El hundimiento de la reforma laboral
del Gobierno de Gustavo Petro generó un fuerte enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso. Mientras el presidente encabezaba una manifestación en la Plaza de Bolívar
en respaldo a una consulta popular, en el Capitolio, la Comisión Séptima del Senado rechazaba la propuesta gubernamental. El senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, explicó en entrevista con Blu Radio las razones detrás de la decisión legislativa, asegurando que el proyecto era inconstitucional y una estrategia política del gobierno.
El senador Pinto enfatizó que la decisión de archivar la reforma laboral fue en cumplimiento de su responsabilidad como congresista.
“Nosotros estamos tranquilos, cumplimos con nuestro mandato, lo que juramos cuando nos posesionamos, que era defender la Constitución y las leyes”, afirmó. Pinto denunció presiones desde el Ejecutivo y señaló que los congresistas fueron objeto de amenazas y ataques desde medios oficiales y redes sociales afines al Gobierno.
Según el legislador, la movilización convocada por el presidente tenía el propósito de intimidar al Congreso: “Anunciamos el debate para el día de ayer e inmediatamente lo que responden es con una movilización en la Plaza de Bolívar para presionar y amedrentarnos”, declaró. Sin embargo, destacó que el Congreso logró sesionar con garantías y sin ceder a las presiones externas.
Inconstitucionalidad del proyecto, según Pinto
Una de las principales razones expuestas por Pinto para rechazar la reforma fue su supuesta inconstitucionalidad. Según el congresista, el Gobierno intentó modificar principios constitucionales a través de una ley ordinaria, lo cual no es procedente.
Mediante una ley ordinaria estábamos modificando la Constitución Política de Colombia. Eso sólo se puede hacer mediante un acto legislativo
explicó Miguel Ángel Pinto.
El senador reveló que, ante la evidente inconstitucionalidad del proyecto, algunos congresistas del Pacto Histórico
propusieron aprobar la reforma para que posteriormente fuera tumbada por la Corte Constitucional. “Llegaron al exabrupto de decirnos que aprobáramos para que la Corte la hundiera, es decir, que renunciáramos a la facultad congresional”, criticó.
El trasfondo político: ¿una bandera electoral del Gobierno?
Para Miguel Ángel Pinto, el Gobierno sabía que la reforma no prosperaría y la presentó de manera intencional como una estrategia política.
“El Gobierno presentó mal un proyecto para que pasara lo que pasó y tenerlo como bandera rumbo a la consulta popular
”, aseguró. Según él, el Gobierno perdió el respaldo ciudadano en temas como salud y educación, por lo que ahora busca movilizar a los trabajadores en su favor.
“El único argumento que les quedó es acudir a los trabajadores a decir que fue el Congreso el que les negó sus derechos y no el Gobierno”, añadió. Pinto también señaló que otras iniciativas legislativas relacionadas con la mejora de condiciones laborales fueron hundidas por el propio gobierno cuando no formaban parte de su reforma.
¿Se necesita una reforma laboral?
Pese al rechazo a la propuesta del Gobierno, el senador reconoció la necesidad de actualizar la legislación laboral. “Si el Gobierno quisiera y hubiera voluntad política, es un tema de concertar los puntos exclusivos que tienen que ver con el derecho individual de los trabajadores”, afirmó.
Pinto explicó que una reforma laboral enfocada en temas como la reducción de la jornada laboral o el incremento en los recargos nocturnos podría tramitarse de manera rápida si existiera un consenso entre el Gobierno, los trabajadores y los empresarios. Sin embargo, acusó al Ejecutivo de preferir el conflicto político en lugar de buscar soluciones viables.
“La mayoría de los congresistas estamos de acuerdo en ese punto, pero no era por esta ley mal elaborada, inconstitucional y que se iba a caer”, concluyó.
El debate sobre la reforma laboral no ha terminado, y con la consulta popular en el horizonte, el Gobierno buscará mantener el tema en el centro de la agenda política. Mientras tanto, el Congreso insiste en que cualquier cambio debe realizarse dentro del marco constitucional.