parte, el abogado defensor de 'Papá Pitufo', el exfiscal Mario Iguarán, no descartó que su cliente pueda acogerse a un mecanismo de negociación con la justicia. “Nunca se descarta en un proceso penal mecanismos como el preacuerdo o el principio de oportunidad, ya sea en su caso o en el de cualquier persona que deba responder ante la justicia”, afirmó Iguarán, dejando abierta la posibilidad de que Marín Buitrago busque algún tipo de beneficio judicial en caso de ser extraditado.Si bien la Fiscalía mantiene su postura de no negociar con los cabecillas de organizaciones criminales, la complejidad del caso y el nivel de información que 'Papá Pitufo' pueda aportar podrían influir en su futuro jurídico. Todo dependerá de la utilidad de su testimonio y del impacto que pueda tener en el desmantelamiento total de la estructura criminal.
La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el congresista Carlos Alberto Carreño, vicepresidente de la Comisión Tercera, por el delito de concusión. Esta medida fue anunciada luego de las revelaciones recogidas durante un informe revelado en Mañanas Blu, donde se expuso un sistema de extorsión donde los miembros del equipo legislativo de Carreño, conocido como su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), se veían obligados a aportar un porcentaje significativo de sus salarios."Desde el inicio, el representante nos solicitó aportes basados en nuestros ingresos. Cuanto más ganábamos, más teníamos que aportar", relató un testigo en ese entonces. Los testigos citados en la investigación relataron que estos aportes se entregaban a un asistente de Carreño, quien luego los remitía al propio congresista. Fue en el agosto de 2024 cuando Blu Radio dio a conocer públicamente esta denuncia, lo que dio inicio al proceso. Escuche aquí el informe:
Cuatro personas integraban la banda delincuencial Los Bahía, quienes utilizaban un establecimiento nocturno para realizar cambiazos de tarjetas, tanto débito como crédito a sus clientes, y así hurtarlos en el sector del malecón de Neiva.Le puede interesar: Se trata de Katherine Fuentes Rueda, alias 'Andrea Pérez', cabecilla de la red delictiva, Jazblendy Katerine Mutis Fuentes, Francisco Gabriel Beltrán Carrillo y Guillermo Alfonso Artunduaga, alias 'Memo' o 'El Zarco'.“La Policía Metropolitana de Neiva en articulación con la Fiscalía General de La Nación logró la captura y judicialización de cuatro presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado ‘Bahía’, que estarían utilizando un establecimiento nocturno para realizar cambios de tarjeta débito y crédito a sus clientes y así hurtarlos en el sector del malecón de la ciudad de Neiva”. dijo el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Estas personas usaban los servicios sexuales de mujeres para distraer a sus víctimas quienes, al pasar las tarjetas por el datáfono para pagar sus consumos, los delincuentes indicaban de un supuesto daño en la red, pero en realidad, era una táctica para cambiarles el plástico por uno inservible y tener acceso a las claves.Posteriormente, las víctimas eran llevadas hasta residencias cercanas al local comercial y allí, presuntamente puestas en estado de indefensión, para luego hurtarle sus pertenencias de valor.Los capturados a quienes se les halló en su poder 16 tarjetas bancarias se habrían apropiado durante este tiempo de más de 133 millones.“Durante la investigación se pudo establecer que los procesados habrían realizado con estas tarjetas bancarias hurtadas compras en centros comerciales, almacenes de cadena, farmacias, restaurantes, así como en estaciones de servicio”, indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Los procesados, quienes no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y enriquecimiento ilícito, fueron enviados a la cárcel.
La Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez tras determinar que la juez encargada del caso no tramitó correctamente la recusación en su contra. La decisión, que responde a una tutela interpuesta por la defensa de Uribe, establece que la juez no podía rechazar de plano la recusación sin someterla a revisión por otro juez.Jaime Granados, abogado del expresidente, calificó el fallo como un precedente significativo dentro del proceso. En entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, Granados enfatizó que la decisión de la Corte deja claro que “un juez no puede ser juez de sí mismo en un trámite de recusación” y que la imparcialidad no solo debe existir, sino que debe ser evidente para garantizar la confianza en el sistema judicial.“La Corte señala y rechaza como totalmente indebido que la juez haya asumido una competencia que no tenía, negando de plano la recusación sin seguir el procedimiento establecido”, afirmó Granados.El debate sobre la imparcialidad judicialUno de los puntos centrales del recurso de la defensa de Uribe es la presunta parcialidad de la juez a cargo del caso. Según Granados, existen múltiples acciones que demuestran una falta de garantías procesales, entre ellas, la negativa a admitir pruebas y testimonios clave para la defensa.“Ha habido una actitud sistemática de la juez que ha generado dudas sobre su imparcialidad. Nos negó más de 50 testimonios y llegó al punto de acusarme de engañar a la justicia sin pruebas, cuando demostramos que había más de 100.000 archivos borrados que no fueron tenidos en cuenta”, señaló el abogado.El defensor del expresidente también hizo referencia a un principio clave en el derecho internacional sobre la imparcialidad judicial: “Desde 1982, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que no basta con que un juez sea imparcial; también debe generar confianza en su imparcialidad. Es decir, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”.Una comparación futbolística sobre la credibilidad del juezEn un intento por ilustrar la importancia de la imparcialidad en el juicio, Granados recurrió a una analogía con el fútbol: “Me recuerda un episodio en la Premier League, donde un árbitro celebró un gol de un equipo mientras pitaba el partido. Independientemente de si su arbitraje fue justo o no, ese gesto minó su credibilidad como juez imparcial. Lo mismo sucede en este caso”.La afirmación del abogado refuerza la idea de que, en un juicio de alta relevancia como el de Uribe, cualquier duda sobre la imparcialidad de la juez afecta la legitimidad del proceso.El futuro del juicio y los próximos pasosCon la decisión de la Corte, el juicio contra Uribe queda suspendido hasta que un nuevo juez determine si la recusación tiene fundamento. En caso de ser aceptada, el caso pasaría a otro magistrado; si es rechazada, la actual juez podría continuar con el proceso.“El tribunal competente decidirá si la juez garantiza imparcialidad o no. Si concluyen que sí, acataremos la decisión, como siempre lo hemos hecho. Pero lo que quedó claro es que el procedimiento no se respetó y, por eso, la tutela fue concedida”, explicó Granados.A pesar de la suspensión temporal del juicio, el abogado del expresidente asegura que la defensa se mantiene optimista. “Hasta ahora, ningún testigo ha señalado a Uribe de haber cometido un delito. Seguimos ganando este caso por goleada”, concluyó.La decisión de la Corte Suprema abre una nueva etapa en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, cuyo caso ha sido uno de los más mediáticos en la historia reciente de Colombia. Ahora, la atención se centra en la nueva revisión de la recusación y en las implicaciones que esto tendrá para el desarrollo del juicio.
