La Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que el alcalde Enrique Peñalosa desconoció las normas sobre el régimen de carrera administrativa al declarar insubsistente en el año 1998 a la subsecretaria de Hacienda Clara Esperanza Salazar. Producto de la demanda contra esa resolución, la Alcaldía Mayor de Bogotá tuvo que pagar una multa a la exfuncionaria, quien demás debió ser reintegrada en el año 2000.
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La administración, por su parte, realizó una acción de repetición y el Consejo de Estado encontró probados los argumentos contemplados en la ley que advertían la responsabilidad de Peñalosa en esta actuación administrativa.
Para el Consejo de Estado “se incurrió en franca violación por cuando al ser la actora una empleada inscrita en carrera administrativa legalmente no podía ser retirada del servicio mediante el ejercicio de la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción declarando insubsistente su nombramiento del cargo que desempeñaba”.
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Dentro de la demanda también se había advertido la responsabilidad del entonces secretario de Gobierno Distrital, Carlos Alberto Sandoval. Sin embargo, el Consejo de Estado lo absolvió al considerar que este funcionario cumplía con órdenes de su superior, en este caso, Enrique Peñalosa.
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“Condénase al señor Enrique Peñalosa Londoño a pagar a favor del Distrito Capital de Bogotá la suma de quinientos noventa y cinco millones trescientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y ocho pesos con ochenta y dos centavos ($ 595.357.778,82)”, señala el fallo.
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