La Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir y se encuentra prófugo de la justicia desde agosto del año pasado, pero por falta de pruebas un juez de garantías de Bogotá no dictó medida de aseguramiento en su contra.
En su momento, el director de la Unidad nacional de Protección, Andrés Villamizar , dijo en en BLU Radio que la red de corrupción que operaba al interior de la entidad cobraba hasta 10 millones de pesos por cada factura pagada y explicó detalladamente cómo funcionaban los cobros.
“Una cosa es la plata que la entidad pierde por sobre costos y otra es la que los corruptos se embolsillan. Presuntamente cobraban el cinco por ciento de la facturación y adicionalmente presuntamente estaban cobrando hasta 10 millones de pesos por cada factura pagada”, dijo el funcionario (Escuche también: Así funcionaba red de corrupción en la Unidad Nacional de Protección
).
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Explicó que se trata de contratos cuantiosos que “sumados sobrepasan los 250 mil millones al año”.
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“Hemos detectado por lo menos dos o tres modalidades de corrupción: una que el señor Marulanda, junto con el señor Molino exigían pago de un soborno para pagar las facturas. Como las facturación mensual es tan alta, retener facturas y no pagarlas genera un detrimento grande para las empresas y le exigían a las compañías una plata para pagarlas”, dijo al aclarar que son facturas de los servicios de protección.
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Agregó que los involucrados en la red sabían que si la Unidad de Protección no pagaba oportunamente a las empresas, estas tenían que tomar un préstamo bancario para cubrir la nómina y pagar los intereses.
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