En sus más de 70 años de historia, Atlético Nacional ha contado con futbolistas de alto nivel y ha aportado grandes nombres en la historia de la Selección Colombia, sean activos o con pasado con la 'casaca' verdolaga. Pero en la actualidad dos se destacan en el equipo: Davinson Sánchez y Daniel Muñoz, que se volvieron esas piezas claves de Néstor Lorenzo.Pero ambos pasaron por Atlético Nacional y, pese a hacerlo en años diferentes, ambos fueron dirigidos por Juan Carlos Osorio, histórico técnico de la institución, quien fue el encargado de ponerlos a debutar en el estadio Atanasio Girardot; en diálogo con Blog Deportivo, el entrenador aseguró que "no le sorprende" el gran nivel y es que por ese tipo de virtudes que funcionan en la Selección Colombia es por la que fueron llevados al cuadro verdolaga.Así fue el paso de Daniel Muñoz y Davinson Sánchez en Atlético NacionalEl técnico dijo que "no lo captaron" y su llegada se da por un análisis de oferta que convenció para ser fichado por el conjunto verdolaga para sumarse a la defensa antioqueña. Fue el entrenamiento lo que lo ayudó a potenciar como carrilero para salir desde atrás con la pelota y apoyar desde la línea de 3, como en línea de 4."Era un todo campista. En el juego aéreo era muy competente, muy sobresaliente. Eso le ayuda al momento de jugar en una defensa de 4, no solo para ser una herramienta positiva en el juego ofensiva, sino para esa pelota cruzada al segundo palo que pocos laterales la defienden. La verdad interioriza eficientemente, es decir, polifuncional, jugar de afuera hacia dentro y es capaz de hacer superioridad numérica en el tercio medio, en el carril central", explicó.Por otro lado, se ha dicho que él fue encargado de llevar a Davinson Sánchez de manera personal club y, en diálogo en Blog, aseguró que sí fue totalmente de su equipo y lo captaron en un partido en Cali. Hablaron con la madre y aceptaron viajar a Medellín y lo hicieron debutar que terminó disparando su talento en poco tiempo para volverse en figura en Atlético Nacional en Copa Libertadores y luego en Europa.
El nivel del río Cauca descendió de 9.93 metros a 9.64 metros, en el oriente de Cali, sin embargo, se mantiene la alerta naranja, ya que, si continúa lloviendo, el nivel podría dispararse y ocasionar nuevas afectaciones.Actualmente, hay 135 familias damnificadas que ya han recibido ayuda humanitaria por parte de los organismos de socorro que atienden la emergencia en cinco puntos de Cali a su paso por el afluente."El nivel del río Cauca comenzó a descender después de haber alcanzado los 9,93 metros. Entre las 5:00 de la tarde del 19 de marzo y las 9:00 de la mañana del 20 de marzo, el nivel bajó a 9,64 metros, lo que ha contribuido a una ligera disminución del impacto de inundación por contraflujo", dijo María Alexandra Pacheco, secretaria de gestión del riesgo de Cali.En total, se han identificado 135 hogares afectados, a quienes las autoridades les entregaron las ayudas humanitarias. El sector de mayores afectaciones es Playa Renaciente."La atención se ha focalizado en sectores clave, el primero el Corregimiento de Navarro con 6 hogares afectados, luego Puerto Nuevo con 15 hogares afectados, Brisas del Cauca: con 17 hogares afectados, y Playa Renaciente, el sector más afectado, con 97 hogares afectados", explicó la funcionaria.Igualmente, hay alerta en diez municipios del Valle del Cauca, donde también sus ríos han presentado crecimientos acelerados e, incluso, algunos ya se han desbordado, por lo que las atenciones se priorizan en Yumbo, Vijes, Tuluá y varios ubicados en el norte del departamento.
