El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, ha lanzado serias advertencias sobre la reforma constitucional que busca aumentar las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) del 24 % al 39.5 %. En entrevista con Sala de Prensa de Blu Radio, Mejía destacó los riesgos fiscales y el impacto que esta medida podría tener en la sostenibilidad económica del país, calificándola como un proyecto "desbalanceado" y con una alta carga política.
“El Sistema General de Participaciones, que representa el 24 % de los ingresos de la Nación, financia principalmente educación, salud y agua potable en las regiones”, explicó Mejía. Sin embargo, el aumento propuesto generaría un gasto adicional de 34 billones de pesos anuales, una cifra que supera el 75 % del presupuesto de inversión del próximo año. Según Fedesarrollo, “esto generaría un incremento preocupante en el déficit fiscal, la deuda pública y un posible incumplimiento de la regla fiscal”.
El problema central radica en que el Gobierno no ha presentado un plan claro sobre cómo financiar este aumento de recursos. “El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha defendido la reforma argumentando que no habría impacto fiscal porque parte de los gastos del Gobierno nacional serían asumidos por las entidades territoriales. Pero nuestros cálculos indican que solo entre 10 y 12 billones podrían trasladarse. El resto tendría que financiarse con endeudamiento, lo cual es insostenible”, afirmó Mejía.
Fedesarrollo propone un aumento más moderado, del 24 % al 30 %, lo que representaría alrededor del 1 % del PIB, es decir, 15 billones de pesos. Este ajuste permitiría apoyar a las regiones sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país. Mejía también señaló que no todas las regiones tienen la capacidad de gestionar estos recursos de manera eficiente: “Mientras ciudades como Bogotá y Medellín pueden hacerlo, no es el caso de todas las entidades territoriales, que enfrentan graves limitaciones institucionales”.
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A pesar de las críticas, el proyecto cuenta con gran apoyo político, en gran medida debido a su atractivo para gobernadores y alcaldes. Mejía calificó esta dinámica como “una golosina política en un año preelectoral”. Sin embargo, advirtió que el impacto económico podría traducirse en un aumento del costo del endeudamiento para el Gobierno y para los ciudadanos.
“Estamos viendo ya señales de alerta: tasas de interés más altas y una depreciación acelerada del peso. Esto refleja la percepción de riesgo en los mercados frente a la capacidad del Gobierno de financiar estos compromisos”, enfatizó.
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Aunque algunos economistas han planteado que el proyecto podría ser rechazado por la Corte Constitucional debido a su impacto fiscal, Mejía se mostró escéptico: “Es difícil que se caiga porque se trata de una reforma constitucional. Lo que queda es ajustar la propuesta en el último debate para minimizar los riesgos”.
La discusión continúa en un entorno político polarizado. Mejía hizo un llamado a la responsabilidad: “No podemos comprometer nuestra sostenibilidad fiscal a largo plazo por decisiones apresuradas. Colombia necesita pensar en el futuro con seriedad y evitar crisis profundas como las que han enfrentado otros países de América Latina”.
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