La suplantación de identidad es una problemática que afecta a cientos de colombianos cada año. En muchos casos, estos delitos no solo involucran el robo de información personal, sino también el uso indebido de tarjetas de crédito y cédulas de ciudadanía para sacar créditos y obligaciones financieras a nombre de la víctima. Con el objetivo de ofrecer soluciones efectivas, el proyecto para proteger a las personas afectadas por estos casos y sus reportes negativos en las centrales de riesgo ya se encuentra en la etapa de sanción presidencial.
¿En qué consiste el proyecto?
Este proyecto, del representante Duvalier Sánchez, introduce medidas clave para brindar herramientas a las víctimas, estableciendo un protocolo claro que debe seguirse una vez se detecte una suplantación. Según lo establecido, cuando una persona es víctima de este delito, debe notificar a la entidad financiera, crediticia o al operador telefónico sobre la situación para evitar responsabilidades indebidas en pagos u obligaciones financieras. De igual forma, el operador tiene la obligación de informar a la víctima que cuenta con un plazo de 20 días hábiles para interponer la denuncia formal ante la Fiscalía.
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Además, el proyecto reconoce que, en caso de que la víctima proporcione pruebas suficientes que demuestren la existencia de la suplantación, estas serán aceptadas como prueba para eximirla de cualquier pago y reportes negativos en las centrales de riesgo. Esto representa un avance significativo, ya que permite evitar que las personas afectadas vean su historial crediticio dañado por acciones de terceros que escapan de su control.
Los riesgos de la suplantación
El representante añade que la suplantación afecta no solo la economía de las víctimas, sino también su reputación financiera, dificultando el acceso a créditos y servicios esenciales en el futuro. Con esta iniciativa, las entidades buscan mejorar la respuesta institucional y agilizar los procedimientos legales para brindar una solución oportuna.