La Corte Constitucional rechazó dos recusaciones presentadas contra el presidente de ese alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, quien está a cargo de la ponencia sobre la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional.Las recusaciones fueron presentadas por dos ciudadanos, quienes argumentaban que el magistrado Ibáñez tenía un posible conflicto de interés debido a su trayectoria política y su elección con el respaldo de sectores opositores al Gobierno actual.Sin embargo, la Corte Constitucional determinó que las solicitudes carecían de pertinencia, ya que los peticionarios no acreditaron legitimación dentro del proceso.El auto 282 de 2025, emitido por la Sala Plena, precisó que la sola presentación de una recusación no suspende los términos procesales, salvo que se determine su pertinencia y en este caso al no cumplirse los requisitos, se rechazaron las solicitudes y se reafirmó que el proceso seguirá su curso sin interrupciones.Al alto tribunal, han llegado varias recusaciones, no solo contra el magistrado Ibáñez, sino también contra la sala plena en su totalidad.El presidente de la Corte Constitucional es quien lleva la ponencia sobre la demanda de inconstitucionalidad que interpuso la senadora de oposición Paloma Valencia."Rechazar, por falta de pertinencia, las recusaciones presentadas por los señores Edwin More y William Estrada en contra del Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar en el Expediente D-15.989, por las razones expuestas en la parte motiva", expresa la decisión de la Corte.Hay gran expectativa por la decisión que pueda adoptar la sala plena de la corte en tal vez una de sus decisiones más importantes de este año determinar si es o no constitucional la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La ruptura de un tubo del Acueducto de Bogotá en una zona aledaña al colegio CEDID Guillermo Cano Isaza, en la localidad de Tunjuelito en el sur de la ciudad, llevó a que las autoridades tuvieran que evacuar a los estudiantes de la institución educativa, ante la difícil emergencia."Gracias a la rápida intervención del acueducto, la red fue cerrada, el daño ha cesado y la situación está controlada. Actualmente, se realizan trabajos de drenaje en la zona”, reportó la Secretaría de Educación.Además recalcaron que si bien el colegio no resultó afectado directamente, como medida preventiva evacuaron los estudiantes de la jornada de la"De acuerdo con lo reportado por el rector, a lo estudiantes de la jornada de la tarde se les prestó el servicio de alimentación escolar - PAE y regresaron a sus casas de manera preventiva", añadieron.La situación ya fue atendida por el Acueducto de Bogotá y los estudiantes tendrán clases normales en la jornada de este viernes.
La vida de José Sebastián Cabarcas cambió radicalmente el 8 de febrero de 2024, cuando un disparo en Barrancabermeja lo dejó al borde de la muerte. Para su madre, María Alejandra Rincón, recibir la noticia fue devastador, pues los médicos en su ciudad le advirtieron que las posibilidades de que su hijo sobreviviera eran mínimas, incluso, durante su traslado a Bucaramanga.Contra todo pronóstico, Sebastián llegó con vida al Hospital Internacional de Colombia (HIC), donde se inició una batalla médica de más de ocho meses que incluyó 20 cirugías y el apoyo de un equipo multidisciplinario de especialistas.“Llegó sin signos vitales y con una grave afectación en el sistema intestinal, con perforaciones en el páncreas y el intestino delgado. Las hemorragias y fístulas que desarrolló requirieron cirugías constantes para estabilizarlo”, recuerda Jonathan Cáceres Prada, director médico del HIC.A lo largo del tratamiento, Sebastián pasó por unidades de cuidados intensivos y recibió atención de especialistas en traumatología, anestesiología, neumología, psiquiatría, rehabilitación y nutrición, entre otras disciplinas.Tras un proceso largo y desafiante, Sebastián logró recuperarse y meses después de recibir el alta médica, regresó al quinto piso del hospital, el mismo lugar donde pasó los momentos más críticos de su vida. Con emoción, expresó su gratitud.“Agradezco a los médicos, enfermeras y todo el equipo que me dio una segunda oportunidad de vivir, en especial a los doctores Cáceres y Navas”, dijo.El doctor Cáceres destaca la importancia de contar con un hospital de cuarto nivel para enfrentar casos tan complejos: “Predecir la evolución de un paciente con heridas por arma de fuego es complicado, pero la tecnología y el talento humano han sido fundamentales en este caso”.María Alejandra Rincón, madre de Sebastián, jugó un papel crucial en su recuperación. Durante meses, dejó todo de lado para acompañarlo en cada paso del proceso, brindándole la fuerza necesaria para salir adelante. Ahora, madre e hijo se enfocan en reconstruir sus vidas, con la certeza de que su historia es un testimonio de lucha, resiliencia y fe.
La Fiscalía en Neiva judicializó a la mamá y el padrastro de Jordán, el pequeño de tan solo 2 años de edad que falleció por múltiples contusiones en su cuerpo, tras recibir una golpiza en hechos ocurridos el pasado 13 de marzo, en una vivienda del barrio Eduardo Santos, en Neiva, Huila.Ochos días de investigación realizada por un fiscal adscrito a la Unidad de Vida y la Policía Judicial de la Policía permitieron indicar que la muerte de Jordán se dio por un presunto caso de violencia infantil.“Se logra la materialización de la captura de dos ciudadanos, quienes son señalados como presunto responsables de los hechos ocurridos el pasado 13 de marzo en el barrio Eduardo San, donde un menor de edad pierde la vida los capturados presentan investigaciones judiciales por violencia intrafamiliar inasistencia alimentaria y lesiones personales”, señaló el coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana al momento de la captura de la pareja.Igualmente, se conoció que el día de los hechos una vecina escuchó unos gritos provenientes del inmueble y acudió al lugar, donde encontró al niño gravemente herido. Ante la situación, le prestó ayuda y lo llevó al CAIMI de Neiva, ubicado en la comuna 9, sin embargo, llegó sin signos vitales.Aunque la madre del menor indicó en el centro asistencial que el niño venía presentando problemas estomacales, el dictamen de Medicina Legal señaló que no fue muerte natural, sino producto de los golpes propinados con un objeto contundente en el abdomen y signos de tortura en otras partes del cuerpo.Durante la investigación, la Fiscalía estableció que el pequeño Jordán, desde diciembre de 2024, venía siendo víctima de un ciclo de violencia y maltrato.Por todo lo anterior, les fueron imputados los delitos de homicidio agravado y Tortura. La mamá y el padrastro del menor, que no aceptaron cargos, fueron cobijados con medida de aseguramiento en centros carcelarios.En lo corrido del 2025 se han presentado en Neiva, según la Secretaría de la Mujer de Neiva, 1.800 casos de violencia intrafamiliar, donde, en más de 300 de estos casos las víctimas son menores de edad. La Policía hizo un llamado para extremar el cuidado de los niños.
