La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia publicó un informe previo a la COP 16 sobre la situación que viven en el país los líderes ambientales.
El panorama es complejo, pues desde enero del año 2016 hasta la fecha la ONU ha podido verificar al menos 248 casos de homicidios de defensores ambientales.
“El 89 % de los homicidios documentados fueron de personas defensoras indígenas, afrodescendientes y campesinas, lo cual evidencia el impacto desproporcionado de la violencia en los pueblos y comunidades que habitan los territorios más biodiversos y que defienden la naturaleza, los recursos naturales, sus tierras, territorios, formas de vida y cultura”, señala el informe de la ONU.
La preocupación llega, además, porque los casos vienen en aumento pues en 2016 fueron asesinadas 14 líderes ambientales y en 2023 se reportaron 44 homicidios.
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A nivel departamental Cauca es el departamento que registra más casos, seguido por Chocó y Nariño.
“La región del Pacífico es la que registra el mayor número de casos con el 56 por ciento del total de homicidios (138 personas). El 10 % por ciento de los casos se ubicaron en los departamentos que conforman la cuenca de la Amazonía colombiana, siendo Putumayo el departamento con el mayor número casos con 15, Caquetá con 8 y Guaviare con uno. El ocho por ciento de casos se registró en la Orinoquía colombiana, con 13 casos en Arauca, cinco en Meta, dos en Casanare y un caso en Vichada”, explica la ONU.
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Los responsables de estos homicidios son, principalmente, los grupos armados. Los líderes ambientales también están enfrentando amenazas y la estigmatización en algunas zonas.
“Las denuncias de las personas defensoras del medioambiente en contra del impacto negativo en la naturaleza del actuar de los grupos armados no estatales les coloca en clara confrontación con sus intereses y, por lo tanto, ante el riesgo de sufrir violencia. La estrategia de los grupos armados no estatales por el control de las economías ilícitas implica el ejercicio del control social de las comunidades que habitan los territorios. Por ello, la denuncia de los impactos negativos de dichas actividades ilegales es percibido por los actores armados no estatales como un desafío a su voluntad de mantener el control social en las comunidades”, se lee en el documento presentado por Naciones Unidas.
En algunas zonas del país se han presentado tensiones por algunas decisiones que toman diferentes entidades del Estado o empresas del sector minero, energético y agrícola, y la posición que tienen los líderes frente a estos temas.
Además, sobre las investigaciones de estos casos de homicidios a líderes ambientales, la ONU advierte que aún hay un alto nivel de impunidad.
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“Es urgente que mediante las acciones de la Fiscalía General de la Nación, pero también de otros actores centrales en el acceso a la justicia, como el Cuerpo Élite la Policía Nacional, Medicina Legal o el órgano judicial, se envíe un mensaje contundente de que asesinar, amenazar o atacar a una persona defensora del medioambiente tiene consecuencias irremediables y que no se tolerará por las instancias de justicia”, dice el informe.
Naciones Unidas también hace algunas recomendaciones para enfrentar esta situación en Colombia en las que le piden a las autoridades abstenerse de caer en la estigmatización, al ministro de ambiente le recomienda un plan de acción para la implementación del Acuerdo de Escazú.
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Por otro lado, consideran que es importante incluir a las personas defensoras del medioambiente en la Política Nacional de Garantías y avanzar en la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz.
“Que el liderazgo de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz se impulse a que en el marco de las negociaciones y diálogos de la paz total se impulsen y se establezcan compromisos claros y medibles para que los grupos armados estatales frenen la deforestación, permitan el acceso irrestricto de las autoridades ambientales y el impulso de los programas de conservación y reforestación”, dice una de las recomendaciones.
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