El medio especializado británico The Economist publicó un análisis crítico sobre las políticas ambientales del presidente Gustavo Petro, al calificar su enfoque como “hueco” e “incoherente” por la situación del gas natural en Colombia, de la que señala contradicciones entre el discurso oficial del mandatario y las decisiones tomadas en su Gobierno.
Según The Economist, uno de los principales ejemplos de esta contradicción es la planta de gas de Cupiagua, ubicada en las estribaciones de los Andes en el noreste del país. Aunque fue diseñada para procesar grandes volúmenes de gas natural, hoy refleja una disminución grande en la producción.
Las reservas colombianas de gas, según datos citados en el artículo, han disminuido un 58 % desde 2012, y en 2023 el país tuvo que importar gas por primera vez en casi medio siglo para cubrir la demanda de hogares e industrias.
En medio de esta situación, el Gobierno Petro ha mantenido una postura firme contra los combustibles fósiles. Colombia se convirtió en el primer país productor de petróleo en frenar la expedición de nuevas licencias de exploración de hidrocarburos.
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No obstante, el mandatario ha hecho una excepción con el gas natural, y argumenta que el país tiene reservas suficientes para afrontar la transición energética, aunque los datos indican lo contrario, apunta el medio.
The Economist cita a Francy Edith Ramírez Arroyave, responsable de producción de gas en Ecopetrol, quien describe el momento actual como un esfuerzo por “raspar la olla” en busca de las últimas reservas.
La incoherencia de Petro, según The Economist
El medio británico critica que frente a este panorama, el Gobierno Petro ha buscado alternativas en el exterior. Saca a relucir, primero, que intentó restablecer relaciones energéticas con Venezuela, con el objetivo de importar gas a bajo costo.
Sin embargo, esa opción se ha visto limitada por el mal estado del gasoducto binacional y las sanciones de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro.
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A esto se sumó recientemente la imposición de un arancel del 25 % a los compradores de petróleo venezolano por parte del expresidente Donald Trump.
Ante las restricciones con Venezuela, la administración Petro anunció en marzo un nuevo acuerdo con Qatar para la importación de gas licuado. The Economist advierte que esta decisión aumentará tanto los costos como las emisiones de gases contaminantes, ya que el proceso de licuefacción y transporte puede triplicar el precio y elevar las emisiones hasta un 50 % frente al gas producido localmente.
El medio también señala como otro ejemplo de contradicción la celebración, en diciembre, del descubrimiento del mayor yacimiento de gas en la historia de Colombia, ubicado en el Caribe y hallado bajo una licencia de exploración ya existente.
A pesar del hallazgo, que podría triplicar las reservas actuales cuando entre en operación en 2029, Petro ha continuado impulsando la narrativa de transición acelerada sin nuevos contratos.
"A medida que las fallas en sus planes y su razonamiento se han vuelto más evidentes, Petro ha buscado desviar la culpa y el foco, a menudo durante dramáticas reuniones de gabinete televisadas", puntualiza el medio.
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En una de ellas, el pasado 7 de abril, "utilizó cifras de precios y argumentos engañosos" para criticar a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, empresa que actualmente trabaja en la infraestructura necesaria para importar gas licuado.
Roa, por su parte, afirmó en declaraciones a The Economist que las políticas del Gobierno no han alterado lo que calificó como una estrategia de exploración “agresiva” por parte de Ecopetrol. “No ha afectado nada”, señaló.
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