Todo comenzó el 3 de junio de 2023, cuando el señalado irrumpió en la vivienda de su expareja en el barrio La Florida de Zipaquirá y en un acto de celos, revisó su cuello y prendas en busca de pruebas de una posible infidelidad, tomó alcohol de la nevera y luego intentó arrebatarle el celular.Durante el forcejeo, la golpeó en el rostro y la cabeza, allí, la víctima logró pedir ayuda a la Policía, lo que llevó a la captura del agresor, quien además la amenazó de muerte en presencia de los uniformados las agresiones dejaron lesiones físicas que requirieron 15 días de incapacidad médica.El sujeto fue condenado en primera instancia a (78) meses de cárcel por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Zipaquirá el 10 de octubre de 2023. Sin embargo, el 30 de noviembre, el Tribunal Superior de Cundinamarca revocó la condena argumentando que la única prueba directa era la denuncia de la víctima, quien no testificó en juicio por miedo.La Fiscalía interpuso recurso de casación, argumentando que se desestimaron pruebas clave, como testimonios de familiares y policías que capturaron al agresor, además de exámenes médicos y medidas de protección previas concedidas a la víctima.La Corte Suprema determinó que el fallo del Tribunal desconoció la perspectiva de género y la obligación de evaluar la violencia sistemática sufrida por la víctima.El alto tribunal destacó que la decisión de la víctima de no declarar en juicio no fue libre, sino producto del miedo y la manipulación de su agresor y su entorno. Además, reconoció la existencia de violencia institucional, es decir, fallas en el sistema de justicia que perpetúan la impunidad en casos de violencia de género.Este fallo refuerza el uso de la perspectiva de género en procesos judiciales y establece un precedente sobre el tratamiento de pruebas en casos de violencia intrafamiliar, permitiendo que testimonios indirectos y pruebas periciales sean valoradas adecuadamente cuando la víctima teme declarar.
Por orden de la Corte Suprema de Justicia, se suspende el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe mientras otra jueza decide sobre la recusación presentada por la defensa contra la jueza Sandra Liliana Heredia. La decisión deberá conocerse en los próximos tres días.La medida fue anunciada por la jueza Sandra Heredia durante la audiencia, en la que leyó el Auto emitido por la Corte Suprema, en el cual se revoca la decisión de primera instancia de una acción de tutela y se le ordena dar trámite a la recusación en un plazo máximo e improrrogable de 48 horas.Durante la sesión, la jueza explicó el alcance de la decisión de la Corte:La jueza continuó con la lectura del documento, destacando la instrucción específica que establece que la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá debe remitir el expediente al juez que le sigue en turno, es decir, a la jueza 45 Penal del Circuito, quien deberá pronunciarse sobre la recusación en un plazo máximo de tres días.“Frente a esas circunstancias, debemos dar cumplimiento inmediato. Se ordena que de manera inmediata se remita la actuación a la señora jueza 45 Penal del Circuito, quien es quien me sigue en turno, para que se pronuncie en relación con la recusación formulada en mi contra por parte de la defensa técnica del señor Álvaro Uribe Vélez”, explicó Heredia.Esta es la segunda recusación presentada por la defensa de Álvaro Uribe contra la jueza Sandra Heredia, lo que refleja la tensión constante entre ambas partes en el proceso judicial. La defensa ha cuestionado reiteradamente la imparcialidad de la jueza, lo que ha derivado en múltiples incidentes que han afectado el desarrollo normal del juicio.Ahora, el futuro del proceso dependerá de la decisión de la jueza 45 Penal del Circuito de Bogotá, quien tendrá la responsabilidad de resolver si la recusación es válida o si el juicio contra Uribe puede continuar con la jueza Heredia al frente.
Este jueves, 20 de marzo, inicia una nueva jornada en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por por los delitos de fraude procesal y soborno.La Fiscalía llamó al estrado a Fabián Rojas, exasesor de la UTL de Álvaro Uribe, en el juicio por falsos testigos. Su testimonio es clave en el caso debido a sus encuentros con el abogado Diego Cadena y su papel como interlocutor de Uribe en el seguimiento de las presuntas retractaciones gestionadas con exparamilitares.
