Este viernes es el plazo que se ha puesto el Gobierno nacional para anunciar un paquete de soluciones al problema de la disparada de los costos de la energía eléctrica en Colombia.
Según el Ministerio de Minas, el costo por kilovatio podría llegar a los mil pesos a final de año si no se hace algo para evitarlo y si no se cambia el indicador con el que se actualizan los contratos.
Y es que no es un asunto menor: mientras el indicador de precios a los consumidores ha subido un 10.84 %, el indicador de precios a los productores aumentó este año más de un 30 %. La diferencia entre ambas cosas está llegando a las facturas de millones de hogares en el país, ya que la referencia está en el IPP y no en el IPC.
“Les decíamos en ese momento. No nos interesa que difieran la contratación ya hecha, nos interesa que haya una modificación que impida este efecto inflacionario”, dijo Irene Vélez, ministra de Minas, haciendo una referencia a sus primeras reuniones con las empresas del sector.
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Según Vélez, en el corto plazo, el cambio de los indicadores en los contratos que ya se firmaron depende de la ‘buena voluntad’ de esas empresas, ya que son contratos que se rigen por el derecho privado, por eso es que se está hablando de un ‘Pacto’ por la justicia tarifaria.
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Vélez se reunió el pasado sábado con la Creg y se volverá a reunir con esa entidad esta semana, porque desde esa entidad es que se van a tomar decisiones. Por ejemplo, el Gobierno tendría que modificar algunas resoluciones de la Creg para evitar que el ‘esfuerzo’ de los generadores de energía se quede atrapado en otros agentes de la cadena (como los comercializadores).
A mediano plazo, la idea es abandonar el IPP por un indicador especializado para el sector eléctrico a futuro.
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