El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Trabajo (DOL), anunció que planea asignar 64.716 visas H-2B adicionales para el año fiscal (AF) 2025.
Esta cifra se suma a las 66.000 visas anuales asignadas por el Congreso y están destinadas a trabajadores temporales no agrícolas. Este número representa el máximo permitido bajo la autoridad otorgada por el Congreso y es similar a la cantidad ofrecida en 2024.
La regulación propuesta incluye una asignación específica de 20.000 visas para trabajadores de:
- Guatemala
- El Salvador
- Honduras
- Haití
- Colombia
- Ecuador
- Costa Rica
Adicionalmente, se reservarán 44.716 visas para trabajadores que hayan participado en el programa H-2B en los últimos tres años fiscales. Estas visas suplementarias estarán distribuidas entre la primera y segunda mitad del año fiscal para cubrir la demanda en temporadas altas, como el verano.
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El programa H-2B permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para trabajos temporales no agrícolas en sectores como hotelería, turismo, paisajismo y procesamiento de mariscos, entre otros.
Según el DHS, esta medida busca cubrir necesidades laborales donde hay escasez de trabajadores estadounidenses calificados y disuadir la migración irregular.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, señaló que el DHS está "comprometido a seguir haciendo crecer la sólida economía de la nación" y que el programa de visas H-2B ayuda a satisfacer las demandas laborales de las empresas, mientras mantiene los precios para los consumidores y protege los derechos de los trabajadores.
Para participar en el programa, los empleadores deben demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles para cubrir los puestos y garantizar que las condiciones laborales de los trabajadores locales no se vean afectadas. Los postulantes deben estar atentos de la página Uscis para cuando publiquen todos los detalles.
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El período máximo de estadía bajo esta clasificación es de tres años, después del cual los beneficiarios deben salir de Estados Unidos por al menos tres meses antes de solicitar una nueva admisión.
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