En medio de la creciente controversia por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la senadora Martha Peralta negó categóricamente haber gestionado contratos a favor de terceros. Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, la congresista del Pacto Histórico aseguró que, si bien visitó la entidad en tres ocasiones, nunca sostuvo reuniones con contratistas ni participó en negociaciones relacionadas con un contrato de volquetas en La Guajira."Fui tres veces a la UNGRD, pero jamás ninguna de esas visitas tuvieron que ver con contratistas o reuniones con Olmedo López y Sneiyder Pinilla", afirmó Peralta, en respuesta a las declaraciones de estos exfuncionarios y a la investigación de la Fiscalía.Las visitas a la UNGRD y los contratistas RiscalaUno de los puntos más polémicos de la investigación es la presencia de los contratistas Isaac Francisco Riscala y Jorge Riscala en la entidad el mismo día que Peralta. Según el expediente, los contratistas fueron registrados como acompañantes de la senadora en su ingreso el 19 de septiembre de 2023. Sin embargo, la congresista desmintió haberlos llevado a la reunión con Olmedo López."Eso nunca pasó. De hecho, las cámaras de la Unidad deben tener la información. Cuando yo llego, ellos ya estaban ahí y jamás entramos juntos a una reunión con Olmedo", explicó. Además, aseguró que el error pudo haber ocurrido al momento de registrar su ingreso: "Creo que hubo un error de la chica que tramitaba los ingresos. Yo me anuncié como senadora, pero ellos ya estaban en el lugar esperando su propia reunión".Proyectos en La Guajira y otras regionesSegún Peralta, sus visitas a la UNGRD tenían como propósito conocer el avance de proyectos en su región, sin interés en contratos específicos. "Nunca fui a preguntar por un contrato en particular. Me interesaba saber qué se estaba haciendo en La Guajira y expresar preocupaciones sobre la ejecución de proyectos", afirmó.La senadora mencionó que en una de sus reuniones con Olmedo López también abordó temas de otras regiones, como la situación de emergencia en Mistrató, Risaralda, tras la caída de un puente, y el proceso de reconstrucción de Mocoa, Putumayo."Es parte de mi labor como congresista gestionar soluciones para las comunidades", sostuvo. "No pueden ahora encasillar que uno no puede ir a las instituciones a gestionar porque sea un delito".Negación de vínculos con los Riscala y aclaraciones sobre los contratosPeralta negó cualquier tipo de relación con los contratistas Riscala y rechazó que hayan financiado su campaña o solicitado su ayuda para obtener contratos. "Los había visto en reuniones políticas, pero no tengo amistad con ellos ni los he presentado para contratos", enfatizó.Sobre el contrato de $2.170 millones para maquinaria en La Guajira, la senadora dijo no haber estado al tanto de su adjudicación: "Había muchos contratos en marcha, pero yo no conocía los detalles de este en particular", aseguró.Expectativa por respuestas de la FiscalíaAnte la gravedad de las acusaciones, la senadora solicitó acceso a la audiencia completa en la que se le menciona, pues considera que no hay pruebas que la vinculen a irregularidades. "Nunca ha habido una reunión tripartita entre contratistas, Olmedo, Sneijder y yo para direccionar contratos", insistió.El caso de Carmen Domitila IguaránUno de los nombres que ha surgido en el escándalo de la UNGRD es el de Carmen Domitila Iguarán, una mujer wayúu que terminó vinculada como contratista en la entidad. Se ha especulado que su nombramiento fue impulsado por la senadora Martha Peralta, dada su cercanía con el movimiento político del Pacto Histórico y con la comunidad indígena de La Guajira.Sin embargo, Peralta rechazó cualquier responsabilidad en su designación y aclaró que Iguarán no era diseñadora de sus mantas wayúu, como se ha sugerido. "Carmen no es diseñadora wayúu, ella es administradora de empresas y especialista en su campo", aseguró la senadora. La congresista explicó que Iguarán tenía una Orden de Prestación de Servicios (OPS), pero que su rol en la UNGRD era limitado y no ocupaba un cargo de mando o dirección. "Si hubo una vinculación de ella, fue una decisión directa de Olmedo López. Yo pude haberla recomendado, pero eso no me genera a mí ningún tipo de circunstancia", afirmó.¿Influencia política en la UNGRD?Ante las acusaciones de que Iguarán habría sido una "cuota política" suya dentro de la entidad, Peralta insistió en que su labor fue estrictamente técnica. "Ella formaba parte del equipo de región dentro de la Unidad de Gestión del Riesgo, pero no tenía poder de decisión ni coordinaba ninguna oficina", reiteró.La senadora también aclaró que la participación de Iguarán en reuniones con la UNGRD tenía relación con la sentencia que ordena medidas especiales para la población wayúu. "Dentro de las reuniones en el marco de la sentencia, ella quedó dentro de ese grupo, pero jamás tuvo una vinculación de mando o dirección", puntualizó.
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó que la cancelación del registro sindical de Acolfutpro obedece a un incumplimiento en los requisitos legales para su constitución como sindicato de primer grado. Sin embargo, la organización mantiene su personería jurídica y puede continuar operando bajo la figura de una asociación civilLa decisión la reiteró tras negar la solicitud de aclaración que habían hecho los jugadores al fallo de segunda instancia de dicho tribunal, que mantuvo su decisión de no reconocer a la asociación como un sindicato.Este pronunciamiento se convierte en un nuevo capítulo de la novela en la que se ha convertido la negociación entre Acolfutpro y la Federación Colombiana de Fútbol y otras instancias pues luego de meses de conversación, no se han logrado todos los acuerdos e incluso los deportistas anunciaron hace una semana una huelga que podría implicar el cese de actividades de más de 1.000 jugadores.En consecuencia, el proceso entre la FCF, Dimayor y Acolfutpro sigue en curso.Blog Deportivo de Blu Radio anticipó que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, entró a mediar en la discusión y por eso en las última horas adelantaron varias reuniones con representantes de futbolistas. Blu Radio conoció que el encuentro principal quedó programado para el próximo lunes 24 de marzo. Voceros de Acolfutpro indicaron a Blu Radio que, pese a la reciente decisión judicial, se mantendrán en las mesas de conversación pues insistirán en esas reclamaciones. Hay nueve puntos en los que no se llegó a un acuerdo con la Dimayor y la FCF, por lo que, al realizar una votación entre los futbolistas se votó 87,4 % por la huelga y 12,6 % eligieron el tribunal de arbitramento.“Esta es una nueva razón, que se suma a las ya expresadas al Ministerio del Trabajo, que sustentan la ilegalidad en la intención de convocar, promover e impulsar una huelga, por una asociación civil que no es un sindicato, frente a unos empleadores (los clubes de fútbol) que nunca estuvieron en un conflicto colectivo y ejerciendo una votación que ni siquiera estuvo acorde con los principios democráticos y de transparencia que deberían primar si en gracia a la discusión fueran una organización sindical”, señaló Charles Chapman López, abogado de la Federación Colombiana de Fútbol, a través de un comunicado.Estos son los puntos que no se han podido acordarEstatuto del jugador.Código disciplinario.Minuta única.Pólizas de salud.Partido anual de la selección colombiana.Participación sobre derechos de televisión.Reuniones con los futbolistas de la selección Colombia.Entradas para partidos .Protocolo contra discriminación, acoso y violencia de género.
