La Contraloría General de la República de Colombia, encabezada por Carlos Hernán Rodríguez, ha encendido las alarmas sobre la situación fiscal del país, advirtiendo que la persistencia de un bajo recaudo tributario puede afectar la calificación crediticia de la nación .
Esta preocupación se basa en la creciente deuda pública y la dificultad para cumplir con la regla fiscal, que obliga al Gobierno a equilibrar los ingresos y gastos del Estado.
En una intervención reciente ante la Comisión Legal de Cuentas, el contralor destacó que el bajo recaudo tributario es uno de los principales factores que comprometen la financiación del gasto público y ponen en riesgo la estabilidad económica.
Según Rodríguez Becerra, el bajo cumplimiento de las metas de ingresos no solo afecta el funcionamiento del Estado, sino que también refleja la necesidad urgente de reformas estructurales al sistema tributario.
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El déficit en el recaudo tributario ha sido una constante fuente de preocupación para la Contraloría. En 2024, aunque la meta de recaudo se ajustó a $287,4 billones, solo se alcanzó el 85,4% de esa cifra, lo que implica una caída del 11% respecto al año anterior. Este déficit ha obligado al Gobierno a recurrir a endeudamiento para cubrir el faltante, lo que ha incrementado la deuda del Gobierno Nacional Central en 4,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2023 y 2024. Este aumento plantea un riesgo considerable para la sostenibilidad fiscal del país, con implicaciones graves para las futuras generaciones.
La deuda pública, que alcanzó el 57% del PIB en 2024, podría seguir creciendo si no se toman medidas para mejorar el recaudo y la eficiencia en la gestión del gasto. Rodríguez Becerra alertó sobre la posibilidad de que, si no se corrige esta tendencia, Colombia podría enfrentar una vulneración de la regla fiscal, lo que podría afectar negativamente el crecimiento económico y la estabilidad de las finanzas públicas.
El contralor también subrayó la importancia de implementar un plan de recuperación económica que no solo impulse el recaudo tributario, sino que también mejore la eficiencia en el gasto público.
La recuperación económica se proyecta de manera gradual, con un crecimiento del 1,7% en 2024 y un estimado del 2,5% para 2025. Esta leve reactivación debería traducirse en un aumento de los ingresos fiscales en los próximos años, pero solo si se adoptan medidas adecuadas para combatir la evasión y la elusión fiscal, dos de los principales obstáculos para el fortalecimiento del sistema tributario.
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Asimismo, Rodríguez Becerra enfatizó que no se pueden recortar sectores clave para el crecimiento económico, como la inversión pública. En 2024, la inversión disminuyó un 0,6% respecto al PIB, y en 2025, debido al ajuste del gasto primario, podría caer aún más. Este recorte afectaría gravemente sectores como el transporte, la agricultura y otros esenciales para el desarrollo del país.
Otra área crítica que la Contraloría ha destacado son las reservas presupuestales. En 2024, las reservas alcanzaron los $61,7 billones, una cifra alarmante que refleja la dificultad del Gobierno para ejecutar los recursos asignados a sectores estratégicos. Rodríguez Becerra alertó sobre el impacto negativo de estas acumulaciones de recursos no ejecutados, que generan presión sobre las finanzas del Estado y limitan la disponibilidad de nuevos recursos para el desarrollo de proyectos esenciales.
Por otro lado, el uso de fiducias públicas como mecanismo de ejecución presupuestal también ha sido un tema de preocupación. Si bien estas estructuras son legales y válidas para la administración de recursos, la Contraloría ha observado que a menudo se utilizan para evadir los principios de ejecución presupuestal, como la anualidad, lo que puede derivar en problemas de transparencia y control.
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