A finales de 2018, se dio en el Concejo de Bogotá la aprobación del acuerdo que le daba “luz verde” al cobro de valorización a los dueños de predios. El objetivo era la ejecución de 16 obras en varias zonas de la ciudad por un valor de 900.000 millones de pesos.
La concejal y hoy candidata a la Alcaldía Ángela Garzón, del Centro Democrático, demandó el acuerdo y solicitó suspenderlo de forma provisional.
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La Procuraduría, tras estudiar la demanda, le pidió a la justicia que se decrete la medida cautelar o suspensión, porque a juicio del Ministerio Público, ese acuerdo aprobado por el Concejo, viola el principio de equidad tributaria.
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Algunos de los argumentos es que el cobro no es justo ni equitativo toda vez que tiene como base el avalúo catastral sin necesariamente tener claras las características propias del predio.
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La Procuraduría advierte, en el documento conocido por BLU Radio, que el plazo de 2 años para la ejecución de las obras "desdibuja aún más la certeza y cumplimiento de un beneficio real para los propietarios o poseedores de los bienes inmuebles".
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