Blu Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación cuenta con una serie de pruebas que involucrarían al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Los investigadores de campo, bajo la dirección de las fiscales Cristina Patiño y Andrea Muñoz, ya rastrearon los movimientos financieros y las cuentas bancarias de Carlos Ramón González durante su gestión en el Dapre. Además, han realizado búsquedas en bases de datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).Dentro del material probatorio, los investigadores también han obtenido las coordenadas del teléfono celular de González para verificar si coinciden con las reuniones mencionadas por Olmedo López y Sandra Ortiz. En particular, buscan confirmar su presencia en la reunión del 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, donde presuntamente se habría articulado el plan para favorecer a los congresistas.Asimismo, se indaga sobre el contenido de las conversaciones que González habría sostenido con Olmedo López respecto a las presuntas instrucciones para beneficiar al expresidente del Senado Iván Name.Otro punto de la investigación es la reciente actividad notarial de Carlos Ramón González, con el objetivo de determinar si ha adquirido bienes inmuebles o metales preciosos.La Fiscalía acudió recientemente al Tribunal Superior de Bogotá para legalizar las pruebas recopiladas ante una eventual imputación de cargos. La Sala Penal del Tribunal avaló las pruebas, lo que llevó a la defensa de González a apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia.En su apelación, la defensa argumentó:“Mantenemos nuestra objeción respecto a la ilegalidad de ciertas actuaciones en el proceso. En particular, cuestionamos la validez del informe relacionado con las labores en las empresas de telefonía, ya que los documentos e imágenes suministrados por los investigadores eran ilegibles y carecían de claridad sobre el procedimiento y la información obtenida. Esto se suma a las inconsistencias en el traslado de los elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía”.Actualmente, Carlos Ramón González se encuentra bajo indagación, pero no tiene ninguna restricción para salir del país, pese a las especulaciones sobre su paradero. Sobre este último punto, su defensa ha mantenido reserva.Según el ente acusador, González habría dado instrucciones a Sandra Ortiz para direccionar contratos por 60.000 millones de pesos a favor del expresidente del Senado, Iván Name, y más de 10.000 millones para el expresidente de la Cámara, Andrés Calle.En el escrito de acusación contra Sandra Ortiz, revelado por este medio, se señala que ella fue la encargada de coordinar y facilitar la operación, ejerciendo influencias indebidas para favorecer los intereses de Name.“Debido a la premura con que los parlamentarios exigían los recursos en septiembre, Carlos Ramón González y Olmedo López modificaron la oferta y optaron por entregar 3.000 millones de pesos en efectivo a Name y 1.000 millones a Calle”, dice el documento.
Tropas del Ejército en coordinación con la Policía capturaron a alias ‘Tato’ o ‘Batata’, peligroso cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo del Frente Camilo Torres del ELN en el departamento de César. Su captura se produjo en el municipio de Pelaya, gracias a la información suministrada por Inteligencia Militar.Alias ‘Tato’, de acuerdo con las autoridades, sería el encargado de la coordinación de las redes de apoyo de esta estructura del ELN en varias veredas y zonas rurales del departamento, así como el responsable de acciones criminales contra la población civil y la Fuerza Pública en la región del Catatumbo,Este peligroso cabecilla llevaba más de cinco años en este grupo armado organizado y es el responsable de homicidios de varios civiles en el municipio de Pelaya y zonas aledañas, además de múltiples acciones contra la Fuerza Pública en los municipios de El Carmen, Ocaña, Teorama y Convención.Además, es el principal responsable de la extracción ilegal de crudo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, actividad con la que financiaba acciones terroristas y logísticas, además, estaba encargado de coordinar los cobros extorsivos a los transportadores, comerciantes y pobladores de las regiones del Cesar y Norte de Santander, y en los más recientes ataques a la fuerza pública, mediante el uso de drones con explosivos, francotiradores y homicidios en la región del Catatumbo.
La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), vinculando a exministros y congresistas en el direccionamiento de millonarios contratos.Entre los señalados se encuentran el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien, según la Fiscalía, habría influido en la adjudicación de contratos por 35.000 millones de pesos a favor del congresista Julio Elías Chagüi.En la imputación de cargos, el ente acusador aseguró que Velasco solicitó a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, la asignación de estos contratos bajo el argumento de mitigar el impacto climático en varias regiones del país.Durante la audiencia, la Fiscalía también mencionó a la senadora Martha Peralta, quien, según las investigaciones, habría sostenido reuniones con directivos de la UNGRD con el propósito de gestionar contratos.Mientras la congresista participaba en manifestaciones en la plaza de Bolívar en defensa de la reforma laboral, su nombre apareció reiteradamente en la imputación.“Usted, Olmedo López, se reunió con la senadora Martha Peralta y representantes de la empresa Inversiones IRL SAS, propietaria de maquinaria amarilla. En esta reunión se habría acordado tramitar un negocio jurídico con la Unidad para el mantenimiento de infraestructura, requiriendo el uso de dicha maquinaria”, señaló la Fiscalía.Tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, no aceptaron los cargos imputados, no por negar su participación, sino porque se encuentran en un proceso de colaboración con la justicia.A través de un principio de oportunidad y un preacuerdo con la Fiscalía, han revelado información clave sobre la red de irregularidades en la entidad.A medida que avanza la investigación, se espera que salgan a la luz más detalles sobre el alcance de estas presuntas irregularidades y los posibles beneficiarios de los contratos en cuestión.
