Polémica resolución sobre tierra para alimentos, ¿qué pasará con floras, ganadería y turismo?

Una reciente resolución del Ministerio de Agricultura, firmada el 26 de diciembre, ha encendido el debate en Colombia, especialmente en el suroeste antioqueño. La medida, que busca establecer Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APA), ha generado incertidumbre y preocupación en diversos sectores económicos, incluyendo floricultores, ganaderos y empresarios del turismo. ¿Qué implicaciones reales tiene esta resolución? ¿Cómo afectará a las diferentes actividades económicas? A esta y otras preguntas respondió la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en Mañanas Blu.

El corazón del debate: las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APA)

La iniciativa del Gobierno, según la ministra Carvajalino, busca "garantizar áreas para la producción de alimentos y contribuir a la lucha contra el hambre". Sin embargo, la resolución ha sido objeto de fuertes críticas, llegando a ser calificada por algunos como una "expropiación agraria". Esta percepción ha generado reacciones tanto en el Congreso como en la opinión pública, intensificando la controversia.

La resolución abarca inicialmente 250,000 hectáreas en 23 municipios del suroeste antioqueño. Pero la ambición del gobierno va más allá, con planes de extender las APA a otras regiones del país, incluyendo la Sabana de Bogotá, La Guajira, Tolima, Cauca, Putumayo, Llanos Orientales, Córdoba y Santander.

La ministra Carvajalino aclaró que, si bien la firma se realizó el 26 de diciembre, la resolución se publicó para comentarios el 4 de noviembre, recibiendo y respondiendo a 51 comentarios: "Es una resolución que en efecto se firmó el 26 de diciembre, pero la resolución fue publicada para comentarios el 4 de noviembre. Nosotros recibimos cerca de 51 comentarios, fueron respondidos".

¿Restricciones a la ganadería, la minería y el turismo?

Una de las mayores preocupaciones se centra en las posibles restricciones que la resolución podría imponer a otras actividades económicas en las áreas designadas como APA. En el suroeste antioqueño, la ganadería, la minería y el turismo representan un porcentaje significativo de la economía regional (39.3%).

Sobre la ganadería, la ministra fue enfática: "No, todo lo contrario. Esto protege la actividad ganadera, la actividad de producción de alimentos se derivan de todas las actividades agrícolas que, como lo definimos en el año 93 en la ley 101, son todas las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales".

AFP

Sin embargo, la ambigüedad en la redacción de la resolución ha dado pie a diversas interpretaciones. En cuanto a la minería, la ministra aclaró que no es competencia del Ministerio de Agricultura regular esta actividad: "¿Quién puede realmente generar una exclusión de la actividad minera? Es el sector ambiente, a partir de las determinantes ambientales".

El caso particular de la floricultura en la Sabana de Bogotá

La posible implementación de APA en la Sabana de Bogotá ha generado especial inquietud en el sector floricultor, una actividad que genera miles de empleos y representa un importante renglón de exportación para Colombia.

La ministra aseguró que se están llevando a cabo mesas de trabajo con los floricultores para encontrar soluciones que no afecten su producción.

"Hemos venido hablando con los floricultores, estamos en mesas técnicas ya casi por un año y yo creo que la sabana de Bogotá va a ser el mejor ejemplo de cómo construir estas áreas de especial producción para la producción". Ante la pregunta directa sobre si se acabarían los cultivos de rosas, respondió: "No, y por eso hemos venido trabajando con estos".

Foto: Gobernación de Cundinamarca

Argumentos del Ministerio: Protección del suelo y seguridad alimentaria

La ministra Carvajalino defendió la resolución argumentando la necesidad de proteger el suelo rural agropecuario, un recurso limitado y fundamental para la producción de alimentos. "Nosotros tenemos una protección del suelo rural agropecuario desde el año 74 en el Código de Recursos Naturales. Este es un recurso que debe protegerse".

Además, explicó el concepto de "determinantes del ordenamiento": "Los determinantes son esas normas del ordenamiento que están establecidas en el artículo 10 de la ley 388, nuestra ley orgánica de Ordenamiento Territorial, que deben todos los usuarios del sistema, en particular aquellos que son los que están facultados constitucionalmente para ordenar del suelo".

La ministra insistió en que no se busca imponer qué sembrar: "Nosotros no vamos a decir qué sembrar y qué no sembrar en las áreas de especial protección para la producción de alimentos".

Lo que se busca, según sus palabras, es "identificar dónde se está produciendo toda la actividad agrícola, toda la actividad pecuaria… para poder decir vamos a proteger esas zonas".

Puntos que generan dudas y requieren mayor claridad

A pesar de las explicaciones de la ministra, persisten algunas dudas:

• Criterios de selección de las zonas: si bien se mencionó la importancia de las condiciones agrológicas, no se detalló el proceso específico para seleccionar las 250,000 hectáreas en Antioquia, ni las de las otras regiones.
• Consecuencias para quienes no cumplan la resolución: no se especificaron las posibles sanciones o consecuencias para los propietarios que no deseen dedicar sus tierras a la producción de alimentos.
• Base legal para priorizar la producción de alimentos sobre otras actividades: si bien se citaron leyes anteriores, no se profundizó en la justificación legal específica para priorizar la producción de alimentos sobre otras actividades económicas en suelos de alta vocación agrícola.