La investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en las cuentas presentadas ante el Fondo de Financiación Política, por el comité que promueve la revocatoria del alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, tiene un nuevo capítulo a raíz de los aportes económicos que hizo el Polo Democrático a la iniciativa.
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Blu Radio conoció que la autoridad electoral tiene en su poder varios soportes que evidenciarían que, tanto los $3.000.000 reportados en Cuentas Claras como aporte a la revocatoria, así como $1.600.000 de donación en fotocopias, habrían salido de los gastos de funcionamiento y no de recursos privados, como establece la ley.
Y es que la Ley 1475 de 2011, que fija las reglas para el funcionamiento de estas organizaciones, señala en su artículo 18 que la financiación que reciben los movimientos o partidos políticos por parte del Estado deben destinarse a “las actividades que realicen para el cumplimiento de sus fines y el logro de sus propósitos”, dentro de las cuales no estaría permitido aportar a campañas.
Según la Resolución 1424 de 2017 del CNE, al Polo le fueron entregados $1.535 millones por concepto de recursos del Estado, destinados a financiar su funcionamiento en la vigencia 2017.
La investigación que adelanta el despacho del magistrado Emiliano Rivera da cuenta de una compra por $1.606.100 por concepto de fotocopias en favor del proceso de revocatoria Unidos revocamos el mandato del alcalde mayor de Bogotá’, lo cual no sería un gasto inherente al funcionamiento del partido y no habría sido reportada por el comité promotor por concepto de donación, como corresponde.
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Adicionalmente, sobre el aporte de tres millones de pesos, el CNE tiene información conforme a la cual éste habría salido de un crédito adquirido con una entidad financiera que posteriormente fue pagado con los recursos que giró el Estado al partido.
Todo esto hace parte de un proceso de investigación que podría terminar, por ejemplo, en la imposición de una multa por el uso indebido de ese dinero. Pero aún más grave, de comprobarse de forma definitiva esta presunta irregularidad, esto podría significar el entierro definitivo de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa, pues imposibilitaría la expedición de una certificación de las cuentas, requisito obligatorio para convocar a las urnas a los ciudadanos.
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Sin embargo, fuentes señalan que estos hechos que han sido descubiertos en las últimas semanas implicarían que se deba abrir un nuevo proceso, que quedaría en manos de otro despacho.
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