A menos que la Corte Constitucional diga lo contrario, en menos de 90 días entrará en vigencia el nuevo sistema pensional en Colombia , con Colpensiones como protagonista principal. La entidad estatal asumirá un rol central al convertirse en la cara visible del esquema ante cerca de 18 millones de afiliados.
Según lo aprobado, todos los colombianos que ganen menos de 3,4 millones de pesos mensuales y que no estén cobijados por el régimen de transición, deberán trasladar la totalidad de sus ahorros pensionales a Colpensiones. A partir de entonces, será esta entidad la encargada de tramitar todas las solicitudes y gestionar la relación directa con los usuarios.
Ajustes y retos para Colpensiones
El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, explicó que la entidad iniciará con una planta provisional de personal e irá construyendo una estructura estable a medida que se implemente la reforma.
La ley es un proceso. No todo tiene que estar listo el primero de julio. Entiendo la preocupación de la gente, pero en muchos casos se debe a desinformación, ignorancia o intereses políticos mezquinos. Esta reforma está proyectada hasta el año 2070, tenemos tiempo para ajustarnos
Uno de los principales retos es la modernización tecnológica y la mejora en atención al usuario. Dussán afirmó que Colpensiones está habilitada para usar “recursos futuros” y anunció la apertura de licitaciones públicas en las próximas semanas, enfocadas especialmente en software y herramientas necesarias para operar el nuevo sistema.
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“Presupuestalmente tenemos los recursos. No hablamos de millones de dólares, hablamos de nuestros pesitos colombianos, y los tenemos”, puntualizó.
Mientras tanto, las administradoras privadas han avanzado en sus propios procesos de adaptación. Porvenir, una de las cuatro AFP privadas, ya ha invertido cerca de 10 millones de dólares en adecuaciones para afrontar los cambios que traerá el nuevo modelo pensional.
Advertencias desde el Banco de la República y Asofondos
En el marco del congreso anual de Asofondos, tanto el Banco de la República como representantes de la industria privada advirtieron sobre la demora del Gobierno en reglamentar aspectos clave de la reforma. Señalan que persisten definiciones fundamentales pendientes, lo que genera incertidumbre jurídica y operativa.
A esto se suma que la Corte Constitucional aún no ha emitido un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la reforma. Según cifras del Ministerio del Trabajo, existen alrededor de 40 demandas en curso que cuestionan diversos aspectos del proyecto.
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