Hasta 30 millones de pesos deberán pagar futbolistas o técnicos que comenten esta falta

El código disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) establece normas claras que, entre otras cosas, buscan evitar conductas antideportivas o castigarlas con tal severidad para que no sean repetitivas en un partido o en el entorno del fútbol.

Uno de los artículos del código habla de las actividades públicas o privadas que son consideradas “incompatibles” con las actividades deportivas o función de un club, uno de sus jugadores o miembros y por la que podrían llevarse un duro castigo económico.

En términos sencillos, es cuando alguno miembro del equipo viola las funciones por las que fue contratado, es decir, sus labores netamente laborales y deportivas al caer en actos no autorizadas o ilegales.

Por esto, según recalcan, los responsables podrían pagar una multa de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

Esto equivale a alrededor de 30 millones de pesos en total; además de la multa, podría ser sancionado hasta por un periodo de un año.

En caso de reincidencia, los responsables serán destituidos.

“Toda aquella persona vinculada al fútbol cualquiera sea su título, la naturaleza de su función, en especial los directivos y entrenadores que ejerzan actividades públicas o privadas que sean incompatibles con la actividad o función deportiva desempeñada será sancionado con suspensión de toda actividad deportiva y administrativa relacionada por un periodo de dos (2) meses a un (1) año y multa de diez (10) a treinta (30) smmlv”, precisa el código.

Otras sanciones

El código disciplinario de la FCF también establece un artículo sobre el uso indebido de bienes.

En concreto, se refiere a cualquiera que “haga uso indebido y sin autorización de los fondos privados del organismo, auxilios o aportes de fondos públicos”.

De hacerlo, la persona será sancionada con suspensión de toda actividad deportiva y administrativa relacionada por un periodo de dos a tres años y con una multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, también.