En el municipio de Mesetas, en el sur del Meta, las autoridades capturaron a Pablo Emilio López, alias ‘Chirivico’, supuesto responsable del reclutamiento de al menos 14 menores de edad que fueron trasladados desde el Cauca hasta esta zona del país, para hacer parte de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.Le puede interesar: “Este es un hombre que presuntamente se dedicaba a facilitar la traída de menores del Cauca hacia el departamento del Meta, para venir a combatir. Esto es un crimen de guerra que esperamos que, si es responsable, le caiga todo el peso de la ley y sea condenado a la máxima pena”, señaló Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno del Meta.Blu radio conoció que en el lugar donde fue capturado alias ‘Chirivico’, junto a tres personas más, las autoridades hallaron un altar con elementos como una calavera, duendes, imágenes religiosas, apelando a este tipo de rituales para evadir a las autoridades.Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, señaló que el trabajo articulado con la Fuerza Pública ha sido indispensable en la captura de varios cabecillas de la disidencias de las Farc que han querido tomar el control en el sur del Meta.
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continua con nuevas revelaciones. Luego de escuchar a los abogados de las partes y mostrar evidencia fotográfica del día en que murió en su casa en Argentina, se conocieron los testimonios de las dos primeras personas que lo vieron cuando se confirmó el fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.Esta vez, el tribunal que lleva el caso escuchó al subcomisario de la Policía Lucas Farías al considerar que su testimonio podría aportar en la investigación que se adelanta. Durante la última audiencia, el oficial dijo que entró al cuarto donde estaba el ídolo argentino una hora y media después de su muerte.Al llegar, según relató, no vio “elementos médicos” ni sueros que, añadió, tendrían que estar junto con un paciente atendido desde casa, como era el caso de Maradona. Justamente, aseveró que nunca llegó a imaginarse una escena como la que encontró allí.Según describió Farías, el exfutbolista estaba “a punto de explotar” por la inflamación en el estómago. Cabe recordar que hace días, en el inicio del juicio contra el equipo médico que estaba a cargo, se reveló por primera vez en cuatro años una foto de Maradona cuando murió; estaba hinchado y tirado en una cama."Lo que me llamó primero la atención de Diego Maradona era la posición boca arriba con el abdomen muy inflamado a punto de explotar (…) Me sorprendió verlo así, no pensé nunca encontrarme con esa imagen", aseguró.Esto fue apoyado por Lucas Borge, quien en 2020 se desempeñaba como jefe policial del departamento de Tigre, la localidad donde residía Maradona.Precisó que la entrar, lo vio con “la panza muy hinchada” y que, además, en la habitación no había una cama hospitalaria ni un desfibrilador.Borge detalló que en la casa, en ese momento, había muchas personas que estaban por “grupitos separados”. Allí estaban, de acuerdo a su versión, las hijas de Maradona, su exesposa, una enfermera y una psiquiatra.Estos son los primeros testigos que han declarado, pero se espera que en le juicio por la muerte del argentino hablan más de 120 personas que, de una manera u otra, estuvieron involucrados o que podrían aportar en la investigación.
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes, con las declaraciones testimoniales de los tres policías que constataron la muerte del astro mundial el 25 de noviembre de 2020.El oficial de policía Lucas Farías, y los comisarios Lucas Rodrigo Borge y Leonardo Mendoza darán su testimonio a partir de las 9:30 hora local (12:30 GMT) ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, localidad en la provincia de Buenos Aires, en la causa en la que se busca determinar si siete profesionales de la salud son culpables de homicidio.Los agentes fueron las primeras personas en ingresar a la casa del barrio San Andrés (Tigre, provincia de Buenos Aires) luego del fallecimiento de Maradona y los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari consideraron que su testimonio es clave, durante la segunda audiencia del juicio, el pasado jueves 13 de marzo.Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.Durante la primera audiencia, el fiscal Patricio Ferrari y el abogado querellante Fernando Burlando aseguraron que hubo "desamparo" y un "plan para asesinar" al astro del fútbol, mientras las defensas dividieron sus estrategias y apuntaron contra los principales imputados. Las siguientes audiencias se realizarán los martes y jueves.En la etapa final del juicio, el tribunal escuchará los alegatos de la Fiscalía y las defensas antes de fijar una fecha para el veredicto, en caso de haber condenas, la sentencia no implicará necesariamente una detención inmediata, ya que deberá quedar firme en instancias superiores.El neurocirujano Leopoldo Luque, de 43 años, y la psiquiatra Agustina Cosachov, de 40 años, son los principales imputados por la Fiscalía de dejar a Maradona “en una situación de desamparo” y “librado a su suerte” en una vivienda rentada de Tigre, al norte de Buenos Aires, y no en un hospital.Luque fue uno de los médicos de cabecera que insistió en la modalidad de atención domiciliaria como el método más eficaz para la recuperación del astro del fútbol argentino, mientras que Cosachov no habría administrado la medicina de forma correcta, desentendiéndose de los efectos secundarios y falsificando un certificado de visita médica, que nunca hizo.El resto del banquillo lo componen el enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna; la médica coordinadora de la gerencia de cuidados domiciliarios, Nancy Edith Forlini, y el psicólogo Carlos Díaz. Cada uno será juzgado por su presunta responsabilidad en el tratamiento del Diez.También está procesada la enfermera Gisela Madrid, quien solicitó un juicio por jurados y será juzgada en un proceso que empezará durante el segundo semestre de este año, una vez finalizado el debate principal.El juicio se centrará en la evidencia médica y en los mensajes intercambiados entre los siete profesionales de la salud que atendieron al campeón del mundo entre el 12 y el 25 de noviembre de 2020, día de su muerte a los 60 años, debido a una insuficiencia respiratoria y un paro cardíaco.
