Un derecho de petición interpuesto por Cristian Danilo Avendaño, representante a la Cámara por Santander , solicitando información respecto al “estado de avance del cumplimiento del proyecto aprobado en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del actual Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023) concerniente a la construcción del Plan de Descontaminación de las cuencas hidrográficas que abastecen el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga”, deja en evidencia que nadie se quiere hacer cargo de este tema.
Una de las principales preocupaciones es la grave contaminación del río Suratá producto de la minería ilegal y cuyo problema ha sido confirmado por el propio Acueducto Metropolitano.
La queja se basa en un documento enviado por Alicia Andrea Baquero, jefa de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente , a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb), instando a la Cdmb a atender el derecho de petición interpuesto por el representante Cristian Avendaño.
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La preocupación se centra en que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Cdmb se han declarado no competentes para abordar y solucionar este problema que afecta el suministro de agua a más de 2 millones de personas en la capital de Santander.
Diferentes sectores ambientalistas han calificado las acciones del Ministerio de Ambiente y la Cdmb como "delicadas" debido a que el plan de descontaminación del río Suratá es esencial para prevenir la futura contaminación del afluente con sustancias químicas peligrosas como el mercurio, lo cual pone en riesgo la vida y la salud de muchas personas.
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#Gravisimo: Ni @MinAmbienteCo ni @CARCDMB se quieren encargar del plan de descontaminación del Río Suratá, afectado por explotación minera en Santurbán. Las dos entidades se declaran incompetentes.
— Cristian Avendaño (@crisavendanof) October 4, 2023
Nos tocó acudir al juez para hacerlos responder 😡 pic.twitter.com/JufsljBKvy
Lo que llama la atención es que este proyecto fue aprobado como parte del Plan Nacional de Desarrollo de 2023, pero ni el Ministerio, ni la Cdmb han hecho valer sus competencias.
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El representante Avendaño tomó medidas adicionales para abordar esta situación y presentó una acción de tutela que fue admitida por un tribunal, buscando que un fallo determine la competencia de las entidades responsables de resolver el problema de contaminación del río Suratá.
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