En diálogo con Mañanas Blu, el contralor delegado para el sector de Minas y Energía de Colombia, Germán Castro, alertó sobre el riesgo de racionamiento de energía eléctrica en varias zonas del país.
Según la Contraloría , la falta de recursos para la compra de energía ha llevado a un déficit de cerca de siete billones de pesos colombianos. Castro explicó que este problema afecta especialmente a las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía en la costa Caribe, en Nariño, en Chocó y en Puerto Carreño.
Estas empresas dependen de los subsidios del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSR), pero actualmente se les adeuda cerca de dos billones de pesos.
Además, se suma una deuda de cuatro billones de pesos por la denominada opción tarifaria, lo que hace un total de seis billones de pesos pendientes de pago a estas empresas.
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Por otro lado, los municipios y departamentos del país también tienen deudas por servicios públicos , incluyendo la energía, por un monto cercano a un billón de pesos. Ante esta situación, algunas empresas ya han comenzado a realizar limitaciones en el suministro de energía, lo que ha afectado a ciudades como Puerto Carreño.
La Contraloría ha denominado esta crisis como un "apagón financiero" y advierte que cerca de 10 millones de usuarios están en riesgo. Según el contralor delegado, los responsables de esta situación son los ministerios de Minas y Hacienda , quienes deben aprobar los subsidios y realizar los giros correspondientes.
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Asimismo, se está investigando la posible responsabilidad disciplinaria de los operadores de red en el incumplimiento de sus obligaciones con el mercado mayorista de energía.
La Contraloría ha hecho un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Superintendencia de Industria y Comercio y al Gobierno para que tomen medidas urgentes y solucionen esta situación antes de que se presenten apagones en las zonas afectadas.
El contralor delegado enfatizó que la principal preocupación debe ser el usuario final y el impacto económico que esto pueda tener. La Contraloría busca evitar un daño fiscal que afecte el presupuesto general del país.
Escuche aquí la entrevista:
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