En el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, el periodista Juan Carlos Giraldo negó haberle transmitido a Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso Sierra', un mensaje del exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo y el magistrado José Luis Barceló.Según ‘El Tuso Sierra’, cuando Giraldo lo entrevistó en Estados Unidos, le aseguró que si colaboraba con información sobre los Uribe no sería expulsado de Justicia y Paz y se le concedería un principio de oportunidad. Sin embargo, el periodista desmintió esta versión bajo juramento y sostuvo que nunca fue intermediario de tales ofrecimientos.Durante la audiencia, Giraldo explicó que su relación con los exfuncionarios mencionados era limitada y que jamás recibió instrucciones para transmitir un mensaje a ‘El Tuso Sierra’. “Eso es absolutamente falso. Está demostrado en el cruce de chats. Yo no me comprometí a nada, más allá de que él expresó en una entrevista su disponibilidad de colaborar”, afirmó el testigo.También negó conocer personalmente al magistrado Barceló y aseguró que sus interacciones con el exvicefiscal Perdomo eran escasas. Sobre Montealegre, indicó que solo habló del tema con él en una ocasión y que nunca le pidió interceder ante ‘El Tuso Sierra’.El periodista insistió en que el exfiscal Montealegre solo tuvo conocimiento de la entrevista con ‘El Tuso Sierra’ después de que esta ya se había realizado. “Es falso. En ningún momento el doctor Eduardo Montealegre, el doctor Perdomo y menos el doctor Barceló, a quien no conocí, me expresaron eso ni mandaron razones conmigo”, reiteró.La declaración de Giraldo contradice directamente la versión de ‘El Tuso Sierra’, quien ha sostenido que recibió de Giraldo garantías de que, si colaboraba con información contra los Uribe, obtendría beneficios jurídicos en Colombia. La defensa del expresidente ha insistido en que estas afirmaciones hacen parte de un intento por enlodar su nombre sin pruebas fehacientes.El juicio continúa, mientras las partes evalúan los testimonios y pruebas en juego.
En el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso reiteró que la política de seguridad democrática “funcionó porque las AUC estuvimos detrás de ella”. Esta afirmación, que ya había hecho en 2009 a una comisión de senadores mientras estaba extraditado en Estados Unidos, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los vínculos entre el paramilitarismo y el Estado colombiano durante el Gobierno de Uribe.El expresidente respondió a las afirmaciones de Mancuso negando cualquier relación entre su política de seguridad y los paramilitares. A través de un mensaje, Uribe sostuvo que Mancuso miente y que, desde el inicio de su mandato, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) debieron cesar sus crímenes.Uribe enfatizó que los paramilitares se desmovilizaron, algunos fueron encarcelados y quienes incumplieron los acuerdos fueron extraditados. Según el exmandatario, su política de Seguridad Democrática contribuyó al desmonte de las AUC y permitió reducir significativamente a la guerrilla.Durante la audiencia, Mancuso también se refirió a la polémica visita que una comisión de congresistas le hizo en 2009 mientras estaba preso en Estados Unidos. Entre los puntos clave de su testimonio estuvieron el papel de Piedad Córdoba, quien, según Mancuso, fue una de las más activas en la reunión y le ofreció ayuda a Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso Sierra', para obtener asilo político para su familia.Mancuso aseguró que, además de los congresistas, el excomisionado de paz Danilo Rueda participó en la reunión en calidad de defensor de derechos humanos. También mencionó que Sierra manifestó su miedo de declarar en el proceso de Justicia y Paz.Sobre la participación de los senadores, Mancuso relató que Rodrigo Lara Restrepo estaba interesado en conocer detalles sobre el asesinato de su padre, mientras que Iván Cepeda y Danilo Rueda intervinieron poco en la conversación.El testimonio de Mancuso sigue generando controversia y mantiene vivo el debate sobre la relación entre el paramilitarismo y el Estado en Colombia. Mientras la justicia evalúa sus declaraciones, la defensa de Uribe insiste en que su gobierno fue determinante en la lucha contra los grupos ilegales.Siga EN VIVO la audiencia contra Álvaro Uribe hoy lunes
La Procuraduría General de la Nación expresó su rechazo al feminicidio de Emily Dayana Villalba, una adolescente de 15 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 13 de marzo en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Chocontá, Cundinamarca, tras haber sido reportada como desaparecida por su familia.En este caso, el ente de control se une a las voces que exigen justicia subrayando que los hechos reflejan una grave vulneración de los derechos humanos de los menores de edad, quienes, por mandato constitucional, son sujetos de especial protección, asimismo, la Procuraduría advirtió que este tipo de crímenes no solo atentan contra la vida y la integridad física de los menores, sino que también afectan su libertad y dignidad humana.Estadísticas alarmantes sobre violencia contra menoresSegún la Procuraduría, los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses revelan cifras preocupantes que confirman la magnitud de la violencia en contra de la niñez en el país. Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2024, se registraron 594 homicidios, 17.653 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, 7.902 casos de violencia intrafamiliar y 7.686 de violencia interpersonal contra menores de edad.Por su parte, el Instituto Nacional de Salud reportó en el mismo período 33.463 casos de violencia sexual contra menores, siendo 27.294 niñas y 6.103 niños las víctimas. Solo hasta el 8 de marzo de 2025, se han documentado 4.237 casos de violencia sexual contra menores, con 3.442 niñas y 788 niños afectados.Feminicidios y violencia por razones de géneroEl Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también ha informado que en 2024 se abrieron 54.950 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos de los cuales 18.746 se deben a causas de violencia. En lo que va del 2025, hasta el 31 de enero, se han registrado 3.255 casos, siendo la violencia sexual la principal causa, con 1.072 víctimas.