Con el inicio de las negociaciones para definir el salario mínimo 2025 , millones de colombianos esperan conocer cómo este ajuste impactará sus ingresos. Aunque la ley establece que el aumento aplica directamente solo a quienes devengan el salario mínimo, el tema genera inquietudes entre aquellos que perciben sueldos superiores.
Las negociaciones, que comenzaron el 11 de diciembre, son clave para establecer el monto que regirá en el próximo año, y su impacto trasciende el salario básico, ya que influirá en otros valores de la economía nacional, como aportes de seguridad social y tarifas legales.
¿Qué dice la ley sobre los ajustes salariales?
La normatividad en Colombia señala que solo los trabajadores que ganan el salario mínimo tienen derecho al ajuste oficial. Sin embargo, el artículo 53 de la Constitución establece principios que buscan garantizar equidad y condiciones dignas para todos los empleados.
Estos criterios podrían ser tomados en cuenta por empresas privadas para definir incrementos en los salarios superiores al mínimo, dependiendo de su capacidad financiera. Entre estos principios destacan:
- Igualdad de oportunidades para los trabajadores.
- Remuneración justa y suficiente.
- Estabilidad laboral.
- Protección a la maternidad y a los menores de edad.
- Derecho al descanso y la seguridad social.
Por lo tanto, si la empresa para la que trabaja lo considera necesario para garantizar la calidad de su trabajo en relación con el sueldo que devenga, podría considerar un aumento en su salario para el 2025.
Por su parte, la Corte Constitucional señaló al respecto que el sueldo que tiene un empleado debería ajustarse teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de manera que compense la pérdida de poder adquisitivo en el país.
La entidad judicial también mencionó que el salario debería ser acorde a la inflación, "con el fin de resguardar a los trabajadores del impacto negativo que en sus ingresos laborales producen la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida", indicó la entidad.
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No obstante, debido a que no hay una ley que imponga este aumento a los trabajadores que ganan más del mínimo, la decisión queda únicamente en manos de la empresa para la que el empleado trabaje.