En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la congresista Jennifer Pedraza discutió la importancia de reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para mejorar la educación pública en Colombia. Explicó que estos dos artículos son fundamentales, ya que definen cómo crece el presupuesto de las universidades públicas y establecen los puntos salariales de los maestros.
De acuerdo con Pedraza, desde 1993, el crecimiento de los recursos de las universidades públicas se ha limitado exclusivamente alIPC , el indicador que mide la inflación, y “está amarrado”. Sin embargo, este indicador no refleja las necesidades específicas de las universidades, como la contratación de docentes, bases de datos e infraestructura. Es por eso que, dijo, “es necesario modificar” esta fórmula y reemplazar el IPC por el índice de costos de educación superior.
Por otro lado, contó que el artículo 86 de la Ley 30 no incluye a las instituciones técnicas y tecnológicas, lo cual es una omisión importante. Estas instituciones no reciben recursos del Gobierno nacional y dependen de las asambleas departamentales y los consejos para su financiamiento, detalló.
"El Gobierno nacional dijo: Bueno, así se van a pagar los salarios de los docentes, pero a la hora de meterse la mano al bolsillo para financiar esos gastos de nómina, pues nunca lo hicieron y, además, el tercer motivo por el que hay que modificar estos tres estos dos artículos es porque no incluyen a las instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias; no reciben, en su mayoría, recursos del Gobierno", aseveró.
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La congresista Pedraza plantea un proyecto que busca reemplazar el IPC por el índice de costos de educación superior y contemplar los puntos salariales de los maestros. Este proyecto no define una fuente específica de financiación, ya que requeriría una reforma tributaria o la iniciativa del ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno nacional se ha comprometido a apoyar este proyecto y se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda.
Es importante destacar que esta reforma no será instantánea, sino que se plantea un horizonte temporal de 10 a 15 años para saldar la deuda histórica con las universidades públicas. Señaló que la situación fiscal del país también se tiene en cuenta, por lo que el proyecto es flexible y se ajustará a las posibilidades fiscales.
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En cuanto al decreto 279, que regula los salarios de los docentes, la congresista Pedraza enfatizó la importancia de valorar y fortalecer la labor de los maestros con doctorados y postdoctorados, ya que son quienes enriquecen la academia y mejoran la calidad de la educación. En este sentido, se propone un diálogo con los profesores para crear un plan de formalización o ampliación de planta, que se base en concursos de méritos para vincular a los maestros a la planta de las universidades.
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