Sin embargo, el alto tribunal negó la suspensión provisional tras considerar que una solicitud para corregir el sexo del estado civil es únicamente un trámite que no afecta ningún derecho.
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En la demanda, la Procuraduría argumentaba que debían animarse el decreto por lo que el Ministerio de Justicia y el del Interior, se habrían extralimitado en sus funciones eliminando las pruebas medico científicas que debían realizarse a aquellos que busquen un cambio de sexo en la cédula de ciudadanía.
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