Rodolfo Hernández pidió revisión al Consejo de Estado por sanción que lo inhabilita por tres años

El exalcalde de Bucaramanga y ahora candidato a la Gobernación de Santander, Rodolfo Hernández Suárez , interpuso un recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado contra la tercera sanción de la Procuraduría que, según la ley, lo inhabilita por tres años.

“Este recurso lo interpone el ingeniero Hernández contra el fallo de la Procuraduría General de la Nación que lo sancionó con suspensión de cuatro meses por el caso con Fernando Martínez. La importancia de esta sanción radica en que con ella se completaron tres sanciones en los últimos cinco años y por eso queda automáticamente inhabilitado por los próximos tres años para desempeñar cargos públicos”, indicó el abogado penalista, Daniel Caicedo.

El experto en Derecho Penal también explicó que el recurso no es procedente por no estar en el ejercicio de las funciones del cargo de alcalde municipal.

“Este recurso no está acorde a lo definido por la sentencia 030 de la Corte Constitucional que determinó que este recurso extraordinario de revisión solo procede contra las sanciones de los funcionarios de elección popular que se encuentren en ejercicio del cargo. En este caso, como Rodolfo Hernández no se encuentra en ejercicio del cargo no es procedente este recurso extraordinario de revisión ya que tendría que recurrir a la jurisdicción contenciosa en un medio de control de nulidad y de restablecimiento del derecho”, agregó el abogado penalista, Daniel Caicedo.

“Lavaperros”: así fue la sanción contra Rodolfo Hernández

La Procuraduría ratificó la sanción contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández por tratar mal a un veedor ciudadano en medio de una actividad pública realizada en el parque Solón Wilches, en Bucaramanga, Santander.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2018, cuando el entonces alcalde de Bucaramanga llamó “lavaperros” al veedor Fernando Martínez Arenas, quien le reclamó por la poda de árboles y otras intervenciones en el espacio público.

“El funcionario tenía el deber de tratar con respeto a la ciudadanía, pues es un requisito que resulta especialmente exigible a los servidores públicos y cualquier persona puede dirigirse a la autoridad para pedir, controlar y controvertir las decisiones por ellos adoptadas, y estas tienen el deber de resolver con respeto esas peticiones”, explicó la Procuraduría.

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